La sentencia de la Audiencia de Navarra en el caso de «La manada«, absolviéndolos del delito de violación, agresión e intimidación, ha suscitado la indignación de millones de personas, en especial de las mujeres. Las calles se llenaron de manifestantes expresando su indignación. Las firmas para reclamar la inhabilitación de los magistrados/as encargados de dictar la sentencia superaron el millón en cuestión de horas. La indignación fue aún mayor al conocerse el voto particular de uno de los magistrados, Ricardo González, pronunciándose por la absolución y defendiendo que lo que se aprecia en el vídeo es «sexo en un ambiente de jolgorio».

Para sus señorías, no hay violencia ni intimidación en que cinco energúmenos metan a una mujer en un portal, la acorralen y coaccionen y, aprovechándose de su superioridad física y numérica, la sometan a relaciones sexuales no consentidas y sin preservativo. No importa tampoco que cuatro de ellos estén investigados por otra agresión sexual a otra joven en Pozoblanco (Córdoba).

 

¿A QUIÉN DEFIENDEN ESTOS JUECES Y ESTA JUSTICIA?

La sentencia y la tipificación del delito ponen sobre el tapete que las decisiones judiciales en el caso de mujeres agredidas, siguen repletas de tópicos y prejuicios machistas y retrógrados.  De ese machismo infame están llenas las leyes y su interpretación judicial.

En rigor, la ideología que emana de las sentencias parece feudal: se  obliga a la propia víctima a tener que demostrar su inocencia, a «demostrar que se ha defendido con ‘uñas y dientes’ durante la agresión», eso cuando no es ella misma “quien la ha provocado con su forma de vestir o de comportarse» (“sentencia de la minifalda” de 1989).

¿Qué le piden estos jueces a las mujeres? ¿Que se resistan a la agresión sexual poniendo en riesgo sus vidas? Lamentablemente la sentencia muestra que es así, que se rigen por una lógica reaccionaria, machista y clerical. ¿Su modelo es el de Santa María Goretti o Santa Inés, canonizadas por la Iglesia católica porque «prefirieron morir» defendiendo su virginidad antes que «ofender a Dios«? ¿No se acuerdan de las palabras de la madre de Cristina Iglesias tras el funeral (2016): «A mi hija la mataron porque se resistió a su violador»?

Esta es la moral en la que sustentan su justicia, en un país donde una mujer es violada cada ocho horas y sólo una de cada 8 se decide a presentar denuncia.

 

LA VARA DE MEDIR DE LA CASTA JUDICIAL 

La judicialización de buena parte de la vida política y social es una de los rasgos distintivos de la situación actual. La crisis galopante del Gobierno que hace aguas; la parálisis de ese supuesto órgano de la soberanía popular que es el Parlamento y el descrédito general de todo el régimen, incluido el Rey, ha dado a los jueces y magistrados una enorme relevancia en la vida política y social, desde Altsasu a Pamplona, pasando por Cataluña o los interminables casos de corrupción.

La visión «imparcial», «equilibrada» y «justa» de estos magistrados es la que hace que consideren incitación a la violencia las letras de un rapero; terrorismo una pelea nocturna en el bar de un pueblo en fiestas, sedición y rebelión la convocatoria de un referéndum y, en cambio,  NO VEAN violación en la actuación de “La manada”.

La balanza de la justicia en este país está ostentosamente inclinada a la derecha, apesta a franquismo, a machismo y a casta servil de las clases dominantes. La sentencia pone sobre el tapete no solo la Ley sino también a quienes la administran.

Hasta el Gobierno del PP se ha visto obligado a salir a la escena y hablar de «revisar el Código Penal». Ese Código que desde 1995 han revisado cinco veces, siempre para acentuar la represión y recortar las libertades pero nunca para definir el delito de violación en base al criterio más elemental: NO ES NO y toda relación sexual no consentida es violación. Ese principio rige ya en siete países europeos tras años de lucha. Aquí no se quiso aceptar a pesar de las sugerencias del movimiento de mujeres y  juristas feministas en la reforma del 2015.

 

SOLO DESDE LA CALLE CAMBIAREMOS  LAS COSAS

La reacción del Consejo General del Poder Judicial, de los Fiscales y las asociaciones de jueces, incluidas las «progresistas», ha sido la propia de una casta, que repudia por «desproporcionada» la respuesta de la calle. Pero como se ha demostrado con las pensiones, ni Gobierno ni institución alguna mueven un dedo hasta que  la calle les obliga.

Exigir que se modifique el Código Penal (calificando como delito de violación toda relación sexual no consentida) y que se depure la judicatura, pone el dedo en la llaga de una institución, «la Justicia», que pasó del franquismo a la «democracia» sin depuración alguna. Lo mismo que ocurrió con la policía, guardia civil, militares y altos funcionarios franquistas, que siguieron en sus puestos y con sus crímenes impunes.  Esta pesada herencia está en la explicación de fondo de lo sucedido en Pamplona.

Esperar que esta gente incorpore de manera voluntaria una perspectiva de género a las leyes y que además formen en ello a los jueces es como apelar a los milagros.

El único atisbo de «democratización» de la judicatura, muy leve y muy parcial, fue la instauración del Jurado, que llegó casi 20 años después de la Constitución del 78. Sin embargo desde su entrada en vigor, ningún gobierno del PSOE y del PP lo ha promocionado y muchos jueces y fiscales lo han torpedeado, a pesar de que sólo supone el 0,04% de los juicios penales.

 

QUE LA LUCHA NO PARE Y FIJE SUS OBJETIVOS

«No estás sola” es una de las consignas más coreadas estos días, mientras prosiguen las manifestaciones, asambleas  y actos de apoyo a la joven agredida. Ese es el camino, al que se trata de sumar más mujeres y hombres, a las organizaciones sindicales, sociales y políticas, de llevarlo a los barrios, empresas, universidades, institutos, asambleas de pensionistas…

Pero no se trata solo de manifestar nuestra indignación mientras dejamos en manos del Gobierno,  los jueces y los partidos del régimen las medidas a adoptar. Por eso, es necesario  que las organizaciones obreras, democráticas y de mujeres, construyamos juntas/os un Plan de medidas de urgencia basado en:

1.- Modificación inmediata del Código Penal calificando como delito de violación toda relación sexual no consentida: NO es NO.

2.- Depuración del sistema judicial comenzando por la inhabilitación de los/as jueces implicados en la sentencia de  “La manada”.

3.-  Elección democrática de fiscales y jueces por los ciudadanos/as.

4.- Generalización del Jurado, garantizando formación a la población y en concreto contra el machismo.

5.-  Exigir la formación en violencia machista de todo el personal que atiende a quienes la sufren, tanto en el ámbito judicial y policial como en el social o sanitario.

6.-  Educación sexual y en valores de igualdad obligatoria en las diferentes etapas educativas.

7.-  Promover la autodefensa de las mujeres frente a las agresiones.

8.- Aumento de fondos en los Presupuestos del Estado para los recursos y protocolos de atención sanitarios para mujeres que sufren agresión sexual.

9.- Prohibición de la pornografía y la publicidad degradante de la mujer, fuente de negocios multimillonarios.