Desde hace dos años, la mayoría de los observadores analiza el proceso revolucionario de Siria “desde arriba”, en términos geopolíticos, ignorando la dinámica política y socioeconómica desde abajo. La amenaza (hasta ahora puramente verbal) de una intervención occidental ha significado un reforzamiento del punto de vista de que se trataría de un conflicto “entre dos campos”: los estados occidentales y las monarquías del Golfo por un lado y el Irán, Rusia y Hezbollah por el otro.

Por Joseph Daher (Publicado en 22 de diciembre de 2013 en Syria freedom forever)

Nosotros nos negamos a tomar partido por uno de estos dos campos, nos resistimos a esta lógica del “mal menor”, que sólo puede llegar a la derrota de la Revolución Siria y de sus objetivos: la democracia, la justicia social y el rechazo del confesionalismo. Damos nuestro apoyo al pueblo revolucionario, que lucha por su liberación y su emancipación. De hecho, tanto el derrocamiento del régimen como la construcción de una sociedad con democracia, justicia social y secular sólo será posible de manos del pueblo combatiente – una sociedad que respete y garantice el derecho de cada cual a practicar su religión y que asegure la igualdad de todos sin discriminación alguna (religiosa, étnica, de género, etc.).

Solamente las masas, que desarrollan su propio potencial de movilización, pueden lograr cambios a través de su acción conjunta. Ese es el ABC de la política revolucionaria. Pero este ABC hoy día se encuentra con un profundo escepticismo en diversos sectores de la Izquierda en occidente. Se nos dice que confundimos nuestros deseos con realidades, que posiblemente hacen dos años y medio atrás haya habido una revolución, pero que en el intertanto las cosas han cambiado. Se nos dice que el yihadismo se ha impuesto en las filas de la oposición contra el régimen, que ya no se trataría de una revolución y que sería necesario tomar partido por uno de los campos en pugna, para señalar una salida concreta…

Todo el debate en el seno de la Izquierda ha sido contaminado por este lógica “campista”, muchas veces acompañada por teorías de conspiraciones, desdibujándose la delimitación fundamental entre la izquierda y la derecha – particularmente en relación a la extrema derecha.

En un primer paso, retrocederemos en la historia de Siria, porque es imposible entender la sublevación popular siria y su desarrollo sin llamar a la memoria el largo período transcurrido desde la toma del poder por Hafez al-Assad en 1970. Hafez al-Assad murió en el año 2000, siendo sucedido como jefe de estado por su hijo Bashar al-Assad, quien lo es hasta hoy. Ese fue un punto de viraje en la historia de Siria. Analizaremos el régimen establecido en tiempos de Hafez al-Assad y sus consecuencias para la sociedad siria. Porque Bashar al-Assad se ubicó como su continuador y aceleró la aplicación de una política neoliberal, pese a un breve período de apertura democrática que fue llamado la Primavera Damasquina (2000). La “apertura” rápidamente se volvió a cerrar.

Analizaremos a continuación las causas y la dinámica de la sublevación, ante el trasfondo de los procesos revolucionarios en la región, pero también sus características específicas. Para concluir, discutiremos el desarrollo de la sublevación a partir de las protestas pacíficas y hasta

su radicalización armada actual. Mostraremos las diversas ramificaciones y la complejidad del proceso revolucionario en Siria, cuestionando las calificaciones al estilo de “guerra civil” y/o “guerra de religiones”, que hoy día se utilizan en gran parte para describir la situación en Siria. Explicaremos por qué estos conceptos no nos permiten comprender lo que ocurre y propondremos un análisis alternativo, que hace pie en el concepto de “revolución”, cuyos aspectos materiales e ideales examinaremos.

Siria después de la independencia

Desde su independencia en el año 1946, Siria arrastra una serie de herencias originadas en su larga pertenencia al Imperio Otomano; en este imperio, las ciudades ejercieron una fuerte influencia política y económica sobre las regiones rurales. Las ciudades dominaban al interior del país, estableciéndose como nodos cruciales de la red del comercio internacional que unía a Europa con Asia (Issawi 1982: 102 e.a.). Esto tiene particular validez para las ciudades de Damasco y de Aleppo, que dieron origen a la totalidad de las élites del país desde su independencia en 1946 y hasta el año 1963.

