El pasado 8 de noviembre, en la víspera de la preparación de la huelga del 14N, el gobierno del PSOE ha presentado un anteproyecto que elimina los puntos más sangrantes y polémicos de la LOMCE, y aunque aún sigue siendo necesario exigir su derogación total, arrancarle esto al gobierno, supone una victoria parcial del movimiento estudiantil, que debe alentarnos a seguir peleando por revertir el resto de los ataques que viene recibiendo la educación pública.
¿Qué cambios supondría la aprobación del Anteproyecto del gobierno Sánchez?
En caso de aprobarse en el Congreso, supondría acabar con aspectos centrales de la LOMCE como la clasificación de los centros en función de sus resultados a través de las reválidas, así como suprimir la diferenciación entre itinerarios, que tiene como consecuencia la expulsión de una formación especializada del alumnado de clase trabajadora. Los centros no podrán especializarse en función de los resultados, impidiendo, junto con el resto de las medidas, la formación de un ranking de centros donde compitan las escuelas públicas.
El decreto-ley corrige otras medidas de la LOMCE solo de forma parcial: no se priorizan los centros concertados que segregan en función del género, lo que no significa que dejen de recibir subvenciones. También elimina el peso de la religión en la evaluación, pero sigue respetando los Acuerdos de la Santa Sede, perpetrando la presencia de la Iglesia Católica en los centros públicos.
Que el gobierno proponga esta ley es muestra, de un lado, de su propia debilidad, pero, sobre todo, es la consecuencia de años de lucha de generaciones de estudiantes y de toda la comunidad educativa, contra las medidas de la LOMCE. Si el gobierno de Sánchez defendiera la educación pública de verdad, esto se vería reflejado en el pacto que firmaron junto a Unidos Podemos, de cara a los Presupuestos Generales del Estado, que no dan ni un paso atrás en los recortes a la pública. Si esta ley es aprobada por el Congreso, habrá sido obra de la constancia incansable movimiento estudiantil.
Además, Sánchez tiene la cara de decir que las modificaciones son para “corregir los aspectos más vulneradores de la igualdad de oportunidades” mientras las tasas universitarias han llegado, en varias comunidades, a doblarse y triplicarse, y miles de estudiantes no pueden pagarlas. Igualar las oportunidades supone que todos y todas las estudiantes puedan acceder a la universidad.
Ahora bien, esta ley solo significaría, de ser aprobada, un paso atrás en el proyecto de privatización de la pública, en concreto de las enseñanzas medias. El movimiento estudiantil no puede conformarse con esto, sino que justamente salir a pelear por echar abajo las reformas educativas anteriores (LOE, LODE), y por el impulso de una ley educativa que garantice una enseñanza pública, laica, gratuita y en igualdad, y que se elabore desde los centros de estudio, contando con el conjunto de la comunidad educativa
Los recortes en la enseñanza pública continúan avanzando.
Con o sin reforma de la LOMCE, el desmantelamiento de la escuela pública no cesa, y se expresa día a día en la precariedad que sufrimos varios millones de estudiantes. La reducción de los recursos para becas, como las de transporte, a través del RD de Wert, y los recortes en material y en educación compensatoria golpean directamente al estudiantado de clase trabajadora. La masificación de las aulas vulnera la ratio máxima de alumnos por aula en la mayoría de los centros y los problemas de infraestructuras son la norma en los institutos de los pueblos y los barrios. Todo ello es expresión de las limitaciones del 4’15% del PIB que se destina a educación a nivel estatal.
En la enseñanza universitaria el panorama, si cabe, empeora. En varias universidades del estado ya están funcionando grados con el formato que imponía el decreto 3+2, que ahonda aún más la brecha en el acceso a una formación especializada, impuesta en el modelo universitario con el paso de la licenciatura al grado (Proyecto Bolonia).
Los recortes han llevado ya a la duplicación del precio de las tasas, a los requisitos académicos absurdos (90%) de la beca MEC, así como a la reducción drástica de plazas en másteres públicos habilitantes. De igual modo, la masificación de las aulas y grupos, y en la falta de salas de estudio bibliotecas, y espacios de trabajo en general.
Finalmente, el problema de los recursos nos afecta aún más a los colectivos más oprimidos, ya que las normativas educativas cuentan con protocolos contra la violencia machista inexistentes o muy precarios que necesitan de más recursos. Del mismo modo, medidas que ayudarían al prevenir y actuar contra el machismo en los centros, como la implantación de una asignatura de educación sexual y en valores de igualdad dentro del curriculum escolar, que combata, en concreto, la violencia machista y LGTBIfóbica, no pueden ser implantadas porque no hay recursos suficientes (profesionales, formación, etc) para sostenerlas.
Continuar la lucha: ¡Preparemos un 8 de marzo con la clase obrera y la juventud al frente!
Las movilizaciones del 14N y del 25N fueron un buen punto de partida donde estudiantes de todo el estado retomamos la lucha por una enseñanza pública, gratuita, de calidad y en igualdad. Dada la situación dramática que enfrenta nuestra educación, no queda más que seguir desarrollando la lucha. Necesitamos trabajar, con la más amplia unidad de acción, por explicar la situación a nuestros compañeros, y por unificar la lucha estudiantil con el resto de la comunidad educativa y de conflictos obreros, empezando por el apoyo a las movilizaciones contra la violencia machista como la del pasado 25N, o por el apoyo a la lucha de los empleados públicos (de las diferentes administraciones) por su estabilidad. Desde Corriente Roja llamamos al conjunto de organizaciones y activistas estudiantiles a discutir en asambleas, en las aulas y con los trabajadores, un plan para continuar la lucha, donde sea una fecha principal el próximo 8 de marzo ¡Preparemos un 8 de Marzo masivo, por recursos para educación pública y en igualdad!