Después de tres años de demora, casi al final de la legislatura y en medio de una precampaña electoral plagada de anuncios y promesas en materia de vivienda, el pasado 27 de abril se aprobó por fin, la Ley de vivienda en el Congreso. Para “las derechas” que votaron en contra, se trata de una norma que “solo favorece a los okupas”. Para el PSOE, estamos ante “un cambio de paradigma”. Para UP, que alardea de que esta Ley fue posible, gracias a su inclusión en el gobierno, esta ley representa además, «un arma electoral para las candidaturas progresistas» .
Pero la realidad es, que después de años de lucha y movilización social desde que la crisis de 2007 y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, se tradujesen en el drama cotidiano de los desahucios por impago de hipoteca o alquileres abusivos y de que millones de personas sigan viendo impedido su derecho a vivienda digna, esta ley es una maniobra electoral o como dice el Sindicato de Inquilinos, “una farsa y una campaña de propaganda brutal del gobierno de coalición PSOE-UP)”
Estamos ante una ley, en la que casi la única medida progresiva que va sin trampas, es que acaba con la estafa millonaria que ahora permite a las inmobiliarias cobrar a los inquilinos por el servicio que dan a los caseros.
Y es que la nueva ley es una burla a la acuciante necesidad social de vivienda, tal y como venimos denunciando en otros artículos. Como dicen la PAH y otros colectivos sociales: “con ella la vivienda seguirá funcionando como un bien de mercado con el que especular, en lugar de garantizarse como un derecho al alcance de todas las personas”. Es un parche, cuyas medidas aparentes se centran solo en el alquiler y que, en verdad, no solucionan nada.
No prohíbe los desahucios, tan sólo alarga hasta dos años el proceso hasta el desalojo. La ley únicamente obliga a los propietarios a someterse a una mediación, cuya resolución no tienen por qué respetar. Los grandes propietarios van a poder seguir desahuciando porque nadie les obliga a ofrecer un alquiler social antes del desahucio.
La declaración de zonas tensionadas o de qué se considera un gran tenedor (bajando la propiedad de 10 a 5 inmuebles) quedarán en manos de las Comunidades autónomas y Ayuntamientos, que son quienes tienen transferidas las competencias en vivienda. No deja de ser curioso que por un lado Sánchez diga que gracias a este gobierno progresista, la vivienda dejará de ser un problema para convertirse en derecho y luego deje su aplicación efectiva en otras manos, aún sabiendo que en algunos lugares como la Comunidad de Madrid, Ayuso ya dijo que si sigue gobernando, no la aplicará de ninguna manera.
Y donde gracias a la presión y la movilización social, se consiga alguna medida progresiva, siempre existe la opción de paralizarla y anularla vía sistema judicial.Como se hizo con la Ley catalana de vivienda, recurrida al Tribunal Constitucional por el Gobierno de coalición, que aunque es limitada, en comparación a esta Ley estatal es mejor, porque al menos recogía que un gran tenedor no podía desahuciar al inquilino sin ofrecerle un alquiler social. Aunque en la práctica, han seguido haciéndolo sin problemas, porque no hay régimen sancionador y tampoco han «expropiado» temporalmente viviendas vacías por los recursos judiciales de los fondos inmobiliarios.
Por otro lado, la nueva Ley estatal posee numerosos coladeros por los que las medidas aprobadas podrán incumplirse y el control de los precios de alquiler puede ser evitado por diferentes caminos (alegando reformas mínimas, incluyendo el IBI, mediante la figura de «pisos de temporada»…). Por no tener, no tiene ni un régimen sancionador, lo que sería del todo necesario en caso de incumplimiento.
Mientras tanto, la Ley no recoge la obligación de medidas que son urgentes aquí y ahora, como son, el topar en todo el Estado los efectos del euríbor en las revisiones de hipotecas, tal y como llevan tiempo demandando los colectivos en lucha por la vivienda. El propio Banco de España calcula que 380.000 familias van a pasar a una situación de vulnerabilidad, por la subida de las hipotecas tras las varias subidas del Euribor.
A pesar de que el origen de la inflación no está en un elevado nivel de consumo, sino en el incremento de los beneficios de grandes empresas, que trasladan a los aumentos de precios, el Banco Central Europeo continúa con su política de subidas de tipos que empobrece a las familias y a las pequeñas empresas, beneficiando únicamente a la banca y que las grandes empresas y multinacionales pueden eludir. Basta poner el ejemplo del Banco Santander, que logró un beneficio neto de 2571 millones en el primer trimestre de 2023, descontado el importe de la nueva tasa impuesta por el gobierno (224 millones)
Es claro desde hace años, que la solución de fondo para remediar la grave crisis habitacional que sufrimos, pasa por tener un potente parque público de vivienda social, en el que el Estado español se encuentra a la cola de Europa. Y es ahí cuando Sánchez se apoya en esta realidad, para alardear en sus mítines, que el plan del PSOE es aumentar el parque público de viviendas hasta el 20%. Pero esconde que no tiene ninguna planificación ni memoria económica alguna al respecto y que está hablando, como mínimo, ¡de 20 años!.Sólo para llegar al 9,3% de vivienda pública que es el promedio europeo, haría falta disponer de 1.400.000 inmuebles más formando parte de ese parque público de vivienda Por lo demás, para lograr ese objetivo, no se trata de ponerse a construir más viviendas de forma masiva como ocurrió en los años previos al estallido de la burbuja inmobiliaria, sino ante todo de poner bajo gestión pública, el uso y adecuación de las viviendas vacías que YA existen.
A estas alturas del artículo podemos afirmar entonces, que las cacareadas medidas de esta Ley, que con tanto jolgorio y algarabía aprobó la bancada progresista en el gobierno, tienen sobre todo dos objetivos. Por un lado, engañar a los sectores empobrecidos de la clase trabajadora con falsas promesas electorales y mantener, al mismo tiempo el apoyo electoral de una base social, de pequeños y medianos propietarios, que han hecho del rentismo una forma de vida. Por el otro, esta Ley, forma parte de un plan más amplio, cuyos pilares ya han puesto en marcha, cuyo propósito es allanar el camino para legitimar un nuevo ciclo constructor por parte del sector inmobiliario, tal y como analizaremos en otro artículo sobre el tema.
Es por eso que necesitamos seguir luchando, hasta lograr que se garantice el acceso a vivienda digna, como un derecho universal. Esto pasa por prohibir de forma efectiva los desahucios sin alternativa habitacional. Por topar el precio del alquiler para garantizar que el gasto en vivienda, incluyendo los suministros básicos, no excedan el 30% del salario medio. Y sobre todo, pasa por crear un gran parque público de viviendas, expropiando los pisos vacíos en manos de fondos buitre, grandes propietarios y la banca y en el que se incluyan los pisos, viviendas sin terminar y suelos en manos de la Sareb, sacándolos de las garras de los fondos buitre que ahora los gestionan.