En este período, la vida política de Siria fue estremecida por numerosos golpes de estado militares. El país era gobernado por dos grandes bloques políticos: el Partido Popular y el Bloque Nacional, que representaba los intereses de la burguesía de Aleppo y Damasco. Entre 1958 y 1961, Siria y Egipto estuvieron unidos en el marco de la República Árabe Unida, encabezada por Nasser. Después de un nuevo golpe de estado en 1963, la toma del poder por el Partido Baath puso fin a la preponderancia política de la burguesía urbana, tradicionalmente surgida en su gran mayoría del seno de la población árabe y musulmana-sunnita del país, abriendo así una nueva era, en la que el poder estuvo en manos de fuerzas provenientes de los sectores rurales y periféricos, así como de las minorías religiosas, particularmente de los alauitas (Haddad 2011: xiv). El golpe de estado de 1963 fue en muchos sentidos una respuesta a la crisis social que desde la independencia azotaba a las clases populares del campo – una reacción de las aldeas en contra del dominio de los notables de la ciudad.

La política del ala radical del Partido Baath de fines de los años 60 y principios de los 70 favoreció a los sectores más pobres a costa de las clases comerciantes burguesas, la clase industrial y los terratenientes. La reforma agraria, las estatizaciones y la creación de un amplio sector público de la economía pusieron fin a las diferencias de clase más “rígidas”, arraigadas en un control monopólico de los medios de producción, por medio de un acceso más amplio a las oportunidades y la propiedad económicas (Hinnebusch 1990: 144). La reforma agraria y el desarrollo del sector público, del ejército y la burocracia favorecieron a una parte del proletariado agrícola y de los pequeños campesinos.

Esto llevó a un fortalecimiento económico y social de las capas medias del campo, mientras la nueva repartición de las tierras puso fin al dominio de los terratenientes. Estos campesinos medios, que en parte hasta eran ricos, pudieron sacar provecho de las subvenciones otorgadas por el gobierno y sustraerse en gran medida a los controles de la producción (Richards y Waterbury 2014: 177).

El Partido Baath antes de la toma del poder por Hafez al-Assad en 1970

A partir de la independencia del país, el Partido Baath reclutaba a sus militantes principalmente en los sectores rurales, donde por razones históricas se concentraban las minorías religiosas. Por ello es lógico que en el partido preponderaran los miembros de esas comunidades. La ideología del partido también ejercía una gran atracción sobre los miembros de las minorías religiosas porque esperaban que el supuesto “socialismo”, el nacionalismo árabe y el secularismo les ayudarían a superar su estatus minoritario y subordinado, así como el marco estrecho de su dependencia de los lazos tribales y regionales (Van Dam 1996: 33).

En 1963, los miembros del Partido Baath provenían, entonces, de las capas bajas del país, sacando provecho de la movilidad social que permitía el nuevo estado surgido de la independencia de 1946 – especialmente a través de las instituciones militares. Pero el estado también gozaba del apoyo de gran parte de la intelectualidad urbana – principalmente maestros y funcionarios (Perthes 1995). La nueva directiva del Partido Baath, fuertemente radicalizada en comparación con sus fundadores originales, desarrollaba en esos tiempos una retórica muy similar a aquella de la izquierda radical, imponiendo una serie de decisiones y medidas con las que buscaba impedir la vuelta al poder de la gran burguesía comercial e industrial urbana: la estatización de gran parte de la propiedad privada (1964-1965), que a su vez complementaba la política de reforma agraria, puesta en marcha en tiempos de la República Árabe Unida (1958-1961) (Haddad 2009: 35).

La gran burguesía comercial e industrial urbana y los mayores terratenientes habían sido la punta de lanza del golpe de estado de 1961, poniendo fin a la experiencia de la República Árabe Unida, que con su política de redistribución de la riqueza y con la reforma agraria había amenazado el poder político y económico es estas clases.

La política del nacionalismo árabe y del Partido Baath de ese tiempo era una política de capitalismo de estado: por una parte implementaba una estrategia hostil frente al sector privado nacional y al capital extranjero, por otro lado tenía por objetivo una amplia redistribución de la riqueza.

