En esta falsa democracia de los ricos, los partidos políticos con representación parlamentaria, llaman a votar un programa cuyas medidas se convierten al día siguiente de las Elecciones, en una “lista de sugerencias” que llevarán a cabo o no, en base a la legalidad y lo posible.

Para nosotras, en cambio, el programa con el que nos presentamos a las Elecciones, es un compromiso de lucha con l@s trabajador@s y el pueblo. Un “contrato social” que no nace de la erudición de un grupo de expertos, sino de las necesidades más apremiantes de la clase obrera y la inmensa mayoría del pueblo y de las reivindicaciones que masivamente hemos puesto en la calle desde el inicio de la crisis. El programa por tanto, responde a un intento de sistematización de esas medidas.

Poner en marcha un programa así desde las instituciones, exige una lucha desde afuera y  a todos los niveles de la clase obrera, la juventud y los sectores populares. Exige enfrentar al próximo gobierno central, que ya sea liberal o progresista, será un gobierno propatronal, denunciar este régimen y desobedecer las leyes injustas, que están hechas para que nada cambie y todo siga igual. 

 Un plan municipal y autonómico de emergencia social

La Reforma Laboral del gobierno de coalición, que ha mantenido intactos los aspectos más lesivos de la de Rajoy, sólo ha servido para crear empleos fijos con salarios miserables y despido barato. A  un desempleo crónico de más de 3 millones de personas registradas, se añade una inflación que devora los salarios, mientras el precio de la energía, alimentos, alquileres e hipotecas, sigue disparado. En este cuadro, no puede extrañar el crecimiento de la pobreza y la exclusión social, que se sitúa ya en el 27,8%.

Por eso, una primera medida básica en cada Ayuntamiento o Comunidad Autónoma, es garantizar por Ley, el derecho de las personas con menos recursos a la comida, la energía y el agua, que son derechos humanos universales irrenunciables, así como a transporte público gratuito para todas las personas desempleadas.

Un Plan de empleo público en servicios, infraestructuras o empleo ecológico

Los sectores más oprimidos y explotados de la clase trabajadora como son mujeres, inmigrantes o juventud, lideran las tasas de pobreza, desempleo y precariedad. Mientras, se profundiza la desigualdad y la violencia, como expresión de la barbarie a la que nos lleva este sistema capitalista en descomposición.

Es preciso poner en marcha un plan de empleo público, especialmente dirigido a estos sectores, para rebajar el desempleo, garantizar salario y condiciones laborales dignas, atender a los colectivos más vulnerables, reforzar los Servicios Públicos y acabar con la desigualdad. 

  • Centros de atención socioeducativa de titularidad y gestión 100% pública.
  • Comedores sociales y lavanderías públicas para atender a familias  en riesgo de exclusión social. 
  • Comedores, actividades extraescolares y aula matinal en la Educación Pública, sin dar la gestión a empresas privadas.
  • Residencias y centros de día para la atención de personas mayores y/o dependientes 100% públicas.
  • Más dispositivos contra la violencia machista sin requisitos de admisión para la prevención, atención y protección integral contra esta lacra social.

¡Ni un euro a la privada y aumento del presupuesto en Sanidad y Educación!

Desde hace años, asistimos a un progresivo desmantelamiento y privatización de los Servicios Públicos, especialmente en Sanidad, que este gobierno progresista no ha revertido. Para acabar con esta situación defendemos:

Remunicipalizar los servicios: como la recogida de basura, la limpieza de edificios municipales o el Servicio de Atención Domiciliaria (SAD). Esto permite su abaratamiento, mejores condiciones laborales y una mayor eficacia en la prestación del servicio.

Aumento del presupuesto para una Educación y Sanidad 100% públicas y de calidad. En todas las CCAA, es necesario frenar las privatizaciones, dotar de más recursos la Atención Primaria, reducir las listas de espera, garantizar la atención a las personas en situación administrativa irregular, mejorar la salud mental y eliminar la precariedad laboral del personal sanitario.

Vivienda como un derecho básico

Mas allá de promesas electorales en campaña, la nueva Ley de vivienda de este gobierno de coalición, es un parche que no soluciona los graves problemas estructurales que impiden garantizar el derecho a una vivienda digna, en todo el territorio estatal. Es urgente que desde las CCAA y municipios se impulsen las siguientes medidas:

  • Realojo de personas sin techo o viviendo en infravivienda.
  • Paralización inmediata de los desahucios sin alternativa habitacional.
  • Parque público de vivienda social bajo control popular, expropiando las viviendas vacías, en manos de  fondos buitre. Exigencia al gobierno para poder incorporar al mismo las viviendas y terrenos de la Sareb.
  • Regulación y limitación real y efectiva, de los precios del alquiler. 
  • Retirada de demanda judicial y absolución de quienes ocupen viviendas vacías en manos de grandes propietarios

Planes de choque a nivel autonómico y municipal, para paliar las consecuencias del cambio climático. 

Según las predicciones científicas, volverá a ser un verano muy caluroso y este año especialmente seco, para el que es evidente que nuestros pueblos y ciudades no están preparadas. Los gobiernos de todo signo declaran su “compromiso ecológico”, pero todos se pegan, como la sombra al cuerpo, a los intereses empresariales. Los responsables de la crisis climática tienen nombre y apellidos. No es posible enfrentar la catástrofe climática haciendo algunas reformas en el capitalismo. Para garantizar la transición energética, es preciso poner fin a este sistema y construir una sociedad socialista, pautada en una relación racional y ecológica con la naturaleza.

Aún asi, para salvar vidas, proteger la salud y paliar en la medida de lo posible esta catástrofe climática, defendemos: 

  • Protocolos para la protección efectiva de los/as trabajadoras/es públic@s expuestos al sol y a las altas temperaturas., exigiendo también su cumplimiento a las empresas privadas. 
  • Creación de espacios  como  refugio climático en  los barrios.
  • Incremento inmediato de la masa forestal en los barrios. Instalación de la infraestructura necesaria en todos los barrios para garantizar nuestra hidratación en verano, al servicio del pueblo y no del capital privado.
  • Medidas drásticas de ahorro energético y transición urgente a la producción de infraestructuras para la generación y utilización masiva de energías renovables, al tiempo que exigimos la nacionalización de las grandes compañías energéticas.
  • Impulso a la movilidad a pie, bicicleta y en transporte público. Transporte público, de calidad y gratuito en los polígonos industriales y zonas de concentraciones de empresas, que disuada de utilizar el coche privado. 
  • Un plan de reforestación, de protección de la biodiversidad y recuperación de espacios naturales, que incluya las exigencias que plantean los/as bomber@s forestales.
  • Reforma agraria y medidas que permitan crear nuevos nichos de empleo verde y repoblar los pueblos vacíos, potenciando una agricultura y ganadería ecológica y de cercanía.
  • Por un cambio radical del actual modelo urbanístico y turístico que acabe con  la gentrificación, el  deterioro de las ciudades y la urbanización salvaje. 

Poner en marcha estas medidas, supone gestionar el presupuesto con un criterio de clase. Esto  empieza por  ajustar el salario de los cargos públicos, cuya remuneración no debería ser mayor a la del salario medio y hacer una Reforma Fiscal para que paguen impuestos los que ahora no lo hacen: grandes empresas, especuladores y la Iglesia o enfrentar la ley de estabilidad presupuestaria y la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, que dejan a las administraciones sin recursos financieros. 

Y son parte de una “guía para la acción” más amplia, que abarca al conjunto de la clase trabajadora y el pueblo organizado y camina hacia la construcción de una sociedad nueva: una sociedad socialista.