La Unión Europea (UE) y sus gobiernos no sólo quisieron asegurar un pingüe negocio a sus bancos a costa del saqueo de Grecia. También quisieron convertir a este país, que sólo representaba el 2,7% de la economía europea, en el ejemplo más descarnado de las políticas de ajuste de la Troika. Siempre han querido hacer de Grecia un ejemplo para toda la periferia, convertirlo en un país semicolonizado, pero dentro de las fronteras de la UE.
El tratamiento de choque que han aplicado desde el primer rescate (2010) ha dejado al país en una situación sólo comparable a la de un país devastado per la guerra. Y quieren más.
• el PIB ha caído un 25%.
• los salarios y pensiones se han reducido en un 40%.
• se eliminó la negociación colectiva y los convenios colectivos han perdido su validez.
• la cuarta parte de sus gentes y la mitad de sus jóvenes están en paro.
• 300.000 familias se han quedado sin luz.
• 200.000 jóvenes se han exiliado por razones económicas.
• La educación general y universitaria han sufrido enormes recortes, con cierres de establecimientos y despidos generalizados.
• 3 millones de personas se han quedado sin ni atención sanitaria y millones pasan hambre y frío. El sistema sanitario está en un estado de penuria extrema.
• La excusa para estas enormes privaciones era que Grecia tenía que pagar la deuda (una deuda que el pueblo griego nunca decidió y que sólo ha beneficiado a los bancos prestamistas y a una pequeña minoría de capitalistas y gobernantes griegos). Pero esto era una enorme mentira, porque la deuda no sólo no ha disminuido sino que se ha disparado desde el 120% hasta el 185% del PIB el pasado mes de diciembre.
Una sanidad en estado de indigencia
La sanidad es quizá donde las medidas de la troika se han manifestado con mayor brutalidad. En plena Europa y por órdenes de Berlín y Bruselas, tres millones de personas (sobre un total de 11) se han quedado sin cobertura médica pública. Hasta junio los parados de larga duración no podían ser atendidos ni siquiera en casos de urgencia.
El informe de la OCDE «Health at a glance: Europe 2014» retrata un panorama terrible. Desde 2009 los gobiernos griegos han reducido en un 9% al año el gasto sanitario per cápita. La mayoría de los centros de atención primaria fueron cerrados en febrero de 2014 y los gastos en farmacia han caído un 12%. Los hospitales están saturados y sufren una escasez generalizada de personal, material y medicinas. Los usurarios tienen que pagar 10 euros por consulta y a pesar del copago de los medicamentos, hay una larga lista que no se pueden encontrar.
La desatención sanitaria de más de una cuarta parte de la población ha hecho surgir en estos últimos años una red solidaria de clínicas sociales, creadas por personal voluntario, que son el último recurso para decenas de miles de pacientes. Existen unas 40 clínicas sociales, 12 de las cuales en la periferia de Atenas. La pionera es Ellinikó, con un equipo médico de 100 especialistas, que ha atendido en tres años a 28.000 pacientes.
El portavoz de la clínica social Kifa, de Atenas, se mostró muy escéptico cuando el gobierno Samarás aprobó que los parados de larga duración pudieran ser atendidos por los hospitales públicos en casos de urgencia a partir de junio. “Está muy bien -declaraba- pero si no van a tener medios para tratarlos o medicinas…”. Este problema es mucho más acuciante ahora que el gobierno Tsipras ha aprobado que toda la población tenga acceso al sistema público sanitario. ¿Cómo hacerlo sin un fuerte incremento de las partidas dedicadas a la sanidad? ¿Cómo hacerlo si Tsipras se ha comprometido con el Eurogrupo a no aplicar medidas que supongan incremento del gasto público? ¿Se va a quedar la medida en una mera declaración de intenciones?