La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, mientras participaba en un acto organizado por Nueva Economía Forum, expuso la intención del Ejecutivo de llevar a cabo una Reforma de la Incapacidad Temporal (bajas laborales), para que éstas sean de mayor flexibilidad en alguno de sus supuestos, y que las mismas permitan incorporarse a la actividad laboral aun estando enfermas/os. Según explica la ministra, esta reforma se va a llevar desde “la voluntariedad y la garantía de la salud y la seguridad”, proponiendo un cambio que permita que «personas que pueden estar en una situación de baja para una actividad, sin embargo, para la otra sí que pueden desarrollar determinados trabajos», añadiendo además que no se trata de una cuestión económica, y que en definitiva es por el bien de la sociedad en su conjunto.
Por: Antonio Rodríguez
La idea de reformar la Ley de Incapacidad laboral, a falta de más información al respecto, no es una rara avis en el Viejo Continente. Al menos una decena de países europeos, pertenecientes o no a la UE, contemplan ya en sus legislaciones laborales las bajas flexibles. No es de extrañar por lo tanto que lo que hoy es todavía una propuesta para trasladar a la mesa de negociación con los sindicatos y la patronal, se convierta en un nuevo ataque a la clase trabajadora que en esta ocasión atenta directamente contra su salud. Ha sido el propio presidente de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM), Miguel Garrido, quien inmediatamente ha salido a la palestra a calificar de «buena iniciativa» la baja flexible del Ministerio de la Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha pedido estudiarla y ha asegurado que «puede ser una buena fórmula para empresas y enfermos».
Que la ministra afirme que la salud es un derecho de las y los trabajadores que las empresas deben proteger y que para este Gobierno se trata de algo irrenunciable, es absolutamente incompatible con una ley que pone en serio y grave peligro la recuperación de l@s trabajador@s que se encuentran de baja laboral y otorga un mayor poder a las mutuas.
Es muy importante señalar que las bajas médicas las expide un facultativo, es decir, una persona formada, con estudios en medicina y la experiencia suficiente como para determinar que una persona puede o no puede desempeñar su trabajo. Y que si lo que realmente le preocupa al Gobierno es el aumento del coste económico de las bajas laborales lo que debe hacer es ser más vigilante con las empresas que de manera sistemática incumplen con la LPRL (Ley de Prevención de Riesgos Laborales) provocando de esta manera un importante riesgo en la salud de las y los trabajadores. Prueba de ello es el aumento de las bajas laborales por salud mental (500.000) hasta septiembre de 2024, más del doble que el resto. Se pone en evidencia que en aquellos puestos de trabajo en los que se da el trato con clientes, usuarios, estudiantes o pacientes, así como en aquellos menos cualificados que implican unas peores condiciones laborales, se produce una mayor exposición a riesgos psicosociales de origen laboral que desencadenan en problemas de salud mental. Aun así, estas patologías apenas se reconocen como contingencia profesional.
Por último, pero no menos importante, no podemos dejar de mencionar lo que subyace detrás de todas estas propuestas. En primer lugar, la carga de la culpa y la criminalización de las y los trabajador@s que según la patronal y mutuas pudiendo ir al trabajo no lo hacen. Sobre nuestras espaldas se carga el coste económico de la incapacidad temporal y los informes de absentismo poco rigurosos y abultados que empresas como Adecco publican de manera interesada. Y en segundo lugar, acabar con ese falso término de la “voluntariedad” que en el ámbito laboral casi siempre es sinónimo de “coacción” y “obligación”.
Hablar de voluntariedad en las bajas médicas laborales en el marco de las relaciones capitalistas y en el marco de las relaciones laborales es un eufemismo. No se puede hacer una abstracción de las relaciones de poder entre empresario y trabajador porque el empresario siempre te va a pedir que flexibilices tu baja laboral y tú “voluntariamente” vas a decidir aceptar ir a trabajar estando de baja porque si no, voluntariamente el empresario va a tomar ciertas represalias cuando te den el alta. Quien tiene que seguir decidiendo si un trabajador está o no enfermo son las profesionales de la salud, ya que de no ser así el riesgo que se corre es que a partir de ahora, en muchas empresas se vea como «buen trabajador» no sólo el que hace horas extras sin cobrarlas, sino el que venga antes de la baja de manera voluntaria.
En España, unos 2,5 millones de personas empleadas viven en situación de pobreza y más de 475.000 trabajan en la ilegalidad. Todos estos datos muestran lo muy extendido que está en la realidad laboral de nuestro tiempo lo contrario del trabajo decente, es decir, el indecente. Por lo tanto, esto nos lleva a concluir que hay que acabar con la precariedad laboral, principal detonante de daños en la salud y en muchos casos de la propia vida; que la prevención sigue siendo la mejor arma para luchar contra la incapacidad temporal. Pero para ello hay que partir de un principio general donde no se debe tener una visión económica de la baja laboral y donde la mejor inversión es que el o la trabajadora sea tratada siempre de la mejor manera posible. La reducción de la jornada laboral sin reducir el salario, avanzar en la conciliación de la vida laboral y familiar y que ésta no se convierta en una quimera para la clase trabajadora y una sanidad publica y de calidad, sin listas de espera, como método de prevención ante las enfermedades y lesiones de larga duración, seguro ayudarán a lograr un mayor bienestar así como una buena salud de las plantillas.