Con la aceleración de la crisis económica a causa de la COVID-19, hemos visto como en los últimos meses miles de trabajadores y trabajadoras hemos sufrido las consecuencias de la crisis de manera desproporcionada. En la excepcionalidad de las circunstancias, nuestros derechos están comprometidos por una gestión nefasta del gobierno estatal y de los gobiernos autonómicos.
La crisis sanitaria y económica ha puesto de relieve numerosos problemas estructurales propios del capitalismo, uno de ellos sigue siendo la carencia generalizada de vivienda asequible y la falta de voluntad de los gobiernos neoliberales de asegurar un derecho tan fundamental como es el de disponer de un techo. Con el establecimiento del período de cuarentena y la imposición de ERTEs y EREs, la situación habitacional es más dramática que nunca. Muchos ERTEs no se han cobrado, otros muchos se han transformado en ERÉS definitivos y, por lo tanto, en despidos masivos de los cuales los grandes sindicatos, CCOO y UGT, han sido uno de los grandes árbitros, con la complicidad de CGT. Esta situación no hace más que propiciar que la clase trabajadora nos quedemos en la calle por no poder pagar el alquiler.
Es por eso que se nos presentan datos tan alarmantes como el hecho de que 350.000 familias se encuentran en situación de vulnerabilidad económica a raíz de la crisis en el Estado Español. Estas familias dedican casi la mitad de sus ingresos (48%) a pagar el alquiler, lo cual deja a much@s sin posibilidad de asumir otros gastos tan básicos como la luz, el agua o incluso la comida . Los impagos se han triplicado desde el comienzo del Estado de Alarma en marzo, escalando de un 5% a un 15%, dejando en evidencia la dificultad de los inquilinos de asumir el coste de la vivienda con la reducción o la pérdida completa de ingresos.
Para much@s el llamamiento masivo a confinarse ha supuesto graves dificultades a causa de unas condiciones habitacionales inadecuadas: pisos minúsculos con alquileres desorbitados, carencia de ventilación, necesidad de compartir con varias personas, etc. Para otros el confinamiento ha sido directamente imposible de hacer efectivo por la carencia de techo. Esta situación prepara el terreno para la propagación del virus entre los sectores más vulnerables donde no se puede hacer efectiva la distancia social o el confinamiento. Además, mientras cierran bares y restaurantes e imponen el toque de queda, seguimos confinados en pisos insalubres, seguimos yendo a trabajar y cogiendo el transporte público en masa.
La solución del gobierno ha pasado por la moratoria del alquiler o hipoteca durante los meses de confinamiento y los 4 meses posteriores o créditos para pagar alquileres con pocos requisitos y un interés muy bajo. Esta medida para muchos implica un endeudamiento imposible de asumir que sólo se sumará al ya elevado coste del alquiler. Del mismo modo, las ayudas económicas promulgadas por Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, así como la renta garantizada y la parada de los desahucios sólo durante el período de confinamiento se presentan como medidas insuficientes y a corto plazo para dar solución a la crisis habitacional que vivimos. Y todo esto sin tener en cuenta que las plataformas digitales se encuentran completamente colapsadas, con períodos de espera eternos para ser atendidos telefónicamente y la falta de medios entre una parte de la población (que no tienen dispositivos electrónicos o no saben hacer uso de éstos) que hace casi imposible el acceso a estas ayudas.
Pero la falta de voluntad política del gobierno no es el único problema que nos aleja de una solución definitiva al problema habitacional. Del mismo modo, la crisis de la COVID-19, a pesar de haber supuesto una agravación significativa, no ha sido la causante de una crisis habitacional que se puede calificar de estructural y endémica.
Aunque pueda parecer que gobiernos autodenominados progresistas, trabajen por una mejora, las políticas y medidas varias acostumbran a abordar el problema de forma superficial. Tanto es así que ningún gobierno ha sido capaz (y probablemente tampoco dispuesto) a poner fin a la especulación generalizada o a la priorización de los intereses del sector inmobiliario y la banca.
