Después de cuatro meses de juicio y casi dos años de prisión provisional, el juicio a los presos políticos catalanes ha quedado visto para sentencia, que se espera para setiembre u octubre. La Fiscalía y la Abogacía del Estado, que no han dudado en reclamarse del “a por ellos” del discurso del Rey, han mantenido invariables las acusaciones y las brutales peticiones de cárcel, mostrando la farsa del juicio y la parodia de la independencia judicial.

La sentencia busca ser un escarmiento ejemplar del régimen monárquico contra los 2,3 millones de catalanes que desafiaron sus prohibiciones y su salvaje represión para votar en el referéndum del 1-O. Al mismo tiempo es una advertencia al 80% de catalanes favorables al derecho a decidir, para que tengan claro qué es lo que pueden esperar de la monarquía española y el aparato judicial cuando pretendan ejercer ese derecho.

Necesitamos una respuesta masiva ante este ataque del régimen monárquico contra los derechos democráticos más elementales. ¡¡¡Lo llaman democracia y no lo es!!!

Corriente Roja somos firmemente defensores de la libertad inmediata de los presos políticos y el retorno de los exiliados. Nadie que se reclame de la democracia puede estar en contra de esta exigencia elemental, ¡poner urnas para votar y decidir no puede ser delito!

Nuestro compromiso es luchar para que, en esta respuesta, el sector más consciente de la clase trabajadora catalana juegue un papel independiente, para que su voz y demandas propias no queden diluidas bajo la dirección independentista burguesa oficial (ERC y JxCat). Vamos a pelear para que la reivindicación fundamental de la libertad de los presos políticos catalanes y del derecho a decidir, se acompañe de la exigencia del fin de la represión a todos los que luchan por los derechos democráticos, sindicales y sociales (incluidas las personas reprimidas por los Mossos d’Esquadra) y para que la respuesta no quede reducida a una acción simbólica preelectoral de ERC y JxCat en su pugna por la hegemonía del movimiento independentista.

Tenemos una oportunidad, en este sentido, a través de la Plataforma 3 de Octubre, que integra a las fuerzas sociales, políticas y sindicales que defienden las libertades democráticas y el fin de la represión. Es necesario que las fuerzas que convocaron la huelga general del 3 de octubre del 2017, en particular los sindicatos CGT, IAC y Co.bas, acuerden organizar una jornada de lucha contra la sentencia, con asambleas y paros parciales en los centros de trabajo y de estudio. No estamos hablando de una huelga general -que significa un paro masivo y generalizado de la producción y de la vida de un país- para la que no hay actualmente condiciones, pero sí de acciones parciales que permitan a la clase trabajadora comenzar a asumir un papel activo e independiente, desde las movilizaciones, en el actual conflicto.

La respuesta a la infame sentencia y contra el régimen monárquico debe incluir la solidaridad activa de los sectores más conscientes de la clase trabajadora y la juventud del resto de pueblos del Estado Español, algo que va en su propio interés y que les obliga a desmarcarse y confrontar con el PSOE, que se alineó con el rey, fue un socio clave del 155 y ahora respalda y da legitimidad al Tribunal Supremo en nombre de una supuesta «división de poderes» que es una auténtica burla.

El problema catalán va a proseguir, por mucho que el régimen y sus socios busquen neutralizarlo y por mucho que ERC y JxCat busquen la conciliación con el régimen tras la sentencia. Hay que trabajar para construir un nuevo levantamiento popular como el del 1 y 3 de octubre de 2017, esta vez más profundo, más obrero y popular, autodefendido, autoorganizado, controlado por la base y coordinado con la respuesta estatal. Ese es nuestro empeño.