El pasado viernes 29 de mayo, el Consejo de Ministros aprobó el Ingreso Mínimo Vital (en adelante IMV). Tanto el Presidente Pedro Sánchez, como el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias han declarado la aprobación del IMV como «una medida histórica», «un nuevo pilar de nuestro Estado del Bienestar, que hará de España un país más justo y solidario” según el Presidente del Gobierno.

Para saber el resultado práctico de la medida es obligado esperar a su aplicación. Ya hemos visto la prohibición del despido, que no es tal; los ERTES para que no haya despidos, que tampoco resulta ser así; las ayudas a los autónomos, que no llegan; o los miles de trabajadoras y trabajadores que siguen sin cobrar los ERTEs.

Es cierto que la situación de miseria que viven muchísimas familias, ya desde antes y ahora agravada con la crisis económica aparejada a la pandemia, hace que cualquier anuncio de ayuda sea recibido con esperanza. No seremos pues nosotros/as quienes rechacemos un solo euro de ingreso a ninguna familia, la aplique el gobierno que la aplique. Sin embargo cualquier trabajador/a sabe que un salario de miseria no se puede rechazar cuando no se tiene otra cosa y sin embargo eso no obliga a conformarse y menos que menos a embellecer al empresario o estar agradecido/a por tan miserable salario.

Por esa razón hay que llamar a las cosas por su nombre: la medida aprobada es absolutamente insuficiente, no resuelve el drama social de miles de familias, es una «manzana envenenada» para la clase obrera y el enésimo regalo para los empresarios.

UNA MEDIDA ABSOLUTAMENTE INSUFICIENTE

La medida tiene como fin, según sus defensores, combatir la pobreza extrema. Este sutil concepto es ya todo un indicador. Los términos pobreza, riesgo de exclusión social y pobreza extrema son relativos y sujetos a consideración del gobierno de turno que aplica una medida. Según las definiciones al uso (Gobierno y Técnicos del Ministerio de Hacienda -Gestha-) pobreza extrema es la de aquellas personas que viven con ingresos por debajo del 40% de la renta media estatal, es decir, que ingresan en torno a menos de 419 euros al mes.

Según José Luis Escribá, Ministro de Seguridad Social, la medida aprobada llegará inmediatamente a 100.000 personas y acabará alcanzando en torno a 850.000 familias.

Si tenemos en cuenta que en el Estado español la media por familia es 2,5 personas, la ayuda llegará, en su desarrollo, a aproximadamente 2,15 millones de personas. Sin embargo se estima que por debajo del umbral de la pobreza hay 10 millones de personas. Así pues el 78% de las personas (año 2019) que viven por debajo del umbral de la pobreza quedan por fuera de la «medida histórica», lo que no parece ni muy justo ni muy solidario.

La medida, además, establece varias escalas que abarcan de los 461,50 euros/mes para una persona adulta entre 23 y 65 años y los 1.015 euros para las familias de un solo progenitor con 3 o más hijos/as a su cargo.

No hay mejor criterio que probar de la medicina que se receta: que los/as ministros/as y los/as diputados/as que voten esta ley prueben a vivir con ese ingreso. Que coman, paguen vivienda, vistan y tengan un mínimo de ocio con esos ingresos. Se puede alegar: ¡eso es demagogia!, ¡menos es nada!… Aceptemos por un momento esa lógica de la resignación, puede ser, pero entonces díganlo así, «menos es nada», «no se pueda dar más», «sabemos que es muy insuficiente», etc, etc, pero no llamen a semejantes migajas medida histórica, justa y solidaria.

De la insuficiencia de esta medida da fe el propio cálculo de los Técnicos de Hacienda. Según ellos: «acabar con la pobreza extrema en España costará 6.405 millones de euros al año» (EUROPA PRESS, 29 de mayo) sin embargo la medida adoptada por el gobierno, según ellos mismos, tendrá un coste de 3.000 millones de euros al año. 

Esta medida es a todas luces insuficiente para quienes tengan acceso al IMV e insuficiente porque millones de familias van a quedar excluidas de ese Ingreso Mínimo Vital, y no digamos ya los miles de trabajadores/as en situación irregular. En realidad la medida aprobada es sobre todo una «inversión» política para intentar evitar estallidos sociales.

 UNA MANZANA ENVENENADA PARA LA CLASE OBRERA Y EL ENÉSIMO REGALO PARA LOS EMPRESARIOS

Uno de los requisitos indispensables para poder acceder a la prestación es «la búsqueda activa de empleo». Los defensores de esta medida alegan que además lo «bueno que tiene» es su compatibilidad con las rentas del trabajo. Dicho de otra manera, la persona que perciba el IMV si encuentra un trabajo no pierde la prestación, «sólo» se le «ajusta». Así de claro lo explican: «Es decir, si una persona no tiene ningún ingreso, recibirá de forma íntegra los 462 euros de la prestación. Si por el contrario cobra 200 euros en un empleo a tiempo parcial, recibirá 262 euros para complementar ese salario. (La Marea, Dani Domínguez). ¿Queda claro?

El trabajador/a tendrá un salario de miseria y un empleo precario y la patronal tendrá mano de obra más condicionada a coger lo que le echen y más barata aún, porque el Estado, el mismo que le paga los ERTEs, complementará el salario miserable con otra miserable ayuda. Dicho de otra manera, con fondos públicos se cubrirá una parte del salario que deberían abonar los empresarios.

La crisis del coronavirus ha dejado a cada paso más evidencias del carácter de clase de este gobierno.