La toma del poder por Hafez al-Assad puso fin a la política social radical de los años 60, iniciando un viraje hacia la conciliación con las clases burguesas.

Esto también tuvo que ver con la pérdida de popularidad por parte del nacionalismo árabe después de la derrota de junio de 1967 y la muerte de Nasser en 1970.
Hafez al-Assad y el establecimiento de un régimen dictatorial y burgués
La toma del poder por Hafez al-Assad en 1970 fue un nuevo viraje para el país, destinado a marcar decisivamente las décadas venideras. El nuevo hombre fuerte de Siria provenía de la así llamada ala “pragmática” del Partido Baath, contraria a la política social radical y a la confrontación con los países conservadores de la región, entre ellos, las monarquías del Golfo. El nuevo régimen fue saludado entusiastamente por la gran burguesía de Aleppo y Damasco. Estos sectores, entre 1963 y 1970, habían trabajado activamente en contra del ala izquierda del Partido Baath y ahora se manifestaban en las calles con grandes lienzos, en los que se leía: “Hemos rogado a Dios que nos ayude – Al Madad. Y Él nos envió a Hafez al-Assad”. (Batatu 1998: 175).

A través de diversos lazos, especialmente económicos, el gobierno creó una red de “enchufes” con representantes de las diversas comunidades tribales, religiosas y étnicas. Al-Assad dio inicio al “movimiento corrector”, poniendo fin a la política radical de los años 60, que había cuestionado la propiedad y el poder político de la gran burguesía. Pretendía asegurar su régimen y la acumulación del capital por la vía de tranquilizar a los sectores más poderosos de la economía, cuya influencia en el gobierno creció en forma acelerada. Pero también se ligó cada vez más con las nuevas capas burguesas en ascenso, que surgían del propio aparato estatal.

El régimen de Hafez al-Assad fue un régimen autoritario, que prohibió la existencia legal de todo tipo de organizaciones políticas y sociales que no aprobaran su poder autocrático y se opusieran a su clientelismo – aquella masiva corrupción de la clase dominante, esencialmente destinada al aseguramiento de lealtades.

El nuevo régimen también creó un ejército totalmente sometido al poder personal del dictador y de su guardia pretoriana. La guerra de 1973 – descrita como triunfo por el régimen sirio – estuvo destinada a fortalecer el control de Assad sobre el ejército. A partir de ese momento, a propósito, nunca más se disparó un tiro desde territorio sirio en contra del Estado de Israel – las Alturas del Golán siguen ocupadas hasta el día de hoy. La estructura de la Comandancia en Jefe y de las unidades de élite se basa en el clientelismo y el confesionalismo. Los altos oficiales se reclutan de entre las tribus alauitas, relacionadas con la familia Assad, a fin de asegurar su lealtad incondicional con la cúpula del estado.

Gracias a esta estrecha articulación de intereses públicos y privados, el Estado se ha transformado en una maquinaria que permite la acumulación de recursos cuantiosos, verdadera bendición de la nomenclatura, especialmente para los círculos cercanos al máximo líder, a su familia y a sus más fieles representantes. Las redes informales y el nepotismo, que comunican entre sí a los diferentes sectores del estado con la economía, se han multiplicado y han dado origen a una “nueva clase” de rentistas burgueses – dando origen al desvío de fondos y al aumento de las actividades no productivas del sector comercial. Por lo anterior se dieron grandes reveses económicos y problemas del desarrollo, que solo pudieron superarse en base a la ayuda de las monarquías del Golfo (con cargo a sus ingresos petroleros). Por todo esto, la sociedad siria ha tenido un desarrollo fuertemente regresivo – que continuó hasta vísperas de la revolución del 2011.

En 1986 entró en crisis la moneda nacional y el régimen decretó las primeras medidas de desregulación de su “economía de comando” centralizada. Se consolidaron las redes informales de patronaje económico. A partir de 1991 lograron seguir controlando los sectores económicos falsamente denominados como “sector privado”, desarrollados en el marco de las “Reformas para un Pluralismo Económico” (al ta’addudiyya al iqtisadiyya) (Haddad 2011: 7).