En ciudades como por ejemplo Barcelona, donde en 2019 había 10.052 pisos vacíos , las políticas del Gobierno del Cambio de Ada Colau han estado muy lejos de cumplir su propio programa en materia de vivienda y de dar soluciones reales. A pesar de haber impulsado varias medidas, como por ejemplo la obligación de las constructoras de destinar el 30% de sus edificaciones a viviendas sociales, la situación en la ciudad está muy lejos de estar resuelta, con los precios de los alquileres al alza a causa de la altísima demanda o el aumento del sinhogarismo (de un 83% desde el 2008 ). Lo mismo sucede en ciudades como Sabadell, donde los esfuerzos del gobierno de la Crida- que llegó a admitir que no tenía herramientas para hacer frente al problema de carácter estructural- han sido en vano, resultando en el incumplimiento del “Pla Local d’Habitatge” que prometía el incremento del parque público de alquiler en un 63%.
Mientras que gobiernos progresistas confían en posibles cambios desde las instituciones y, finalmente, se quedan muy lejos de cumplir sus promesas, los gobiernos al servicio de la burguesía capitalista ni siquiera se esconden en su intento de favorecer grandes fondos buitres, la banca, grandes tenedores, etc. Son las mismas instituciones que, de forma generalizada, contemplan la vivienda como un derecho fundamental, como es el caso de la misma Constitución Española, la UE o las Naciones Unidas, pero son completamente incapaces de asegurarlo.
La Generalitat de Catalunya, a pesar de haber impulsado proyectos como por ejemplo el “Pla pel Dret a l’Habitatge” o el “Fons de’Habitatge Social”, solo es capaz de proponer medidas reguladoras paliativas y completamente insuficientes. Así, la bolsa de pisos de emergencia de la Generalitat ha pasado del 2015 al 2018 de 200 a 370 pisos, mientras que los solicitantes superan las 700 personas y, en Sabadell con el intento frustrado de la Crida-ERC con el ya mencionado “Pla d’Habitatge”, sigue mostrando cifras tan preocupantes como el hecho de que hay 12 desahucios cada semana.
Hace falta también hacer una especial mención a la ley que se aprobó el pasado 9 de septiembre del 2020 en el Parlamento de Catalunya que regula los alquileres en 60 municipios catalanes. Esta nueva ley permitirá poner límite al precio de los alquileres y se prohibirá la subida de precios por parte de los tenedores en ciudades que se consideran “en mercado de vivienda tensa”, en concordancia con un Índice de Referencia propuesto por la Generalitat. El “Sindicat de Lloguaters” considera que la ley “encarna los deseos de una parte muy amplia de la sociedad civil” y es una victoria en la lucha, encabezada por el mismo, que vienen librando desde el 2017. Aun así, también reconocido por el mismo sindicato, esta es una “regulación de mínimos” que supondrá sólo una bajada moderada y que, ni de lejos, pondrá fin al favorecimiento de la especulación en materia de vivienda.
La aprobación de la ley de regulación de alquileres, a pesar de ser necesaria, pone de manifiesto que los medidas a corto plazo y paliativas son insuficientes. Del mismo modo, la situación dramática que ha provocado la gestión de la crisis sanitaria, nos plantea un escenario en el cual la única alternativa viable es la organización y lucha por la defensa de la vivienda como un derecho fundamental. Una lucha con completa desconfianza en las instituciones burguesas que, como ya han probado, sólo favorecerán los intereses del sector inmobiliario y de la banca. Es, por lo tanto, completamente evidente que la vivienda asequible para tod@s es completamente imposible de lograr dentro del sistema capitalista. Tenemos que hacer frente a este asalto en la vida orquestado por políticas neoliberales que conducen al endeudamiento de las trabajadoras y el pueblo pobre y al empeoramiento de sus condiciones de trabajo. Así, las trabajadoras más afectadas por la subida de los alquileres y la imposición de créditos inmobiliarios usureros, los jóvenes (que han visto los ingresos disminuir un 8,3% desde el 2008), los migrantes, las mujeres, entre otros sectores, nos tenemos que organizar:
- Por la prohibición de los despidos y la recuperación de todos los lugares de trabajo perdidos y en contra de la imposición de ERTEs y EREs. ¡Si no cobramos, no pagamos!
- Exigimos la expropiación de pisos en manos de entidades financieras y damos total apoyo al movimiento de ocupación de estos pisos vacíos.
- Reclamamos la implantación de parques de viviendas públicas bajo control popular, de equipaciones permanentes por pérdida repentina de vivienda y un plan de choque social ante las consecuencias de la crisis.
- ¡Exigimos la prohibición de todos los desahucios ahora y después de la crisis!
- Y, en general, reclamamos el derecho universal e inalienable de todo el mundo a una vivienda digna. ¡Ni morir de COVID, ni de hambre, ni de vivir en la calle!