Desde Corriente Roja venimos impulsando Sindicalistas por la Unidad Popular. Un agrupamiento de trabajadores y trabajadoras cuyo objetivo es construir un referente político que unifique a la clase trabajadora en torno a un programa de clase y de ruptura que contemple las medidas necesarias para salir de la situación de emergencia y catástrofe social a la que nos han llevado los sucesivos gobiernos al servicio de la Troika y de los capitalistas.Por Corriente Roja

Por eso desde Corriente Roja defendemos que las demandas y reivindicaciones de las mujeres, que son el 50% de la clase trabajadora, tienen que ser parte destacada de ese programa. Porque no podemos construir la unidad que necesitamos para luchar, si las medidas contra la opresión a la mujer y por sus derechos, no son defendidas y exigidas por el conjunto de la clase trabajadora.
Un nuevo Estatuto de los trabajadores
Las mujeres trabajadoras somos uno de los sectores más afectados por las sucesivas reformas laborales y por la última reforma de las pensiones. La brecha salarial es de un 16% tanto en el sector público como en el privado. El 73% de los contratos a mujeres en 2014 fueron a tiempo parcial. Nuestra tasa de desempleo es casi un 2% mayor. Un 80% de las trabajadoras embarazadas sufren algún tipo de “mobbing.”

Muchas somos despedidas o relegadas de nuestro puesto de trabajo por acogernos a un permiso o una reducción de jornada por lactancia o cuidados. Con la última reforma laboral, los planes de igualdad pueden ser incumplidos con total impunidad. Nuestras pensiones son de media un 38% menor que las de los hombres. Las mujeres somos el 93% de las personas perceptoras de las pensiones de viudedad (cuyo importe no alcanza el SMI) y también de las pensiones no contributivas. El 91% de las mujeres trabajadoras hace tareas domésticas no remuneradas frente al 74% de los hombres. Defendemos un nuevo marco laboral que contemple:

  • Planes para la inserción laboral de mujeres con empleo digno.
  • Prestación de desempleo para las trabajadoras domésticas en el régimen general de la seguridad social.
  • Planes de igualdad en las empresas públicas y privadas con seguimiento que permitan eliminar la desigualdad salarial, denunciar y penalizar cualquier discriminación laboral, combatir el acoso sexual en el lugar de trabajo y apoyar a las trabajadoras durante el embarazo, lactancia y primeros años de crianza.
  • Permiso igual e intransferible de nacimiento y adopción entre hombres y mujeres pagados al 100%.
  • Comedores sociales y lavanderías públicas.

Educación, sanidad y servicios sociales 100% públicos y de calidad.

Los recortes sociales suponen un ataque en toda regla a nuestras condiciones laborales porque las mujeres somos el 70% de emplead@s en el sector público.

A la disminución de becas y ayudas para comedor y actividades extraescolares en la escuela pública, mientras se sigue financiando la privada, hay que sumarle la histórica escasez de centros de educación infantil de 0 a 3 años, donde sólo uno de cada diez niños(33,9%) está escolarizado y la mayoría de los centros son privados, con algunas plazas concertadas, cuyo coste se ha ido encareciendo. Esto dificulta aun más el acceso de las mujeres al empleo después de la maternidad. La educación sexual y en valores de igualdad dentro de la escuela pública para prevenir los embarazos de mujeres adolescentes y la violencia machista entre jóvenes y menores sigue siendo inexistente y se dificulta aún más con la LOMCE.

El trabajo de cuidados remunerado en el ámbito doméstico es en su mayoría empleo sumergido, realizado en un 90% por mujeres inmigrantes sin derechos laborales de ningún tipo. Las mujeres somos las más afectadas por los recortes en Dependencia porque somos mayoría entre las personas dependientes y porque, somos quienes llevamos a cabo los cuidados de forma gratuita para el Estado. Por eso, defendemos:

  • Derogación de la LOMCE.
  • Aumento del gasto social hasta garantizar Educación pública y de calidad
  • Educación infantil de 0-3 años pública y gratuita.
  • Ampliación y gratuidad de los servicios de comedor, actividades extraescolares y apoyo al estudio en la escuela pública
  • Educación sexual y en valores de igualdad dentro del currículum educativo en la escuela pública.
  • Ni un euro a la escuela privada. Fuera la iglesia de las escuelas.
  • Servicios públicos y gratuitos de atención socio-sanitaria en el domicilio.
  • Centros de día y creación de plazas de residencia 100% públicas, gratuitas y de calidad para la atención a personas mayores y con discapacidad física y/o intelectual.

Derechos democráticos: No más violencia machista y por nuestros derechos sexuales y reproductivos.

El presupuesto para la prevención de la violencia machista para el 2016 crece en un 6,32%, pero no compensa el 20,9% del recorte presupuestario en igualdad y contra la violencia machista del gobierno del PP (2012-2016) y del 47,6% respecto a 2009. La cifra de mujeres asesinadas no baja de 50 ningún año. Solo un tercio de las mujeres denuncian la violencia sufrida y casi un 45% de las órdenes de protección, son denegadas. Aunque esta violencia afecta a todas las mujeres, somos las mujeres trabajadoras quienes tenemos más dificultades para escapar de ella. Por eso para muchas, no es sólo una cuestión de derechos sino de vida o muerte.

La última reforma del aborto aprobada por el gobierno, impide a las menores de 16-17 años abortar sin consentimiento paterno forzándolas a ser madres o a recurrir a un aborto clandestino. La actual ley del aborto es insuficiente. La casi totalidad de las IVE (Interrupción voluntaria de embarazo), legales en las primeras 14 semanas, se llevan a cabo en las clínicas privadas concertadas con la consiguiente discriminación entre territorios, y el negocio para estas. Persiste el derecho a la objeción de conciencia entre el personal médico de la sanidad pública y el aborto fuera de los límites legales sigue dentro del código penal. El 48% de las mujeres que recurrieron al aborto entre 2012-2014 no habían tenido acceso a ningún método anticonceptivo y entre las jóvenes solo una de cada cinco usa algún método anticonceptivo.

El recorte en la cartera de servicios básicos del sistema nacional de salud, deja a las mujeres lesbianas fuera del acceso a las técnicas de reproducción asistida. Defendemos:

  • Centros de información y acogida, asistencia médica, psicológica y jurídica gratuita para las mujeres agredidas.
  • Garantía de empleo paras mujeres maltratadas o salario social mientras se les proporciona. Derecho protegido por ley a cambio de puestos de trabajo y horarios.
  • Espacios gratuitos en los medios de comunicación para la difusión de una cultura contra la violencia machista y colectivo LGTBI.
  • Acceso universal y gratuito a recursos de orientación y planificación familiar así como a métodos anticonceptivos dentro de la sanidad pública.
  • Lucha eficaz contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual
  • Acceso universal y gratuito a las técnicas de reproducción asistida para todas las mujeres que lo soliciten.
  • Aborto libre, público, seguro, gratuito y sin objeción de conciencia en la sanidad pública