La crisis económica agudizada por la Covid19 que afectó aún más a los países subdesarrollados; los desplazamientos migratorios forzados por motivos climáticos (sequías, falta de suministros básicos, hambruna, etc…); y otros por motivos de guerra y persecución (Ucrania y Afganistán, son sólo los más recientes); está provocando una crisis migratoria con precedentes sólo comparables a los de la Segunda Guerra Mundial.
Si bien no hay datos exactos del número total de personas que viven de forma irregular en el Estado español, se estima que en el año 2019 había entre unas 390.000 y 470.000 personas en esta situación. La llegada de personas en forma irregular no para de crecer y se estima que hasta abril de 2022 ha aumentado más de un 30% comparando a la misma fecha con los ingresos de 2021. Actualmente se calcula que hay más de medio millón de personas viviendo de forma irregular en el Estado español.
¿Qué significa estar irregular?
Significa vivir en condiciones infrahumanas, en una vulneración de derechos permanente. No poder acceder a una vivienda digna, no poder alquilar un piso teniendo que vivir en albergues, naves o en la calle, poniendo en riesgo su vida para calentarse en invierno o morirse de calor en verano.
Quedar excluidos de los servicios esenciales como la Educación y la Sanidad Pública: sin empadronamiento no se puede acceder ni a la tarjeta sanitaria, ni a la educación.
No poder acceder a la Seguridad Social por no poder firmar un contrato de trabajo, quedando expuestos a la vulneración de los derechos laborales, al tráfico de personas y a la explotación sexual.
Por otra parte, tener a medio millón de personas por fuera del radar de las instituciones y de la planificación de los Servicios Públicos, supone directamente un déficit de gobernanza pública que es urgente corregir. Si estas personas no existen, administrativa y estadísticamente, los gobiernos de turno tienen la coartada perfecta para no tener que responder con presupuesto en políticas públicas que resuelvan las necesidades más básicas de toda esta población.
¿Cómo nos organizamos frente a esta situación?
Las trabajadoras y trabajadores no podemos hacer la vista gorda frente a esta realidad de vulneración y precariedad.
Desde Corrent Roig formamos parte del movimiento estatal #RegularizacionYa junto a diversas organizaciones, para impulsar la ILP Regularización (Iniciativas Legislativas Populares), a través de la cual, la ciudadanía puede proponer leyes al Congreso de Diputados de manera vinculante (con la obligación de que se debate y se apruebe una Ley). Para esto, se deben presentar al menos 500.000 firmas válidas de personas mayores de 18 años y con DNI español. Estamos en la recta final, contamos hasta el 23 de septiembre para conseguirlo.
La #ILPRegularización propone conseguir una regularización administrativa del estado migratorio para las personas migrantes y refugiadas, obteniendo así, un permiso de residencia y de trabajo a personas que se encuentran en situación administrativa irregular.
Este movimiento lleva un año entero de arduo trabajo y es la primera ILP que se impulsa desde la autoorganización migrante. ¡Para conseguirlo necesitamos de tu apoyo!
¿Cómo puedes aportar?
- Si tienes DNI español y más de 18 años, tu firma es indispensable.
- Si no tienes DNI español o más de 18 años puedes recoger firmas y difundir la iniciativa.
- Todas las personas pueden ser parte de los comités territoriales para la
#ILPRegularización desde donde nos organizamos para recolectar firmas y avanzar en este proceso político.
- Acompañarnos en la movilización en las calles, que al fin y al cabo es donde nos escuchan.
Puedes informarte más y firmar aquí:
Desde Corrent Roig exigimos:
¡A este gobierno y a todo el arco parlamentario, que se regularice de forma permanente a este medio millón de personas inmigrantes!
¡La derogación de la Ley de Extranjería y la Regularización YA!