En todo el mundo, la clase obrera vive momentos muy duros. En medio de la pandemia de coronavirus, aquellos sectores que se ven obligados a seguir trabajando, muchas veces sin que los gobiernos y empresas les garanticen las condiciones mínimas y los elementos de protección, son los más expuestos al contagio. Al mismo tiempo, vive grandes ataques con despidos, suspensiones, rebajas salariales y precarización de las condiciones laborales y contractuales.
De todos los gravísimos problemas que deben enfrentar los trabajadores y las trabajadoras y sus familias, el más temido es el desempleo. Quedarse sin trabajo los deja sin medios de subsistencia y, además, aislados de su clase para ofrecer cualquier resistencia a los ataques. Muchos se ven obligados a arriesgarse al contagio, a aceptar durísimas condiciones laborales, o a soportar la prepotencia patronal para conservar el puesto de trabajo. A otros, el despido les llega sin alternativas.
Esa es la realidad para millones de trabajadores y trabajadoras en el mundo: en el marco de la agudización de la crisis económica que generó la pandemia de coronavirus, el desempleo avanza aceleradamente en el mundo. Despiden pequeños comercios y empresas, en el límite de su supervivencia, pero también lo hacen las grandes empresas que acumularon millonarias ganancias.
Europa
A finales de marzo, la Confederación Europea de Gremios informó que al menos un millón de personas habían perdido sus empleos en dos semanas. Este dato no tiene en cuenta los millones de personas que han sido enviadas al desempleo temporal, una figura que permite que los trabajadores se queden en casa mientras sus empresas les siguen pagando una pequeña parte de sus salarios, normalmente entre un 20% y un 30%. Aunque todavía no hay datos globales, se estima que esto es solo la punta del iceberg, porque el ritmo de los despidos se acelera y puede llegar a niveles históricos[1].
En Italia, uno de los países más afectados por la pandemia, un estudio estima que cuando vuelva la actividad se habrán perdido 420.000 puestos de trabajo, la mitad en el sector turístico. En el Estado español, a fines de marzo de 2020 se registraban 3.500.000 desocupados. Esta cifra no incluye los más de dos millones de trabajadores que fueron afectados por los Expedientes de Regulación Temporal (ERTE), ya que no se consideran despidos sino suspensiones de los contratos de trabajo por un período determinado.
Los sectores más devastados son la construcción y el turismo[2].
Estados Unidos
En Estados Unidos, en las dos últimas semanas de marzo, más de diez millones de personas perdieron su puesto de trabajo y solicitaron el seguro de desempleo. “Día a día se reciben noticias de despidos o licencias sin goce de sueldo masivas: la gran tienda Macy’s mandó a casa sin sueldo a 130.000 trabajadores en todo el país, lo mismo que su rival Kohl (120.000) y la firma de indumentaria Gap (129.000). Dicen que los reincorporarán cuando la situación mejore. The Brands, la empresa matriz de Victoria Secret, Bath & Body Works y Pink, ha tomado medidas similares. Y así en casi todos los rubros”. En apenas catorce días, se destruyó todo el empleo que se había generado en los últimos cinco años, un ítem del que siempre se había enorgullecido el presidente Donald Trump. Los expertos dicen que la cifra aún puede ser peor porque no todos los desocupados han tramitado el seguro y hay demoras en la gestión de este trámite. Se estima que las pérdidas potenciales de empleo en todo el planeta podrían llegar a 36 millones[3].
Brasil
En el Brasil, algunas estimaciones consideran que entre tres y cuatro millones de personas perderán sus empleos en relación de dependencia en las próximas semanas. Otras dan cifras mucho peores: hasta 8,5 millones de despidos. La realidad parece darles la razón. “En la vida real, las cosas ocurren más rápido: la cadena de restaurantes Madero, una hamburguesería elegante que se tornó popular entre la clase media alta brasileña y opera en decenas de ciudades del país, despidió a 600 personas el 1 de abril”[4]. Esta empresa es la misma cuyo dueño, Junior Durski, había declarado: “Brasil no puede pararse por 5.000 o 7.000 muertos”[5].
Según la Asociación Nacional de Bares y Restaurantes del Brasil, unos 600.000 empleados del sector ya fueron despedidos. En el sector trabajan cerca de seis millones de personas.
