25N: DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA
Según la ONU, la violencia a las mujeres es una pandemia mundial. En el Estado Español, una mujer es asesinada de media cada semana y 10 menores lo fueron sólo en este año.
De las más de 166.000 denuncias en 2017, sólo un 20% terminó en algún tipo de condena.Desde 2011 existe un protocolo médico-forense de valoración urgente del riesgo, que los jueces en su amplia mayoría no piden y además los equipos encargados de hacerlos, no existen en todos los Juzgados.
Esto supone una disparidad enorme a la hora de conceder órdenes de protección, por lo que dependiendo donde vivamos, las mujeres estamos más o menos seguras.
La falta de formación específica hace que prevalezcan los criterios subjetivos a la hora de juzgar la violencia machista, tendiendo casi siempre a minimizarla y justificarla. Ahí están como ejemplo, la infame sentencia a la Manada, la condena (escrupulosamente respetada por este gobierno servil al aparato judicial) a Juana Rivas, por el «delito» de proteger a sus hijos de un padre maltratador o el asesinato de las niñas de Castellón por su padre, cuya madre solicitó en vano medidas de protección y suspensión de las visitas para las menores.
En cuanto a la violencia sexual, los datos dicen que una mujer es violada cada ocho horas, aunque la mayoría no denuncia y desde hace unos años, «las Manadas» proliferan con total impunidad. Según el portal Geoviolencia sexual, en 2018 se ha registrado más del doble de agresiones sexuales en grupo que en todo 2017; un 29% de las víctimas son menores y en un 15% fueron grabadas. Estas agresiones forman parte de la «cultura de la violación» que se construye mediante la pornografía hegemónica, el consumo de prostitución o la cosificación de las mujeres en la publicidad.
¡Hartas de pactos electoralistas y leyes que no se cumplen! ¡Medidas reales, dotadas de presupuesto ¡Ya!
Ante esta situación, el gobierno Sánchez, como el anterior, anunció que esta vez sí habrá recursos para poner en marcha nuevos protocolos de valoración del riesgo, un incremento en la plantilla de policías, devolución de competencias a los Ayuntamientos cuya partida presupuestaria se dobla, (lo que si se repartiese a fondos iguales entre todos los municipios, supondría pasar de 2.500 a 5.000 miserables euros anuales). También la acreditación como víctima de violencia machista sin que medie denuncia o un cambio en el Código Civil para aumentar la protección a menores.
Medidas que YA aparecían en el Pacto de Estado contra la violencia machista, que en su día fue presentado como «histórico y sin precedentes» pero que un año después sigue sin presupuesto.
El Acuerdo presupuestario entre Sánchez e Iglesias,incluye también la aprobación de una nueva Ley contra la violencia sexual que equipara abuso y agresión sexual basada en consentimiento. Una ley que no sabemos cómo se va a financiar porque no se dice y que elude depurar un sistema judicial machista, heredero de franquismo, que sigue culpabilizando a las mujeres de su situación y que es quien aplica e interpreta las leyes.
Si el Pacto se aplicase en su integridad, tal vez podría prevenir más asesinatos por esta lacra social o atender a quienes la sufren, lo cual es una necesidad inmediata. Pero es indudable que no sirve para acabar con la violencia machista que las mujeres sufrimos día a día en las calles, en los centros de trabajo y estudio o en casa. Porque para ello, además de medidas judiciales y educativas, es necesario ir a la raíz de todo aquello que perpetúa nuestra opresión y desigualdad y nos hace más vulnerables ante la violencia machista o nos impide escapar de esta.
En ese sentido, sabemos que muchas mujeres ven con esperanza otras medidas del Acuerdo que según los medios vendieron a bombo y platillo, tienen «perspectiva de género». Pero todas ellas dependen de futuros acuerdos parlamentarios, están condicionadas por las líneas rojas que la UE marca a este gobierno servil a la banca, y lo más importante: Están muy por detrás de las reivindicaciones que millones de mujeres reclamamos el pasado 8M junto a la clase obrera.
Salgamos a las calles este 25N y organicémonos para un 8M de clase y combativo
La violencia machista NO es ni será cuestión de Estado para estas «feministras» porque no son ellas, sino nosotras, las precarias o en paro, inmigrantes, mujeres trans o estudiantes empobrecidas, quienes sufrimos la violencia o somos asesinadas. Una vez más, las leyes o Pactos de un gobierno burgués, se convierten en humo cuando se trata de proteger a las mujeres y especialmente a las trabajadoras.
Es por ello que no podemos darle ninguna confianza a este gobierno. Desde Corriente Roja, llamamos a un 25 N de clase y combativo, que tiene que servir de preparación y organización para el próximo 8M en el que volveremos a las calles para arrancar a este gobierno un plan de medidas de urgencia para acabar con la sobreexplotación y desigualdad estructural que sufrimos en esta sociedad capitalista y para atajar la violencia machista. Un plan que debe ser apoyado e impulsado por el conjunto de organizaciones obreras, populares y estudiantiles.
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¡¡Aumento drástico del presupuesto destinado a la red de prevención, atención y protección contra toda forma de violencia machista, incluyendo formación especializada para las y los profesionales que atienden a las mujeres y menores víctimas de aquella!!
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¡¡Depuración de un sistema judicial lleno de estereotipos y prejuicios machistas, herencia del franquismo!!
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¡¡Más casas de acogida. Vivienda y empleo garantizado para mujeres maltratadas!!
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¡¡Educación sexual y en igualdad en la escuela pública, que combatan el machismo y la LGBTIfobia. Fuera la iglesia de la Educación pública, basta de recortes en educación y derogación de la LOMCE!!
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¡¡Abajo las reformas laborales. Empleo y salarios dignos. Igualdad salarial ¡¡Ya!!
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¡¡Aumento del gasto social. Servicios públicos y de calidad que nos descarguen de las tareas de cuidados. Lavanderías y comedores públicos!!
- ¡¡Retirada inmediata de todos los cargos contra Juana Rivas!!