El pasado día 5 de octubre, el Gobierno de PSOE-Unidas Podemos empezó a mostrar algunos de los acuerdos a los que han llegado frente a la aprobación de una Ley estatal para la vivienda, la primera a nivel estatal. Es necesario recordar que, con anterioridad a ésta, el gobierno catalán ya había iniciado su propia Ley, que actualmente se encuentra recurrida al Tribunal Constitucional.
Así mismo, es necesario tener presente que toda esta negociación se da en el marco de las negociaciones de los presupuestos estatales, y en el marco de los compromisos que hay con Bruselas para los Fondos europeos. El ejecutivo comentó que la previsión, es que la Ley quede aprobada durante el segundo semestre de 2022.
1. La futura Ley de vivienda se empieza a perfilar…
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la califica como “una Ley preciosa”. Para crear un clima de predisposición frente a la futura Ley, los primeros acuerdos han venido acompañados del anuncio de una medida para “fomentar” la emancipación juvenil. En concreto, se trata de una ayuda al alquiler presupuestada en 22 millones de euros, que consistirá en una ayuda de 250€ mensuales durante 2 años para pagar el precio del alquiler a jóvenes de entre 18 y 35 años con salarios inferiores a 23.725€ anuales. Según Pedro Sánchez, ésta será una política pública destinada a “reducir la edad de emancipación de l@s jóvenes para que puedan acceder a una vivienda de alquiler, con el apoyo de la Administración del Estado”.
Aunque aún no sabemos muchas de las medidas de esta Ley, ni cómo se implementarán, de entre lo acordado, destacan las siguientes medidas:
- Por un lado, por primera vez, se tomarían medidas para regular el precio del alquiler a nivel estatal. El objetivo es que el gasto en alquiler y suministros no supongan más del 30% del salario del presupuesto de la vivienda, pero esto, sólo en zonas definidas como “tensionadas”.
No obstante, esta medida es de implementación opcional, es decir, se cede su ejecución a las CCAA, hecho que ya ha permitido que gobiernos como el de la Comunidad de Madrid hayan expresado su negativa a aplicar ninguna medida en este sentido. Por otro lado, tampoco se prevén sanciones para los incumplimientos de la Ley, dejando en manos de las administraciones esta materia, ya sea mediante sanciones o impuestos.
- Buena parte de esta “incierta” regulación se quiere llevar a cabo mediante incentivos fiscales. En esta línea, se quiere beneficiar a aquellos propietarios que rebajen los alquileres a sus inquilinos, llegando al punto de obtener una rebaja del 90% del IRPF para estos propietarios, a cambio de una rebaja del 5% en el alquiler.
- También se alargan los períodos de ejecución de los desahucios un mes más. De esta forma, los desahucios, donde la parte demandante es un particular, quedarían prorrogados hasta al cabo de 2 meses y, en el caso de grandes propietarios, hasta los 4 meses. Por otro lado, la moratoria de los desahucios que se aprobó en el marco de la pandemia, y que caducaba en noviembre, se prorroga hasta el 28 de febrero, sólo para aquellos casos que puedan demostrar su “estado de vulnerabilidad”.
- En cuanto a los millones de viviendas vacías por todo el estado, hay la voluntad de “sancionar” fiscalmente a sus propietarios por el tiempo que los tengan vacíos, a partir de un aumento del IBI anual. La decisión de aplicar estos incentivos o no, se dejará en manos de cada ayuntamiento.
- Finalmente, se daría cobertura legal a las medidas que ya aplicaban algunos ayuntamientos, de destinar el 30% de las nuevas promociones a la vivienda social, ya sea de alquiler social o de alquiler reducido.
2. ¿Estas medidas darán respuesta a la actual crisis habitacional?
La futura Ley nacerá en un contexto duro, de post-pandemia, donde los desahucios nunca se han llegado a detener del todo y de hecho, prometen y van en aumento de forma preocupante. Por si no fuera poco, ha aumentado mucho la represión contra el movimiento okupa y antidesahucios.
A continuación, y con tal de responder a si estas futura medidas son pertinentes para enfrentar la crisis habitacional, os presentamos algunos datos que permiten hacernos una idea de la dramática situación de la vivienda en el Estado español:
- En 2020 se ejecutaron 29.406 desahucios. Solo en el primer trimestre de 2021 se llegó a los 10.961, un incremento del 13,4% respecto al mismo periodo de 2020, según el Consejo General del Poder Judicial. Estos datos no tienen en cuenta los “Desalojos invisibles”, provocados por subida del alquiler y/o mobbing inmobiliario.
- El precio del alquiler ha venido disparándose los últimos 5 años, hasta llegar a un incremento del 41% del precio. En 2016 se pagaban 592€ de media y, en 2021, 835€ (Expansión 24/08/21).
- 3.443.365 viviendas permanecen vacías desde 2011, una cifra que, sin duda, ha ido en aumento.
- Hay cerca de 40.000 personas que se encuentran en situación de sinhogarismo a las que hay que sumar las personas que viven en situación de infravivienda.
