Las elecciones municipales pasadas pusieron blanco sobre negro el hartazgo de la población a las políticas de recortes de la UE, de la Troika y del PP (y del PSOE e IU en Andalucía, aunque lo adornaran con la coletilla de «por imperativo legal»). Eso está claro en las variopintas herramientas electorales que utilizaron para desbancar al PP del poder municipal y autonómico: desde Bildu hasta el BNG o las CUP, pasando por las mareas, ganemos, «en común»,… etc., todos tenían el mismo leiv motiv: rechazo de esas políticas.
Ante este giro a la izquierda social (la sociedad se sigue dividiendo en «derechas e izquierdas», son los intelectuales y los políticos de nueva hornada los que en sus cerebros han hecho desaparecer esta división) el PSOE se reubica para cabalgar y «controlar» a los ganadores, como dijo Mar Barcón del PSOE coruñés. Para el PSOE «controlar» significa evitar que se cometan «excesos», es decir, atentar contra las bases del régimen. El PSOE se convierte, ante la debacle del PP, en el garante de las esencias del régimen del 78 (Esperanza Aguirre no iba desencaminada cuando llamó a un frente pro constitución entre Cs, PP y PSOE), y Cs de guardaflancos de uno y otro.
¿Qué significa en lo concreto ese rechazo? Ada Calau afirmó que si una ley es injusta, se la saltarán. ¡Correcto!.
Pero, ¿cuáles son las leyes que son injustas en el Estado Español si desde la Transición y la Constitución lo único que se ha hecho es desmontar lo que la sociedad ganara en la Transición?. Desmontaje que en los años de Aznar, con el interregno de algunas medidas de ZP (matrimonio Gay, aborto y poco más), del propio ZP y de Rajoy, ha sido acelerado.
Por lo que hace a la política municipal, las ciudades «insumisas» enfrentadas a los recortes tienen una ley que o la incumplen, o se verán atados a esos recortes. La reforma de la ley de régimen local impone un férreo control de los presupuestos municipales por el ministerio de Hacienda, y Rajoy el día anterior a la toma de posesión ya amenazo: ¡que nadie se pase en el control del déficit!
Si los nuevos gobiernos municipales quieren llevar adelante sus programas antirecortes no les va a quedar más remedio que ser coherentes, y saltarse esa ley y al ministerio de hacienda creando un problema político de primer orden. De lo contrario serán ellos los que tendrán que aplicar ese control del déficit, y recortar, de manera que ante la población (y por mucho que digan «por imperativo legal») serán ellos los que aplican y firman los recortes. ¡Ya nos podemos imaginar la campaña de los medios de la derecha; todos iguales!, y no dejarán de tener razón, porque los imperativos legales les importan bien poco a los que sufren los recortes.
Pero esta no es la única medida: los nuevos gobiernos se comprometen a recuperar los servicios privados y privatizados (todos sabemos que un servicio en gestión privada es un 20% de media más caro que uno en gestión directa, porque hay que garantizar los beneficios empresariales). La ley impone que en caso de recuperación de un servicio, si hay ruptura de la concesión, se tendría que pagar una indemnización; o sea, que el empresario que gestiona el servicio gana siempre, si le mantienen la concesión y si se la quitan.
¿No tendrían que saltarse la ley los nuevos concellos, y recuperar los servicios privados / privatizados sin indemnización?
Así sucesivamente… y no solo en las leyes que hacen a la gestión de los servicios, sino en todos los aspectos sociales y políticos.
Los nuevos concellos son expresión de un giro social que explotó el 15M, bajo el lema «no son las personas, es el sistema». No lo olvidemos nunca, porque el 15M de manera intuitiva situaba el problema donde estaba, en que un simple recambio de personas no basta para regenerar la democracia, que «el le llaman democracia y no lo es» enraiza en un sistema, el capitalista, y en el régimen capitalista español, el llamado «régimen del 78».
Un régimen que tiene unas patas muy precisas, la monarquía, y una columna vertebral enraizado en un capitalismo que vive del saqueo de las cuenta estatales. No nos engañemos, si un ayuntamiento quiere recuperar un servicio seguramente chocara con los intereses del capital financiero y grandes empresarios: las concesiones de limpieza, jardinería, etc. están en manos de grandes constructoras, tras las que están los grandes bancos.
Saltarse las leyes como la de régimen local conduce sin atajos al choque con esos intereses, es expropiar a grandes empresarios (así como empresarios medianos, pero con gran poder local, en ciudades como en Coruña con el transporte publico). ¿Están dispuestas estas candidaturas a ese choque?
Es obvio que si quieren llevar hasta el final para lo que los votaron, van a tener que hacerlo. Y eso tiene un nombre, lucha de clases, porque en un lado del campo si sitúan los que se beneficiarían de esas medidas, la clase trabajadora en las personas que trabajan para esas empresas y la población trabajadora que utilizan esos servicios -los ricos privatizan lo que ellos no necesitan, porque tienen dinero para coches y seguros privados-, y enfrente estarán los propietarios / dueños de esas empresas, que verán perder sus beneficios empresariales. Por eso es lucha de clases.
Bien, y cómo se puede enfrentar esta lucha con garantías de victoria. La primera, hablando claro a la población: ¡no se puede gobernar para todos / as!, o se gobierna para la mayoría de la población trabajadora, adoptando esas medidas, o se gobierna para la minoría explotadora y saqueadora… No hay termino medio, lo que beneficia a unos perjudica a otros.
Segundo, apelando a la movilización social, a su autoorganización, porque los empresarios perjudicados no se van a quedar quietos viendo como pierden la fuente de sus ingresos. Van a utilizar todos sus medios, que son el Estado, los medios de comunicación, el gobierno / Xunta, etc para evitarlo. El ABC ya ha comenzado su campaña contra el alcalde de Santiago, con un articulo «nos quieren a todos lusistas». La Voz de Galicia ya sacó un articulo contra los alcaldes de Coruña y Santiago, denunciando el «laicismo excluyente», Rajoy ya amenazó a todos con que no se pasen del control del déficit. Y esto, antes de la toma de posesión.
Tercero, apelando a la unidad de todos aquellos municipios que rechacen los recortes y las políticas de la UE/Troika/PPSOE, constituyendo una Red de Municipios Insumisos, para coordinar las medidas a adoptar y avanzar en la única salida posible: ¡qué esa Red avance en la lucha por una asamblea constituyente que resuelva la crisis en un sentido obrero y popular, y resuelva el problema nacional a través del ejercicio efectivo del derecho a decidir de Catalunya, Euskadi y Galiza!.