El pasado 21 de diciembre se presentaron al Congreso las 500.000 firmas exigidas para que se discuta la ILP (Iniciativa Legislativa Popular) en el Parlamento, que regularice la situación de medio millón de personas inmigrantes que viven en el Estado español. Luego de más de un año de grandes esfuerzos, la campaña “Esenciales” que reúne alrededor de 800 organizaciones, ha superado la cifra exigida obteniendo más de 700.000 firmas. Convirtiéndose en una de las Iniciativas Populares con más apoyo de la historia.
Desde Corriente Roja felicitamos y celebramos esta gran victoria que se debe, nada más y nada menos, que a la fuerza de las personas y colectivos organizados luchando por sus derechos, haciéndolo posible con cada firma, con cada movilización, con cada difusión que se le daba a la campaña y que, desde nuestro partido, con nuestras humildes fuerzas, pudimos participar.
Ahora le toca al Parlamento…
Más de 700.000 nacionalizados “españoles” ya pusieron su firma reconociendo la injusta Ley de Extranjería. Esto pone de manifiesto su desacuerdo con la actual Ley y exige al gobierno que regularice a este medio millón de personas que vive en condiciones de pobreza extrema, sin acceso a una vivienda, a servicios de salud o a un contrato de trabajo. Esta falta de regularización, las deja desprotegidas y expuestas a todo tipo de explotación. Se estima que en situación irregular unas 125.000 son niñas y niños y un 60 % son mujeres. Ahora el Parlamento tiene seis meses para discutirlo, si aprueba la regularización o no y si la aprueba, en qué condiciones lo hará.
Recordemos quiénes son los encargados de discutir esta Iniciativa Popular:
El gobierno del PSOE, con Pedro Sánchez a la cabeza, quién hace unos meses, con el objetivo de frenar a toda costa el alto flujo migratorio que llegaba a Canarias, pactó el giro del Sahara Occidental a favor de Marruecos, negando toda posibilidad de autodeterminación del pueblo Saharaui. No es de sorprender que su alianza y gran amistad con el gobierno de Marruecos le viene de perlas para que haga de filtro y barrera de las miles de personas que salen en pateras de las costas africanas y llegan a distintos puntos del territorio “español”.
O su Ministro del Interior, Grande-Marlaska que no solo no reconoció que el pasado 24 de junio lo que sucedió fue una masacre en la valla de Melilla, sino que negó las muertes en territorio español para limpiarse las manos. Omitió la actuación de la Guardia Civil que realizaron más de cuatrocientas devoluciones en caliente y su gobierno no se hizo cargo de los centenares de herid@s, de la brutalidad policial y la omisión de asistencia médica por parte de la Guardia Civil, Policía Nacional y los agentes marroquíes. No solo eso, sino que aprobó y respaldó la actuación de la guardia fronteriza. Aún hay personas desaparecidas y no se ha podido aclarar el número exacto de muertes que dejó la masacre, mientras los medios oficiales aceptan que fueron 23 muertes, organizaciones de derechos humanos aseguran que se elevan a 70.
Por su parte, los grupos parlamentarios PP, Ciudadanos, e incluso Unidas Podemos (siendo sus socios de gobierno), Más País y Bildu se han desentendido durante meses, hasta que se difundió una investigación de la BBC donde se apuntaba la responsabilidad del Estado español en la masacre, para luego hacer una petición al ejecutivo de que se aclaren los hechos sucedidos en Melilla.
O refiriéndonos a hechos más recientes, en el último partido de España – Marruecos en el mundial de Qatar, donde se desató una ola de ataques racistas e islamófobos por parte de grupos ultraderechistas, Vox entre ellos. Incentivando en redes sociales los discursos de odio como “leña al moro” o con bulos que fueron desmentidos, como ataques de hinchas de Marruecos contra aficionados españoles, que nunca sucedieron. Imágenes del ejército con la bandera de España, caricaturas islamófobas, imágenes de migrantes siendo apalead@s en la valla de Melilla por la Guardia Civil, etc…
¿Qué podemos esperar en cuanto a derechos para las personas migrantes?
De estos gobiernos burgueses, nada. Con suerte algunas migajas, si sobran y las arrancamos mediante la movilización. Las personas migrantes somos su ejército de reserva, “el último orejón del tarro”. Estamos viviendo una gran crisis migratoria, debido a las emergencias climáticas, escasez de recursos y conflictos bélicos. ¿Por qué una persona se lanzaría al mar dejando su familia, a riesgo de morir de hambre o ahogada? ¿Por qué intentan por todos los medios saltar altas vallas a riesgo de morir abatidas por la policía? Las personas migran por desesperación y de ésta vulnerabilidad se aprovechan para sobreexplotarnos. La Ley de Extranjería actualmente cumple esa función, segmentar administrativa y racialmente el mercado laboral para dar vía libre a los empresarios a que nos exploten: La mano de obra barata. ¡Por eso necesitamos una Regularización YA! Para al menos contar con el acceso a los derechos más básicos. Pero esto solo lo conseguiremos con la presión y la movilización en las calles. No hay otra manera de arrancarles estas migajas.
Bajo esta falsa democracia, difícil que el puerco silbe o el racismo desaparezca
Desde Corriente Roja creemos que debemos continuar con el camino seguido hasta ahora. Lo que hizo que la ILP tuviera tanto seguimiento ha sido la capacidad que ha tenido el movimiento antirracista de incluir a otros movimientos, de llevar la solidaridad con los pueblos migrantes, la clase trabajadora más precarizada, a todas las luchas sociales que ha habido en estos últimos meses. Necesitaremos esta unidad para acabar con el racismo desde las calles.
Sabemos que lo que pueda aprobar el Parlamento, bajo esta falsa democracia, no será suficiente para acabar con el racismo de raíz. Para acabar con las devoluciones en caliente, con la dificultad para solicitar cita con Extranjería para obtener el permiso de residencia y empleo; con la violencia en las vallas de Ceuta y Melilla, con las miles de muertes en el Mediterráneo debemos seguir movilizad@s y organizad@s, enfrentando al Estado español, a sus instituciones heredadas del Régimen del 78 y a la Unión Europea, que son quienes regulan quién entra y quién no a los estados europeos.