El cierre de bares y restaurantes no solo deja sin ingresos a mozos y empleados de cocina, también arrastra a un desastre en el sector de bebidas, con un fuerte impacto en las cadenas de logística. No solo en este sector de pequeños propietarios se sufren ataques: una de las mayores empresas del Brasil, la petrolera estatal Petrobras redujo desde el 1 de abril la jornada y el salario de 21.000 de sus empleados. Los cortes salariales llegan hasta 30%[6]. En ese marco, el gobierno de Jair Bolsonaro propone reducir entre 26 y 50% de los salarios[7].
Argentina
En este país, ya venía una fuerte oleada de cierre de empresas y despidos, que ahora se ha acelerado por las decisiones de las grandes empresas. La siderúrgica y constructora Techint, del magnate Paolo Rocca (uno de los hombres más ricos del país) despidió a 1.500 trabajadores[8]. El grupo Mirgor, de Nicolás Caputo (amigo personal y socio de negocios del ex presidente Mauricio Macri) despidió a 700 trabajadores de su planta de productos electrónicos en Tierra del Fuego[9]. En la provincia de Catamarca, un consorcio de empresas constructoras, que trabajaba para la compañía minera estadounidense Livent, despidió a 400 trabajadores (¡y se los comunicó por celular!)[10]. El frigorífico Penta de Quilmes, en el Gran Buenos Aires, cerró y sus 250 obreros luchan por su reapertura[11].
Se estima que la desocupación crecerá 11%, porcentaje que no considera la subocupación ya existente y la generada por la reducción de jornadas y salarios que implementaron algunas empresas como la productora de aluminio Aluar[12]. El gobierno kirchnerista actuó con una gran hipocresía frente a esta situación. Por un lado, emitió un decreto prohibiendo los despidos y suspensiones por 60 días y ordenó una negociación en el caso de Techint[13]. La realidad es que con este decreto, sin decirlo, legalizaba los despidos anteriores sin ningún tipo de sanción u obligación retroactiva para las empresas que habían despedido. Peor aún, el Ministerio de Trabajó avaló los despidos en Techint, legalizando un acta-acuerdo firmada entre la empresa y la burocracia sindical[14].
Una batería de ataques
Tenemos, entonces, un cuadro de aumento del desempleo, con millones de despidos, suspensiones y reducción de jornadas. Pero este no es el único ataque: en muchos casos están acompañados de reducciones salariales, con una pequeña parte que cubren las empresas y otra parte que paga el Estado, como en España o Italia. O el caso de los miles de trabajadores de las tres plantas de Aluar, en Argentina, que cobrarán 50% pagado por la empresa[15]. En ese país, la cámara de empresas autopartistas (que abarca unos 60.000 trabajadores) le propuso a los sindicatos del sector pagar 50% de los salarios al personal suspendido durante los meses de abril, mayo y junio[16].
Si el salario cobrado no les alcanza a los trabajadores y trabajadoras, o no van a cobrar ningún ingreso de sus empresas, algunos Estados otorgan un seguro de desempleo. En Estados Unidos, vimos que diez millones se anotaron en las dos últimas semanas de marzo. Es por un número limitado de semanas y solo para los trabajadores que puedan demostrar su relación de dependencia[17]. En Argentina, se otorgó un “bono familiar de emergencia” (unos 150 dólares a la cotización oficial), muy por debajo de las necesidades de una familia. Se anotaron 7,8 millones de familias, poco más de la mitad de las que hay en el país[18].
Si hablamos de ataques, no son solo las empresas privadas las que lanzan ataques, también los realizan el Estado y las empresas públicas. En el Brasil, ya hemos visto el caso de la Petrobras. No es la única: a pedido del Estado de San Pablo, el TST (Tribunal Superior del Trabajo) dictó un fallo que obliga a los trabajadores de la CPTM (Compañía Paulista de Trenes Metropolitanos) incluidos en los grupos de riesgo de la epidemia de coronavirus (mayores de 60 años, embarazadas, portadores de enfermedades respiratorias crónicas, cardiópatas, diabéticos, hipertensos y con problemas en el sistema inmunológico) a prestar servicio presencial[19]. La empresa del metro de San Pablo solo pagó la mitad del tradicional bono anual llamado PLR (Participación en los Lucros y Resultados) y no suministra los elementos de prevención (como barbijos) que deben ser llevados por los propios empleados.