Esta “nueva clase”, orgánicamente ligada al Estado, pretendía entonces invertir sus riquezas en los diferentes sectores de la economía. El Decreto No. 10 (1991) se constituyó en el trampolín, a partir del cual logró “blanquear” los dineros acumulados (Haddad 2011: XIV). El decreto favorecía y apoyaba las inversiones privadas nacionales y extranjeras en áreas, que hasta entonces habían sido monopolio del sector público – la industria farmacéutica, la agricultura, la producción de alimentos, la hotelería, el transporte. Por medio de reducciones de impuestos y otras medidas fiscales se iban a crear además nuevas oportunidades en materia de importación y exportación, que naturalmente estaban bajo control estatal y por tanto enriquecieron a sus miembros mejor posicionados, profundizando el sistema de corrupción. El paso desde una economía de comando hacia un “capitalismo entre amigos” se ha acelerado con la creciente renuncia a una administración centralizada de la economía en el curso de los años 80.

Los años 90 vieron una “nueva clase” de nuevos ricos: una burguesía híbrida, surgida de la fusión de la burocracia estatal con los sobrevivientes de la antigua burguesía “privada”. En una primera fase pusieron en juego sus relaciones con el Estado y lo utilizaron – a través de las palancas de la política de desregulación – como fuente de ingresos y fomento de una nueva política económica. A cambio de esto, prestó su pleno apoyo al régimen en la consolidación de su dominio, principalmente frente a sectores de la antigua burguesía privada.
La prioridad y el papel de la represión
La toma del poder por Hafez al-Assad significó también para Siria el inicio de una nueva era en materia de opresión política, social y económica. Esta se evidenció ante todo en una política de fortalecimiento sutil de las divisiones entre etnias, comunidades y hasta tribus, que hacían recordar determinadas prácticas de tiempos del mandato francés. Entre ellas se contaban la división del país en cinco o seis departamentos regionales sobre la base de criterios comunitarios, con subdivisiones drusas y alwis. Las organizaciones independientes de la sociedad civil – sindicatos, organizaciones profesionales (de médicos, abogados, ingenieros, farmacéuticos) y otras – fueron sometidas a supervisión, después perseguidas y finalmente disueltas en 1980. Hasta ese momento habían sido la vanguardia en la lucha por el retorno de las libertades democráticas y por el fin del estado de excepción. A partir de 1980, estas organizaciones fueron reemplazadas por estructuras subordinadas al control directo del Estado (Hinnebush 2001: 83). Sin embargo, el símbolo de la opresión más cruenta siguió siendo el genocidio de Hama en 1982, cometido por las fuerzas de seguridad y los militares y que costó la vida de 10000-40000 seres humanos. Estos asesinatos marcaron en diversos sentidos el fin provisional del sangriento conflicto entre los partidarios del régimen y los miembros de la Hermandad Musulmana, que habían recurrido a las armas desde fines de los años 70.

La represión también golpeó a todos los partidos políticos que se negaban a someterse a los dictados de Hafez al-Assad y a ingresar a formar parte del Frente Nacional Progresista (FNP), una coalición de fuerzas leales al régimen. A principios de los años 70, el régimen enfocó sus miras en contra de varios partidos laicos, especialmente de izquierda, entre ellos al “Movimiento 23 de Febrero” (una tendencia radical al interior del Partido Baath, cercana a su ex presidente Salah Jadid), la Liga de Acción Comunista (Rabita al amal al shuyu’i), cuyos miembros provenían en parte de la comunidad alauita, así como en menor medida el Partido Comunista Sirio / Buró Político (PCBP) de Riad al-Turk. La Convergencia Nacional, que incluía diversos partidos de izquierda, fue también perseguida masivamente a comienzos de los años 80 (Seurat 2012: 21). En esta década, los hermanos musulmanes sufrieron una fuerte represión.

El régimen ejerció un dominio total sobre segmentos esenciales de la sociedad, por ejemplo la universidad y el ejército. Prohibió toda actividad política independiente; desde los campus hasta los cuarteles, solamente el Partido Baath podía organizar manifestaciones o editar y distribuir medios de prensa. Hasta los partidos aliados integrantes del Frente Nacional Progresista carecían del derecho de realizar actividades de propaganda o de mostrar presencia pública.

