La importancia de este análisis viene dado porque el PP y su hijo, Vox, son los herederos legítimos de las fuerzas políticas construidas a partir de las entrañas del franquismo, la Alianza Popular constituida por los “siete magníficos”; los ex altos cargos de la dictadura que con Manuel Fraga a la cabeza aglutinaron a los que rechazaban cualquier cambio. Eran los “administradores de la victoria” en la Guerra Civil y que la Transición, con su Ley de Amnistía/Punto Final, no cerraría.
Su crisis es la crisis de esos “administradores”, y, por lo tanto, de una de las patas institucionales del propio régimen. Pueden hacer todas las campañas que quieran para “blanquear” al actual rey, pueden tapar atentados terroristas como el del 17 de agosto del 2017 en Barcelona, pueden silenciar las “policías políticas” montadas bajo el gobierno de M. Rajoy; lo cierto es que la crisis de estos partidos es una manifestación de esta crisis.
Acabar con ellos es parte de la lucha contra las instituciones más neofranquistas del régimen, el poder judicial, el ejército y el Senado donde tienen su fuerza, y desde donde establecen sus límites. El caso del Senado no es casualidad, la legislación electoral les permite tener mayoría absoluta. Recordemos que es el que tiene una competencia central para garantizar la “unidad de España” por la fuerza, como los catalanes pueden dar fe, que es la aplicación del artículo 155; es una competencia que se le hurta al Congreso de los Diputados.
Los “administradores de la victoria”
El concepto “administradores de la victoria” fue creado por un grupo musical gallego, A Quenlla, para definir a aquellas instituciones o partidos que, tras la Transición, se han arrogado la administración de los privilegios que la burguesía conquistara en la Guerra Civil, y que la Transición fue incapaz de abolir.
Así, ellos son los que definen quién es “víctima del terrorismo” y quién no; que temas se puede tocar para no “abrir heridas del pasado” y cuáles no; qué instituciones son “sagradas” como la Monarquía, el poder judicial o el ejército, y cuáles son prescindibles; “administran” los límites del régimen surgido con la Constitución Española del 78. Se consideran los dueños del régimen cuyas instituciones básicas controlan, y ven al PSOE (obviamente ya no digamos a cualquier otro como Podemos o los “odiados” nacionalistas) como unos advenedizos que solo sirven para desactivar las crisis sociales que puedan poner cuestión la estabilidad política.
El régimen es, como la calle, “suya” (Manuel Fraga dixit); y solo lo prestan para que otros les garanticen que las crisis no se lo llevan por delante; así fue cuando en el 82, en plena lucha contra la incorporación a la OTAN y la CEE (actualmente la UE), el PSOE de González recondujo la situación y aplicó las reconversiones industriales que dejaron al Estado español como un desierto industrial; así fue, nuevamente, con el PSOE de Zapatero tras la crisis del Prestige y la Guerra de Iraq que desactivó las multitudinarias manifestaciones de Nunca Mais y contra la Guerra. Y así es, de nuevo, con el PSOE de Pedro Sánchez, que ha enfrentado la crisis abierta el 15M y el procés catalán, con el mismo objetivo que sus predecesores, reconducir la fuerza de la clase obrera y los pueblos en la calle al pantano de las instituciones del régimen.
Las nuevas condiciones políticas internas y externas
El contexto, «el maldito contexto», hace que lo que parece igual al pasado, tenga en realidad un contenido diferente. Así, cada vez que el PSOE cumplía su papel de apagafuegos, ellos recuperaban la manija del poder, que para la burguesía española agrupada en el «palco del Bernabéu» es tener el control sobre los Presupuestos Generales del Estado para concederse todas las subvenciones que quieran, suscribir los contratos de gestión privada de los Servicios Públicos y demás fuentes de su enriquecimiento.
El PSOE de González y Zapatero terminaron exactamente igual, traicionando abiertamente sus promesas. En el caso del primero fue el famoso “OTAN de entrada, no” (y de salida, ni de broma); el segundo fue cuando, tras el estallido de la crisis del 2007/8 acató las órdenes de la UE y comenzó a recortar en pensiones y derechos laborales, en una línea que su sucesor M. Rajoy llevó hasta el final.
El PSOE de Sánchez enfrenta una situación diferente; la crisis social, económica, ecológica y política del capitalismo es mundial, está trastocando todos los parámetros bajo los que González y Zapatero se movían. Las jerarquías en la división del trabajo a nivel mundial están cambiando de arriba abajo, literalmente, y a las burguesías no les llega con las rutinas de siempre; o se suben al tren que consideren más dinámico, o caerán en el abismo de la semicolonización y la dependencia.
En estas condiciones, aunque el núcleo duro de la burguesía española, la que se reúne en el “palco del Bernabéu”, apuesta por mantener esas rutinas basadas, como se dijo, en el control de los Presupuestos Generales del Estado; comienza a haber otros sectores que a través del dinero procedente de la Unión Europea, los fondos “next generation”, que no son ninguna limosna (150.000 millones de euros para el Estado español, 750.000 millones para toda la UE), esperan subirse al carro del vencedor de la guerra entre los bloques imperialistas. Estas contradicciones interburguesas se centran en la lucha contra el cambio climático. No es casualidad que el PP / VOX sean negacionistas como su jefe de filas internacional, Donald Trump; su objetivo no es reducir la dependencia de los combustibles sólidos, sino seguir alimentando con esos fondos el capitalismo “garrapata” o “sanguijuela” que les financia.
El PSOE, por contra, ha agrupado a su alrededor a los sectores de la burguesía que apuestan por otra vía de enriquecimiento, a los que están sumando las burguesías catalana y vasca. Las concesiones políticas a Junts, ERC, PNV y Bildu apuntan en este sentido. El caso gallego es específico, pues al no contar con una burguesía nacionalista potente va a quedar, de nuevo, fuera de juego: ha apostado por ser “cola de león”, en vez de “cabeza de ratón” y esto la liga al PP.
