El Gobierno aprobó el martes 17 de mayo el Anteproyecto de una nueva Ley del aborto que, entre otras medidas, pretende devolver la capacidad para abortar a las menores de 16 y 17 años sin consentimiento parental y ampliar algunos derechos.
Un anuncio que no pasa de ser una más de las muchas medidas de autobombo y propaganda triunfalista a las que nos tiene acostumbradas este Gobierno, en el que ni siquiera explican cómo piensan garantizar que las IVE (Interrupción voluntaria del embarazo), se lleven a cabo en centros sanitarios públicos, sin formar al personal sanitario y sin reforzar la maltrecha Sanidad Pública. Con la nueva Ley del aborto, éste no se despenaliza por completo y únicamente quien disponga de tarjeta sanitaria, tendrá derecho a él, con lo cual, SIGUE SIN ESTAR GARANTIZADO. Y en embarazos de más de 22 semanas, seguirá siendo necesario un comité evaluador, que sólo permite el aborto si considera que el feto no puede sobrevivir.
El anteproyecto contempla una incapacidad laboral temporal, específicamente pensada para reglas dolorosas y asumida por la Seguridad Social desde el primer día. Un anuncio que ha suscitado mucho debate e incluso discrepancias dentro del propio gobierno sobre la forma y fondo del permiso.
Evidentemente, estamos de acuerdo con la medida. Pero la pregunta es cuántas personas se atreverían a acogerse a ella, con los actuales niveles de paro y precariedad y con las facilidades para el despido fácil y barato que se mantienen con la nueva Reforma Laboral. A esta supuesta baja, sólo podrían acogerse quienes tengan un diagnóstico médico. En 2021, 1 de cada 6 pacientes esperó más de 10 días para ver a su médico. De nuevo, ¿cómo piensan hacerla efectiva sin reforzar la Atención Primaria?
Lo mismo podemos decir de la supuesta garantía de Educación Sexual, que ya contempla la Ley actual, pero que seguirá siendo papel mojado, mientras este Gobierno no saque a la Iglesia de la Educación Pública y ésta tenga más recursos. Habla de formación específica al profesorado y funcionariado sobre salud sexual y menstrual, y de educación sexual basada en el consentimiento en las principales etapas educativas, medidas que desde Corriente Roja venimos reivindicando desde hace años, pero seguimos preguntándonos, con qué recursos van a financiar esa formación si son incapaces de hacer fijos y fijas a las interinas en fraude de ley y siguen sin destinar el 6% del PIB a Educación Pública.
Se habla de entregar de forma gratuita productos de higiene menstrual en institutos, prisiones y centros sociales. Pero el objetivo de rebajar o eliminar el IVA ha caído. Más de la mitad de la población menstrua y necesita estos productos, que deberían ser considerados de primera necesidad y estar garantizados por el Estado a toda la población que los necesite, incluyendo también los pañales, que actualmente tienen un IVA del 21%.
Por último, señalar que los avances que propone este anteproyecto de Ley no son ningún regalo, sino el fruto de la lucha por reivindicaciones históricas. No tenemos NINGUNA garantía de que la nueva Ley del aborto pueda ser aprobada dentro de la actual legislatura. Sólo tenemos que ver lo que ha ocurrido con la Ley de libertad sexual, más conocida como la Ley del Solo Sí es Sí, que seguimos esperando. Igual podemos decir de la Ley Trans o la Ley de derechos LGTBI, que se abrió a consulta pública hace ya dos años.