Después de la toma del poder por Hafez al-Assad, el Partido Baath controlaba una gran variedad de organizaciones corporativas, las llamadas organizaciones populares, de campesinos, jóvenes, mujeres, etc. – por lo que muchos sectores de la sociedad quedaron sometidos a la supervisión del Estado.

El papel desempeñado por el Partido Baath cambió de manera fundamental: se transformó en un instrumento de control de la sociedad perdiendo así toda dinámica ideológica. La organización partidaria fue reformada, las elecciones internas fueron suprimidas, siendo reemplazadas por un sistema de nombramientos desde arriba y de cooptaciones. Las respectivas decisiones eran tomadas por el poder estatal y los servicios de seguridad, mientras que eran reprimidos los elementos opuestos a la política del régimen. Rifaat al-Assad, hermano de Hafez, resumió acertadamente su concepción de partido en el 7° Congreso Regional con el modelo siguiente: “El líder decide, el partido aprueba y el pueblo aplaude. Así funciona el socialismo en la Unión Soviética. El que no aplaude, se va a Siberia.” (Seurat 2012: 59). Las élites partidarias de los años 70 se transformaron en dóciles burócratas, mientras que los militantes de los años 50 y 60 muchas veces habían sido luchadores abnegados y activistas entusiastas (Batatu 1998: 245).

Los ideales originales de unidad, libertad y socialismo fueron sucesivamente desapareciendo de la política del régimen de Assad, para pasar a ser invocados únicamente como consignas retóricas. En la represión en contra de la oposición laica, de izquierda y liberal, de las organizaciones de la sociedad civil y de los partidos políticos, se empleó en medida creciente también el arma del confesionalismo, es decir, el fomento de las identidades “primarias”, esto es, arcaicas y especialmente tribales.
El traspaso del poder desde Hafez Al-Assad a su hijo Bashar
Después de sus treinta años en el cargo, la muerte del dictador Hafez al-Assad trajo un aire de esperanza para amplios sectores de la sociedad en los que se despertaban esperanzas de apertura política – especialmente para la oposición política, que se deseaban un proceso de transición democrática por medio de reformas. Bashar al-Assad, hijo de Hafez, asumió la presidencia en el año 2000. Siguieron algunos meses de promisorias apariciones públicas, después de un discurso del nuevo presidente ante el parlamento, en el que llamó a realizar “elaboraciones constructivas”, reconociendo la “necesidad urgente” de una crítica constructiva y de reformas modernizadoras (Damascus online 2000). Al mismo tiempo fue cerrada la tristemente célebre cárcel de Mezze para presos políticos en Damasco – un símbolo de la brutal represión política por parte del poder estatal – siendo liberado un gran número de presos políticos. También comenzaron a multiplicarse las organizaciones de derechos humanos y los foros de discusión al inicio del nuevo gobierno.

La sociedad civil siria y las organizaciones políticas se movilizaron a partir de principios del 2001 en torno a la exigencia de reformas y de una democratización del estado. Se dirigieron a la opinión pública con la “Declaración de los 99” o con la “Declaración de los 1000” (del “Comité por la Reactivación de la Sociedad Civil”), sumando el apoyo de intelectuales, artistas, escritores, científicos y hasta de representantes de ciertos partidos políticos. Al mismo tiempo, Riad Seif, un parlamentario y crítico del régimen, anunció la formación del “Movimiento Social por la Paz”. El régimen reaccionó rápidamente con un contraataque brutal – en la prensa, pero también físicamente con la detención de activistas. A fines del verano del 2001, ocho de las personalidades dirigentes más importantes de la sociedad civil ya estaban presas y con una única excepción se habían cerrado todos los foros de discusión (Landis y Pace 2009: 121).

Entre el 2004 y el 2006 se desarrolló una ola de sit-ins. Entre los iniciadores se contaban activistas políticos y organizaciones de la sociedad civil. Se trataba de diversos derechos democráticos, como por ejemplo la libertad de opinión y de reunión. Este era un fenómeno nuevo en Siria. En el año 2004 se levantaron los kurdos; el movimiento comenzó en la ciudad de Qamishli y se extendió por las regiones habitadas principalmente por kurdos en todo el país – por ejemplo a Jazira o Afrin – sin dejar de afectar a Aleppo y Damasco, siendo brutalmente reprimido por las fuerzas de seguridad, para lo que el régimen incluso recurrió a la colaboración de las tribus árabes del noreste. Más de 2000 activistas fueron detenidos, mientras que otros se vieron obligados a abandonar el país (Lowe 2006).