Baste ver algunas reacciones ante la medida para entender su alcance «histórico». La CEOE parecía, semanas atrás, la más reticente a la medida que se anunciaba. Pero ya el Vicepresidente del Gobierno anunciaba otro desenlace: «Además, he podido constatar en conversaciones telefónicas que grandes empresarios de grupos económicos muy relevantes también ven positiva esta medida» (@PabloIglesias 9/abril/2020). Tras su aprobación, Pilar González de Frutos, Presidenta de Unespa y vicepresidenta de CEOE, celebró «que se inyecte el ingreso mínimo vital» (Onda Cero 29/05/2020).

Otro tanto se puede decir de C´S, PP o la mismísima Conferencia Episcopal: «Personalidades tan alejadas ideológicamente del Gobierno actual como los exministros del PP Luis de Guindos o Cristóbal Montoro, o el expresidente José María Aznar, se han mostrado a favor de un ingreso temporal de este tipo (…) La Conferencia Episcopal ha afirmado que no puede alargarse en el tiempo» (La Marea, 29/05/2020). Incluso VOX, que en un primer momento se refirió al IMV como una “paguita clientelar” y más tarde afirmó “no estar en contra”, ahora parecen forzados a desmarcarse con el argumento más impresentable, el supuesto “efecto llamada sobre la inmigración”.

Por el contrario, para sectores más afines al gobierno, las organizaciones sociales defensoras de la Renta Básica (que defendió Podemos desde su origen en 2014 y ahora ha abandonado), han considerado la medida insuficiente. “El IMV poco o nada tendrá que ver con una Renta Básica Universal (RBU)”, afirman desde la Red Renta Básica, cuyo presidente, el economista Daniel Raventós, criticó la insuficiencia de la medida y su propio contenido, que valoró como «una renta para pobres”. Otras organizaciones van más allá: «Decepción e indignación es lo que sentimos», se afirma desde el Plan de Choque social; o «no llega a garantizar en ningún caso salir del riesgo de pobreza», se puede leer en el comunicado que suscriben COBAS, CGT, IAC y otras organizaciones sindicales en Cataluña.

SIN TRABAJO Y SALARIOS DIGNOS NO SE SALE DE LA POBREZA

Gobernar con medidas de rescate de las empresas a costa de la pérdida de empleo, el cierre de fábricas, la bajada de salarios vía ERTEs, mientras crece la deuda pública, es el camino seguro a mas pobreza y a la catástrofe social.

“Hay que reconstruir la economía”, afirman. ¡Verdad!, ¿pero al servicio de quién? De la pobreza y el paro solo se sale teniendo trabajo y salarios dignos, comenzando por defender el empleo que existe. Por ejemplo, salvar los empleos de 23.000 familias en Barcelona ante el cierre de la Nissan o los varios miles en Galicia y Asturias por los despidos de Alcoa y las empresas auxiliares, exige la nacionalización de esas industrias, al igual que habrá que hacer en otras tantas que amenazan con seguir por el mismo camino. Son industrias, además, que se han llevado a manos llenas fondos públicos en estos años.

La lucha contra la pobreza pasa por crear empleo digno y eso exige que el plan de reconstrucción esté al servicio de los/as trabajadores/as y el pueblo. Un plan así exigirá pasar a manos públicas y bajo control de los/as trabajadores/as las empresas e industrias fundamentales, «entre las cuales está la automoción, para hacer una reconversión que las ponga al servicio de las necesidades sociales y de la lucha contra la emergencia climática y medioambiental, donde el aumento de la productividad signifique trabajar menos y no más paro y precariedad» (Declaración de CR).

La lucha contra la pobreza exige el reparto del trabajo entre la mano de obra disponible, es decir la reducción de jornada, sin reducción del salario, para trabajando menos trabajar todos/as (lo que dijimos toda la vida y la burocracia sindical abandonó hace tiempo).

El problema es que estas medidas como otras tantas, cuyo desarrollo excede el propósito de este artículo, por más elementales y mínimas que sean exceden los límites de la propiedad capitalista y de su Estado. Los Gobiernos, incluido hoy el «progresista», no van a mover un dedo que suponga cuestionar esos límites del sistema capitalista, menos aún si es algo tan «radical» y «socialista» como pedir el reparto del trabajo o que se nacionalice una industria.

Pero ¿y con la gente que pasa hoy hambre, que necesita un ingreso porque no recibe nada o ni cobró el ERTE, qué hacemos? Pues retomar una de las más viejas reivindicaciones obreras, abandonada (como casi todo) por los dirigentes de CCOO y UGT, y exigir desde ya del Gobierno el subsidio de desempleo indefinido para todos los/as desocupados/as, en tanto en cuanto no se les garantice trabajo. ¿Eso no costará mucho dinero? ¡Seguro que sí!, pero mucho menos que seguir rescatando bancos, subvencionando los ERTEs a grandes empresas con beneficios millonarios o pagando los más de 30.000 millones de euros al año, solo de intereses, de una deuda que ni los trabajadores/as ni el pueblo creamos.

Si se tuviera voluntad política, una medida así, de rápida ejecución, podría sacar de forma inmediata de la miseria a millones de personas y acabar con las colas del hambre, mientras se pone en marcha un verdadero Plan de reconstrucción económica al servicio de las necesidades sociales y de la lucha contra la emergencia climática y medioambiental. Pero ese Plan y esas medidas sólo se pueden conseguir con la voluntad y la lucha decidida de la clase obrera y los sectores populares.