En el “frente de batalla” contra el coronavirus, los trabajadores de los hospitales públicos de muchos países trabajan con escasez de personal y de suministros, sometidos a ritmos y exigencias desgastantes. Brasil y Argentina son solo dos de esos casos[20]. También sucede en Italia, donde dos enfermeras llegaron al suicidio[21].
En el marco de esta múltiple batería de ataques de parte de empresas y gobiernos, la gran mayoría de las burocracias sindicales del mundo son cómplices de ellos. A veces por pasividad y falta de apoyo a las luchas que los enfrentan (ver, por ejemplo, el artículo sobre las luchas en Italia en esta revista)[22]. En otras, poniéndose de modo activo del lado de la patronal, como el caso que vimos de la empresa argentina Techint.
No son planes nuevos
En realidad, ataques de este tipo a los salarios y a las condiciones laborales y contractuales, no son nuevos: vienen desarrollándose desde la década de 1970 para desmontar la estructura que se había consolidado en la Segunda Posguerra. Es decir, el salario básico como componente central de los ingresos del trabajador, salario igual a igual función, jornada fija y determinada, relación de dependencia y estabilidad laboral, vacaciones, uno o más salarios adicionales por año, sistemas de jubilación, etc.
Desde esa época hasta ahora se desarrollaron en todo el mundo una serie de ataques a estas condiciones, la mayoría de las veces avaladas por nuevas legislaciones. La lista es larga: contratos temporarios y estacionales, gran parte del salario condicionado a la productividad y al presentismo, sistemas de premios por grupos y no globales (toyotismo), jornadas flexibles a disposición de las empresas, tercerización de servicios (con menores salarios para estos trabajadores) y aumento de los trabajadores contratados por agencia, pérdida de la relación de dependencia de muchos trabajadores (y de las obligaciones de la empresa) con “transformación” en microempresas proveedoras, reducción de los aportes jubilatorios de las empresas y deterioro de las instituciones que los recaudan, o privatización del sistema, etc.
Estos ataques se han ido acentuando en los últimos años; en especial desde el estallido de la crisis económica de 2007/2008. El resultado ha sido una pérdida importante del poder adquisitivo del salario por la vía de acuerdos salariales por debajo de la inflación, por la rebaja directa del salario nominal con la amenaza de “cerrar la empresa”, y porque los nuevos empleos creados son de menores salarios que los que se han perdido.
Los salarios pueden aumentar nominalmente pero su poder adquisitivo es menor. Al mismo tiempo, ha aumentado la productividad. Dicho en términos marxistas, ha disminuido el valor pagado por la fuerza de trabajo y ha aumentado la plusvalía extraída por los capitalistas.
Proyectos más estratégicos
En estos momentos, vemos una profundización, un salto en estos ataques. Por un lado, la burguesía aprovecha la situación de la pandemia de coronavirus para justificarlos y así descargar el costo de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores.
Por el otro, en varios países, las burguesías y los gobiernos tienen un proyecto más estratégico: consolidar un nuevo modelo laboral de mucha mayor explotación, que acabe definitivamente con las conquistas de las décadas anteriores. En el Brasil, el presidente Jair Bolsonaro planteó claramente que “el trabajador debe escoger entre el salario y los derechos o el empleo”[23].
En la Argentina, el gobierno kirchnerista de Alberto Fernández es más hipócrita. En diciembre pasado firmó un “Pacto Social” con las cámaras empresarias y la principal central sindical (CGT), en el que se propone alcanzar «consensos de largo plazo, que vayan más allá de un período presidencial y que incluyan metas compartidas y posibles de alcanzar en distintas etapas”[24].
Esta política se repite ahora en una reunión tripartita para planificar la salida de medidas especiales por la pandemia. La propuesta mezcla algunas medidas reales con “buenas intenciones”. Lo que llama la atención es el pedido de la CGT al gobierno de aplicar “el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo que hubiese permitido a las empresas realizar despidos por ‘fuerza mayor’ pagando la mitad de las indemnizaciones”[25]. ¡La central sindical está más interesada en defender los intereses de los patrones que los de los trabajadores!
Detrás de todos estos ataques se prepara un proyecto más de fondo: la legalización de una reforma laboral completa. Fue una propuesta hecha por la UIA (Unión Industrial Argentina) el año pasado, “para reducir costos”. Los burócratas sindicales de los dos principales sindicatos industriales del país (alimentación y metalúrgicos) acompañaron a la cámara patronal en su presentación[26]. El gobierno Fernández ya había hecho un “guiño” para discutir y votar una reforma laboral con “cambios en las modalidades de contratación y empleo”[27].