En vísperas de la sublevación siria de marzo del 2011 seguían sin reconocerse hasta los más elementales derechos democráticos, mientras que el país seguía esperando las reformas anunciadas.
La imposición acelerada de una política neoliberal y el aumento de la desigualdad social
Desde el inicio del gobierno de Bashar al-Assad, el régimen sirio se ha ido orientando de manera creciente hacia una política económica neoliberal impuesta en forma acelerada. Esta favoreció especialmente a una cierta micro-oligarquía, que ya había comenzado a brotar por doquier en la era de Assad padre, aprovechando las redes de patronaje económico. Pero también sacó provecho de ella una clientela leal al régimen. El primo de Bashar al-Assad, Rami Makhlouf, representa de un modo casi perfecto el sistema mafioso de las privatizaciones llevadas a cabo por el régimen en beneficio de los suyos. Él creó nuevos monopolios en poder de la familia de Bashar al-Assad, mientras que la calidad de los bienes y servicios bajaba en picada – especialmente en las áreas de la salud y la educación, donde surgió gran cantidad de instituciones privadas.

A partir del 2004 se desarrolló también el sector financiero, se crearon los primeros bancos privados con capitales tanto sirios como provenientes de las monarquías petroleras del Golfo, así como compañías de seguros, la Bolsa de Damasco y casas de cambio. Sin embargo, desde la asunción del poder por Bashar al-Assad se ha hecho más estrecho el círculo de los que se benefician del “botín” del régimen, mientras que bajo su padre la repartición había sido más amplia. En esos tiempos idos, era posible que diferentes grupos hicieran negocios con el Estado y disfrutaran de sus beneficios.

Por ejemplo el Sr. Makhlouf, hijo del ex comandante de la Guardia Republicana siria y primo en primer grado del nuevo dictador, gracias a una red compleja de holdings, en vísperas del levantamiento del 2011 controlaba cerca de un 60% de la economía del país (Barout 2012). Su imperio económico abarca un amplio rango, desde las telecomunicaciones, pasando por el petróleo y la bencina, hasta el rubro de la construcción, los bancos, líneas aéreas y comercio detallista. Aparte de la única cadena de ventas duty-free, a él le pertenecen incluso varias escuelas privadas, donde se educan los hijos de las familias dirigentes y de la burguesía siria. El patrimonio personal de Rami Makhlouf se estima en aproximadamente 6000 millones de dólares (Leverrier 2011). Por lo demás, a principios del 2011 la revista británica World Finance había tenido el orgullo de alabarlo como visionario, que habría fomentado enormemente la economía siria y que por lo mismo merecería ser calificado como símbolo de las transformaciones positivas que se llevaban a cabo en el país. Chile es un buen ejemplo para este tipo de lazos entre una política neoliberal y una dictadura política en países de la “periferia”.

La política neoliberal del régimen ha beneficiado a diferentes sectores sociales: a las capas altas de la nueva burguesía, que se habían formado en el transcurso de las décadas anteriores; a las élites burguesas antiguas del sector privado, que nuevamente habían comenzado a invertir en el país; y a los inversionistas extranjeros, especialmente de la región del Golfo.

Todos ellos sacaron provecho de la apertura de la economía siria, a costa de la mayoría de la población, que al mismo tiempo sufría las graves consecuencias de una sostenida inflación. De este modo, el sector público fue siendo socavado durante los últimos diez años, siendo ahora el sector privado el que domina la economía, llegando ya a una participación de caso 70% (Haddad 2011: 20).

Sin embargo, el viraje neoliberal también benefició a otros sectores: a los funcionarios dirigentes de los servicios secretos y del ejército, así como a la burocracia estatal; a los participantes del nepotismo capitalista, que fueron protegidos por distintos segmentos del servicio público, desarrollándose y enriqueciéndose crecientemente en los marcos del sector privado de la economía – particularmente durante los años 90, con la ley N° 10 sobre inversiones promulgada en 1991; así como también a la burguesía de Aleppo y Damasco, que se benefició principalmente con la “economía social de mercado” introducida en 2005.

