Para ver si es necesario modificar algo, es preciso saber qué paso hasta ahora; si no, de nuevo nos encontraríamos como humo en forma de Pacto de Estado.
Cuando dicen que este pacto es “histórico”, están diciendo que la Ley Integral de ZP se quedó atrasada, que no sirvió para acabar con la violencia contra las mujeres; cuando todos habían dicho en su momento que era una de las más avanzadas de Europa. Y este balance no solo ha de hacerse teniendo en cuenta la opinión de abogadas, fiscales (fiscales del Estado español, que se caracterizan por su «independencia» del poder político), agentes sociales,… que han intervenido en la Subcomisión, sino llamando a las propias mujeres que sufren o han sufrido la violencia, no solo en el ámbito familiar, sino en otros como el laboral, prostitutas, inmigrantes, jóvenes, mayores…
Máxime, si es cierto lo que estas “expertas” afirman, que la violencia tiene un carácter de clase, que “hay un vínculo claro entre los índices de la violencia sobre la mujer y la mayor brecha salarial entre hombres y mujeres, la desigualdad socio-económica y la tasa de paro de larga duración de los hombres”.
Intentaremos hacer un análisis lo más ajustado y sintético posible, para ver si realmente estamos ante un “pacto histórico”, que supera a una ley también considerada “histórica”; o por el contrario, lo que se demuestra es que las palabras en una ley burguesa se convierten en humo cuando se trata de proteger a las mujeres, y, en concreto, a las mujeres trabajadoras.
La ley fracasó, sí, como fracasará este Pacto, por muy históricos que se presenten ambos, porque los hechos son tozudos. La violencia machista no ha cesado ni tiene trazas de hacerlo, pues tiene un vínculo, un cordón umbilical con la violencia sistémica que es la del propio sistema capitalista, que las hace inseparables.
Pero no solo fracasó por ser epidérmica respecto a la violencia machista, sino porque se quedó a mitad de camino en la vía judicial e institucional. Hay muchas provincias que no cuentan con ningún juzgado especializado, y solo hay 106 juzgados exclusivos, frente a 355 mixtos. Solo existen 24 juzgados de lo Penal especializados en todo el Estado. Por otro lado, aunque existan mecanismos de instrucción y secciones en la Audiencias provinciales para los casos más graves, en la vía intermedia, donde se instruyen la mayoría de los delitos no existen juzgados especializados, que centralicen el trabajo de la administración de justicia; una administración especialmente golpeada por los recortes del gobierno.
En pocas Comunidades Autónomas se han creado las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género que ayuden con informes de Medicina Legal a los especialistas que proporcionan las pruebas en los delitos de violencia de género. Lo único con lo que cuentan estos Juzgados es con la valoración que hacen las Fuerzas de Seguridad del Estado en la denuncia, indicando el “estado emocional de la mujer”; una FSE que reproducen los estereotipos machistas.
En conclusión, nos podemos hacer una idea de que tras 13 años, no hubo una clara voluntad política para la implementación de la ley de ZP. Ni tan siquiera en las medidas que a ellos les gustan, las judiciales, son capaces de ir hasta el final, que no va a suceder con otras como el educativo, el sanitario o el publicitario (sí, es el que utiliza hasta la saciedad los mecanismos ideológicos del machismo para vender productos). Veamos, si no, qué sucedió con el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género, que, como su nombre indica, buscaba prevenir y sensibilizar a la población en base al respeto a los derechos y libertades, así como la igualdad de hombres y mujeres. Plan del que sólo conocemos un balance y una Comisión de seguimiento que se crearía en el plazo de un mes, en el 2006. Nunca funcionó.
Ésta es la realidad del fracaso, no hay voluntad política de acabar con esta violencia, algo que pondría patas para arriba el mismo sistema.