- Finalmente, los problemas asociados a la crisis y, en especial a la vivienda y los desahucios derivados, han venido acompañados de una dramática subida de los suicidios. Según datos del INE, en 2019, 3.671 personas se suicidaron por estos motivos. Todo, en un clima que ha venido agravándose con la gestión capitalista de la pandemia, que ha empeorado la crisis que venimos viendo y ha provocado un aumento vertiginoso de los trastornos de salud mental.
- Por si no fuera suficiente con la grave situación de la vivienda, esta se enmarca en un mercado laboral destrozado por la gestión de la pandemia y profundamente precarizado por las reformas laborales de los últimos años del PP y PSOE. Este aspecto es tan, o más importante que el de la vivienda, ya que es el que, en buena parte, determina la posibilidad de emanciparse o no por parte de la juventud, y garantiza el acceso a una vivienda.
A continuación, algunos datos para reflejar el contexto laboral en el que nos encontramos la clase trabajadora:
- En el primer trimestre de 2021 la tasa de paro llegó al 15,9%, que supone 3,65 millones de parad@s, según datos del INE.
- El Estado Español es el tercer país donde más personas cobran el SMI, llegando al 44% de salarios.
- En un 26,8%, la tasa de temporalidad en España se sitúa como la más alta de todos los países de la Unión Europea. De hecho, ésta, prácticamente duplica la del resto de países de la UE, que se sitúa en un 14,2%.
Es necesario, entonces, plantearnos seriamente si las medidas anunciadas por el Gobierno PSOE-UP serán suficientes y adecuadas para dar una respuesta a la emergencia social y a la crisis dramática de la vivienda. Veámoslo.
3. La cara B de estos acuerdos
Estos acuerdos que, de nuevo, el Gobierno ha vendido como un enorme avance en materia de vivienda por su carácter “social y a favor de l@s más vulnerables”, requieren leer la letra pequeña y con lupa. Es de esta forma como podemos observar sus grandes debilidades y elementos que limitan de forma clara su alcance, aplicación y capacidad para revertir la crisis habitacional.
Si observamos profundamente los acuerdos, podemos observar que:
- Des de el punto de vista de las regulaciones del precio del alquiler se deja mucho margen a las administraciones locales para que la apliquen según su criterio. Esto ya ha provocado, por ejemplo que la Comunidad de Madrid anuncie que no la aplicará. Por otro lado, se limita su aplicación a las zonas llamadas “tensionadas”, un término que puede permitir que a la hora de la verdad, su implementación quede muy localizada y reducida.
Como si no fuera suficiente, y como factor determinante, es necesario tener en cuenta que solo se busca aplicar esta medida a nuevos contratos de alquiler y que no obliga a aplicar la regulación a los propietarios, que incluso pueden subir el precio del alquiler.
Así, la regulación de los alquileres queda arrinconada a una simple declaración de intenciones y a unos inútiles incentivos fiscales que, encima, acaban suponiendo un coste para los presupuestos públicos.
- En cuanto a los pisos vacíos, las sanciones mediante multas o recargos de impuestos como el IBI, no tienen ningún impacto en la reducción de las viviendas vacías por todo el Estado cuando estos están en las garras de un puñado de banqueros y especuladores que hacen negocio de un derecho que es nuestro. Una subida del 150% en el IBI puede afectar a algún pequeño propietario, pero para nada a los grandes propietarios.
- Por lo que respecta a la ayuda a la juventud, que comentábamos anteriormente, su alcance es ridículo según el presupuesto que proponen, ya que solo podrían beneficiarse entre 40.000 y 50000 jóvenes, teniendo en cuenta que hay más de 4.000.000 de jóvenes que reúnen estas condiciones. No es necesario hacer grandes cálculos para ver que esta ayuda llegará a un humillante 1% de jóvenes que podrían beneficiarse. Además, la falta de medidas reales para evitar la subida de los precios del alquiler puede provocar que los propietarios, conscientes de la nueva ayuda, aprovechen para subir el alquiler, suponiendo que sea un efecto inflacionista, que acabe traduciéndose en regalar nuestro dinero público a los propietarios.
4. ¡Exigimos un plan de emergencia social real que permita afrontar la grave crisis habitacional!
Por todo esto, desde Corriente Roja valoramos desde la máxima desconfianza el anuncio de los acuerdos del Gobierno PSOE-UP. Las sanciones e incentivos voluntarios por parte de la administración a los grandes propietarios no van a resolver ni la especulación con los pisos vacíos ni acabarán con los desahucios y el aumento desenfrenado de los precios del alquiler. Es por eso que creemos necesario un plan de emergencia social real que dé respuesta a las necesidades de vivienda actuales y permita a la juventud emprender su proyecto de emancipación.