El crecimiento real del producto social bruto y los ingresos reales per cápita han disminuido desde comienzos de los años 90. El proceso de liberalización económica ha llevado a una desigualdad creciente en el país. Los más pobres apenas logran mejorar su situación en este nuevo orden económico, ya que este va acompañado de una creciente escasez de puestos de trabajo. Esto afecta ante todo a los jóvenes con títulos universitarios y a los habitantes de las regiones más remotas, así como a las “capas medias” – y entre estas principalmente a los empleados del servicio público y a las personas con formación profesional. Estos afectados se empobrecen con rapidez, porque sus ingresos no bastan para compensar la inflación, que en 2008 oficialmente alcanzaba al 17% (IRIN 2008).

En vísperas de la insurrección de marzo del 2011, de acuerdo a cifras el paro había crecido al 14,9% – de acuerdo a otras fuentes hasta a un 20-25%; en el caso de los jóvenes de 20-24 años y los de 15-19 años llegaba a un 33,7% y a un 39,3% respectivamente (Central Bureau of Statistics 2013). En 2007, la proporción de sirios que vivían bajo el límite de pobreza era de 33% o de unos 7 millones de personas, mientras que un 30% se ubicaba poco por encima de esta marca (United Nations Development Group 2010). La proporción de pobres es mayor en la zonas rurales (62%) que en las ciudades (38%). La pobreza tiene más difusión y profundidad en el noroeste y el noreste (provincias de Idlib, Aleppo, Raqqa, Deir ez-Zor y Hassakeh) con un 58%. Allá vive un 54% de la población total (FIDA 2009).

Más allá de lo anterior, el régimen reformó su sistema de subvenciones, generando así cargas aún mayores para los más pobres, mientras que seguían aumentando las privatizaciones. Al mismo tiempo se redujeron y empeoraron las prestaciones públicas de salud, lo que obligó a la población a recurrir a los costosos servicios privados incluso para el aseguramiento básico. En su informe de 2010, el FMI saludó las medidas del régimen sirio: “El tipo de cambio único y las restricciones en cuanto al acceso a divisas para negocios en curso parecen haberse suprimido en principio. Los bancos privados aseguran el crecimiento del sector privado y hace poco la Bolsa de Damasco ha vuelto a abrir después de cuarenta años. El sistema de impuestos ha sido simplificado y el comercio se ha liberalizado en gran medida”. (FMI 2010).

El plan de desarrollo del régimen sirio desde 2006 hasta 2010 preveía explícitamente “una ulterior desregulación del mercado y su más profunda inserción en el mercado mundial, a fin de atraer a los inversionistas privados, así como también reformas estructurales, para asegurar un buen gobierno económico y un crecimiento equilibrado” (Shakour 2009).

El crecimiento económico sirio, que en los años anteriores al levantamiento se ubicaba en promedio cerca del 5%, no llegó a beneficiar a las amplias capas de la población. Así, entre 1997 y 2004, el Coeficiente Gini creció de 0,33 a 0,37. En los años 2003/2004, al 20% más pobre de la población le correspondía solo un 7% del gasto total, mientras que los más ricos podían contar con un 45% del gasto para sus fines (UNDP 2005). Esta tendencia se profundizó hasta el estallido de la revolución.

También la privatización de tierras arables a consecuencia de la sequía de 2008 y a costa de varios cientos de miles de campesinos en el noreste no fue simplemente una catástrofe natural. Las superficies se aumentaron y se intensificó la explotación de los suelos por las grandes empresas del agrobusiness y la construcción de ductos selectivos de suministro de aguas. Eso correspondía plenamente a los intereses de los nuevos grandes propietarios y fomentó la corrupción en la administración local, coincidente con la crisis de la agricultura. En el año 2008, un 28% de los agricultores trabajaban el 75% de la tierra regada, mientras que un 49% solo disponía del 10% de la tierra aprovechable (FIDA 2009).

De la misma manera, el régimen le impuso su predominio a la burocracia sindical, lo que especialmente a partir del año 2000 se ha traducido en una fuerte traba para la lucha contra las políticas neoliberales y autoritarias. En mayo de 2006, cientos de obreros de la empresa constructora estatal realizaron protestas en Damasco, durante las cuales se produjeron choques con las fuerzas de seguridad. En ese período también se declararon en huelga los taxistas de Aleppo, para protestar en contra de sus condiciones de trabajo y de vida.