Sin necesidad de hablar con eufemismos, el empresario del espectáculo y deportivo Mario Pergolini lo dice con todas las letras en una entrevista radial con un periodista: “porque es muy complicado como están armadas las estructuras formales de trabajo en la República Argentina”. Un tiempo antes, frente a los despidos en Telam (la agencia estatal de noticias) había declarado: “Sobra mucha gente”[28].
Consolidar legal y socialmente el nuevo modelo
Hemos visto que estos ataques no son nuevos y que se han profundizado con la situación creada por la pandemia de coronavirus. Pero ahora, los gobiernos de Bolsonaro y Alberto Fernández, entre otros, quieren consolidarlos legal y socialmente, aprovechando la dificilísima situación que vive la clase obrera, fragilizada y a la defensiva. Uno, Bolsonaro, lo dice de modo claro, otro, Fernández, con hipocresía… pero los objetivos son los mismos.
En realidad, se trata de una necesidad imperiosa de las burguesías de sus países. En medio de cambios en la división internacional del trabajo y en la ubicación de los países en la jerarquía internacional, Brasil ve reducida su industria, aumenta su papel de proveedor de materias primas, y un sector de su burguesía apuesta a aumentar el sector financiero parasitario (la privatización del sistema previsional con las AFP). Argentina vive una durísima crisis económica, los precios de las exportaciones agrarias no ayudan y su industria vuelve a reducirse, en el marco de ser cada vez más una “regional grande” del mercado brasileño.
Esas burguesías necesitan imperiosamente “bajar costos” para reubicarse en mercados mundiales y locales cada vez más duros, e intentarán, como siempre, que sean los trabajadores quienes paguen la cuenta. Si no consiguen convencer a los trabajadores (o derrotarlos “por las buenas” y con la complicidad de las burocracias sindicales), los gobiernos apelarán a la represión, como en el caso del Frigorífico Penta, en Argentina, cuyo trabajadores luchaban por mantener la fuente de trabajo[29].
Estas luchas concretas son imprescindibles para enfrentar la ofensiva actual y los proyectos de reforma laboral en curso. Hay que impulsarlas y coordinarlas en el marco de una verdadera guerra permanente contra la burguesía, que el combate contra el coronavirus no debe ocultar.
Pero es necesario saber que esa guerra no va a acabar en batallas parciales, incluso si logramos algún triunfo. Solo podrá terminar cuando los trabajadores tomemos el poder, hayamos derrotado definitivamente a la burguesía, e iniciado el camino de la transición al socialismo. En caso contrario, el futuro nos será muy duro y amargo.
Notas:
[2] Ídem.
[3] Ídem.
[4] Ídem.
[5] https://istoe.com.br/dono-do-madero-diz-que-brasil-nao-pode-parar-por-5-ou-7-mil-mortes/
[6] Ídem nota [1].
[8] https://www.pagina12.com.ar/256717-coronavirus-techint-despide-en-argentina-pero-se-manda-la-pa
[9] https://www.pagina12.com.ar/256518-la-firma-de-nicolas-caputo-desvinculo-a-mas-de-700-trabajado
[11] https://radiografica.org.ar/2020/04/09/represion-en-el-frigorifico-penta-detalles-del-conflicto/
[17] https://www.usa.gov/espanol/desempleo
[20] https://www.pagina12.com.ar/258296-coronavirus-medicos-y-enfermeros-de-hospitales-portenos-pide y https://exame.abril.com.br/brasil/escassez-no-sus-profissionais-da-saude-relatam-batalha-contra-coronavirus/
[21] https://www.clarin.com/mundo/contagian-curar-2-629-medicos-enfermeras-infectados-coronavirus-italia_0_VrFcehG9s.html y https://www.clarin.com/mundo/coronavirus-italia-enfermeras-suicidan-miles-medicos-muertos-contagiados_0_lY_-2U_iQ.html
[22] Tomado de https://litci.org/pt/especiais/coronavirus/italia-a-explosao-de-greves-operarias-e-para-nao-morrer/
[25] https://www.pagina12.com.ar/257317-reunion-de-alberto-fernandez-con-la-cgt-se-conformara-una-me
[29] https://radiografica.org.ar/2020/04/09/represion-en-el-frigorifico-penta-detalles-del-conflicto/