En esta línea, desde nuestra organización creemos necesario que este plan incorpore los siguientes ejes, esenciales para revertir la crisis habitacional que vivimos la clase trabajadora y el pueblo pobre de todo el Estado. Es por todo esto que exigimos:
- La prohibición indefinida de los desahucios, extensiva hasta todos aquellos casos en que la situación no es solo debida a la COVID. No es necesario recordar que esta crisis viene desde mucho antes de la pandemia. Prorrogar los desahucios no soluciona esta vulneración de un derecho tan básico como el de la vivienda, sino que lo retrasa.
- Exigimos el fin de la represión en los desahucios, anulaciones de multas y amnistía para l@s represaliad@s, especialmente en los casos de pisos okupados. Mientras que no se pueda garantizar el derecho a la vivienda para toda la población, es necesario dar apoyo a las okupaciones de las viviendas vacías en manos de grandes propietarios. Creemos firmemente que éstas, por ser efectivas y estar al servicio de l@s más explotad@s y oprimid@s, se tienen que llevar a cabo desde la autoorganización colectiva obrera y popular, siguiendo el ejemplo de movimientos como la PAH.
- La expropiación sin indemnización de las viviendas en las garras de la banca y los fondos buitre, que las tienen vacías para especular y hacer de un derecho, un negocio.
Así mismo, es realmente necesario y urgente la expropiación de las compañías eléctricas, de gas y agua para poder regular los precios y hacerlos accesibles para todo el mundo.
- Sólo de esta forma, podremos avanzar hacia la construcción de un parque de viviendas público y bajo control popular que permita blindar el acceso universal a una vivienda digna.
- Todas estas reivindicaciones tienen que ir acompañadas y de la mano de las reivindicaciones laborales y sindicales que sirven para afrontar la precariedad que vivimos día tras día y nos permitan el acceso a una vivienda digna. Y es que precariedad habitacional y laboral son dos caras de la misma moneda. Es por eso que es necesario luchar para la derogación de reformas laborales y de pensiones tanto del PP como del PSOE.
- Es necesario también realojar a l@s miles de personas sin techo o que viven en infraviviendas a viviendas adecuadas. Los sectores vulnerables tienen que tener prioridad en la asignación de pisos sociales, en caso de que no estén disponibles, tienen que disponer de un albergue donde vivir de forma transitoria.
5. La única forma de confrontar la crisis habitacional es desde la calle y la unificación de las luchas
Es por todo esto que exigimos al Gobierno PSOE-UP que no nos vendan gato por liebre, que deje de prometer humo y autoelogiarse constantemente con medidas de maquillaje insuficientes, ridículas, humillantes e inaceptables en el marco de una crisis habitacional sin precedentes que lo único que hacen es perpetuar el objetivo de la lógica política de siempre: enriquecer a l@s ric@s y que l@s pobres paguemos sus crisis.
Somos, no obstante, plenamente conscientes de que estas medidas no nos las van a regalar desde el Parlamento o el Congreso ni teniendo este, su mejor composición posible. Lo venimos viendo con ejemplos como Podemos, que venían a “asaltar los cielos” contra el bipartidismo del PP-PSOE y han terminado siendo la mano derecha y fiel del PSOE a cambio de formar parte de un Gobierno desde donde, lejos de cambiar nada, han ido abandonando de forma drástica sus reivindicaciones más sociales con la excusa de querer hacer “girar a la izquierda” un Gobierno que desde el minuto 0, ha estado y es un Gobierno sometido al régimen del 78, a la banca y a la patronal.
Es por eso que aprovechamos desde aquí para invitar a Podemos a dejar de hacerle el juego y ser cómplice de un Gobierno marioneta del BCE y el FMI que no será nunca ni progresista ni socialista. Es necesario confrontar y romper, desde ya, con este Gobierno.
Lejos de lo que nos quieren hacer creer con el parlamentarismo institucional y su falsa democracia de salón, vivimos en un mundo gobernado por las grandes multinacionales, bancos y especuladores que dictan nuestro día a día desde los muros del régimen del 78 y sus instituciones.
Por todo esto hacemos un llamado a l@s activistas, movimientos sociales, sindicatos y organizaciones a salir a la calle para construir una alternativa combativa y autoorganizada para hacer frente a la emergencia habitacional, unificada con el resto de movimientos y reivindicaciones obreras y sociales. Al fin y al cabo, la crisis de la vivienda no es una burbuja aislada del sistema en el que vivimos, sino todo lo contrario, una pieza más del engranaje, originada por la especulación con un derecho y la precariedad del mercado laboral, entre otras problemáticas que vivimos día tras día.
Como ha demostrado la historia repetidamente, las luchas unificadas y cohesionadas han conseguido derribar muros que parecían de granito y sistemas y regímenes que parecían de acero.
Notas:
Ignacio, Gil (2014). El alquiler de las viviendas vacías en España supondría más de 25.600 millones de euros al año. ABC. https://www.abc.es/economia/20140718/abci-viviendas-alquiler-vacias-millones-201407172108.html
El pais. España es una promesa incumplida: https://elpais.com/espana/2021-06-20/espana-es-una-promesa-incumplida.html