Las reformas neoliberales del régimen han fomentado una política que ha estado orientada esencialmente a atraer inversiones extranjeras directas. Consecuentemente, estas crecieron de 120 millones de dólares en 2002 hasta 3500 millones de dólares en el año 2010 (Yazigi 2010). Sus principales destinaciones fueron las exportaciones, los servicios y, ante todo, el turismo. Este último se transformó en un sector floreciente: actualmente representa un 12% del producto social bruto, produce alrededor de 6500 millones de dólares y ocupa el 11% de la población en edad de trabajar (FIDA 2009). Como consecuencia de los acontecimientos que se iniciaron en marzo de 2011, esta rama de la economía ciertamente se enfrenta a una crisis total.

La carencia de derechos democráticos y el empobrecimiento creciente de amplios sectores de la sociedad siria en medio de un clima de corrupción y de creciente desigualdad social forman la base pata el levantamiento de marzo del 2011, para cuyo estallido solo se necesitaba una chispa. El dictador Bashar al-Assad anunció a fines de enero de 2011 en una entrevista que le hiciera el Wall Street Journal: “Pese a las condiciones, que en Siria son más difíciles que en la mayoría de los países árabes, este es un país estable. ¿Por qué? Porque hay que estar muy estrechamente compenetrado con el pueblo y con sus convicciones más profundas”. (WSJ 2011). En eso se equivocó el dirigente sirio, según él mismo habrá tenido ocasión de ir constatando.
¿Acaso el régimen de Assad es un estado laico?
Paralelamente a la puesta en práctica de su política neoliberal, el régimen fortaleció la cooperación con las asociaciones religiosas y con las fuerzas conservadoras de la sociedad. Particularmente el sector de la salud ha sido abandonado por el régimen, cediéndole este campo a las instituciones caritativas, particularmente religiosas. En el año 2004, unas 300 asociaciones de este tipo gastaron un total de 842 millones de libras sirias para apoyar el sustento de 72000 familias. Organizaciones tanto islámicas como cristianas han podido acrecentar su influencia y fortalecer sus redes de distribución a consecuencia de la política neoliberal y el consiguiente retroceso del papel del estado.

Alrededor de 10000 mezquitas y cientos de escuelas religiosas han sido construidas durante el período de gobierno de Bashar al-Assad, más de 200 conferencias organizadas por instituciones religiosas se efectuaron tan solo en 2007 en los centros culturales de las ciudades importantes del país. Al mismo tiempo, el régimen representó a las personalidades dirigentes del clero de todas las comunidades religiosas como actores de la “sociedad civil siria” – tratando de presentar a las delegaciones extranjeras oficiales la imagen de un país moderno con un consenso generalizado.

Bashar al-Assad no tuvo vergüenza alguna para recibir al famoso predicador islámico Yusuf al- Qaradawi, que hoy día apoya a la revolución en contra del régimen y que en 2009 se encontraba en Damasco, encabezando la Unión Mundial de los Ulemas. También continuó una “política de detente” frente a los islamistas, que se había iniciado a comienzos de los 90 con la puesta en libertad de miles de presos políticos (1992). Frente a las publicaciones islamistas y frente a ciertos movimientos, en la medida que se abstuvieran de actividades políticas, el régimen adoptó una postura muy tolerante. Así, por ejemplo, en 2001 se le permitió al jeque Abu al-Fath al-Bayanuni, hermano del ex dirigente de la Hermandad Musulmana volver al país después de treinta años de exilio y su hijo, un rico hombre de negocios, participó en 2010 de la instalación del primer gran mall de comercio, en el que regía la separación de géneros.

Estas medidas fueron de la mano de la censura de las obras literarias y artísticas con fomento simultáneo de la literatura religiosa, que luego empezó a llenar las estanterías de las bibliotecas, ayudando a una islamización en la educación. En el año 2007 el gobierno canceló el permiso de operación de dos organizaciones feministas (una iniciativa social y otra organización ligada al Partido Comunista, cercano al régimen).

Referencias bibliográficas

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