Lo está haciendo con el apoyo de un amplísimo sector de la sociedad española, las mujeres a la cabeza, que se han rebelado contra un machismo recalcitrante que hunde sus raíces en el nacionalcatolicismo franquista. Las mismas raíces que sostienen al “perro de dos cabezas” PP-VOX.
El motivo de fondo de la crisis PP-VOX
El PSOE, y sus aliados, a diferencia de los neofranquistas, han leído perfectamente que la sociedad española, desde este punto de vista de los derechos civiles e individuales, no es la misma que en el 78, cuando dio mayoría al neofranquismo de la UCD de Suárez.
Esto se ha reflejado perfectamente en los resultados electorales del 23J. A pesar de la bronca que existía con el gobierno de progreso, que había incumplido lo fundamental de sus promesas electorales (derogación de la Reforma Laboral, de la Ley mordaza, garantía de las pensiones públicas, etc.), y que cuando las cumplía lo hacía bajo una gran presión (ley si es si), la mayoría de la sociedad, en cuanto comprobó que el pacto PP VOX era una vuelta al pasado tras las Municipales y las Autonómicas de mayo, salió a votar contra ellos.
El PP VOX, anclados en el control de las instituciones del régimen -los “administradores de la victoria”-, no pueden responder y menos integrar este cambio; con sus apelaciones al neofranquismo y al nacionalcatolicismo solo alimentaron esa respuesta social que los ha puesto al margen de su gran objetivo, recuperar para sus amigos del “palco del Bernabéu” el control de los Presupuestos Generales del Estado. Han fracasado en su objetivo de controlar los 150.000 millones de los fondos europeos, y esa «decepción» es la causa de su crisis.
El gobierno de progreso ha garantizado la paz social, ha reconducido la crisis catalana y todo ello con la Banca y los empresarios obteniendo superbeneficios. La patronal española no es el “palco del Bernabéu”, es más que eso, incluyendo a las burguesías catalana y vasca y esa burguesía apuesta por la continuidad ahora que se vienen curvas.
La crisis del PP y VOX, que son proyectos políticos basados en la represión y la fuerza, sin ambages con un sustrato ideológico, el nacionalcatolicismo, se convierten en verdaderos dinosaurios; el mismo Abascal, dos días antes de las Elecciones, reconoció abiertamente que si ellos entraban en el gobierno, la situación catalana se “tensaría” de nuevo. Pero la burguesía no está para generar conflictos en un mundo que es un puro conflicto, desde Taiwán hasta Níger, pasando por Ucrania y el vecino del sur, la guerra entre el Sahara y Marruecos.
La sangre no llegará al río
En las condiciones actuales -de nuevo el “maldito contexto”- el proyecto del PP VOX está fuera de juego, ni los sectores más dinámicos de la burguesía ni la pequeña burguesía en su conjunto están a la tarea de dar un salto atrás en medidas que les han beneficiado económica y políticamente; bajo una paz social que es la “envidia” de los vecinos franceses, la explotación de la clase obrera no ha parado de crecer para mayor gloria de los beneficios empresariales.
El PP y VOX solo podrían imponer a la sociedad española su proyecto neofranquista de “palo y tentetieso” a través de la fuerza, del golpe militar o sus variantes “pos modernas”, los golpes judiciales como hicieron en Brasil o Bolivia. Sin embargo, los retos a los que las burguesías se enfrentan son tan grandes que nadie se plantea hoy esa vía, sino que van a intentar aplicar, preventivamente, lo que hasta ahora les ha venido resultando, la “zanahoria”; es decir, las promesas de reformas.
La desaparición del PP VOX sería una gran oportunidad para dar un salto en la lucha por los derechos políticos y sociales que prometen, pues serían barridos los “administradores de la victoria”, los que establecen los límites del régimen y harían entrar en crisis a las instituciones que les sostienen (CGPJ, Senado, Ejército, Casa Real). No obstante, el nuevo gobierno que salga no va a tener la menor intención de ir hasta el final, hasta liquidar cualquier resto del pasado franquista.
Herramientas y motivos legales no faltan; si se aplicara la ley de Memoria Democrática hasta sus últimas consecuencias, el PP podría entrar en la lista de partidos ilegalizables, puesto que fue fundado por figuras decisivas de la represión y de la dictadura, con su presidente de honor, Manuel Fraga al frente. Si la legislación anticorrupción fuera real y no solo un “rótulo” para la galería, M. Rajoy hace tiempo que ya tendría que haber sido detenido y procesado; y con él la cúpula del PP ligada a Aznar. Si realmente se quisiera enfrentar el narcotráfico, y no solo a los camellos y traficantes de tres al cuarto, sino a sus verdaderos cabecillas, Feijóo podría decir muchas cosas de su amigo “el contrabandista” Marcial Dorado. Si realmente se quisiera defender las libertades democráticas, además de derogar la Ley de partidos y la Ley Mordaza, se investigaría hasta el final la utilización de la red Pegasus para controlar las informaciones de los políticos catalanes, además de profundizar en las relaciones entre el exministro del interior de M. Rajoy y su “policía política”.
Si algo une a todos los facciones de la burguesia, estatal o nacional, es que el marco de explotación de la clase obrera es este regimen y no van a permitir ningún movimiento que lo cuestione. El PP y VOX les son muy útiles en este sentido. Por ello, el gobierno que probablemente entre en la Moncloa fruto del acuerdo entre los “progresistas” del PSOE – SUMAR y los nacionalistas vascos, catalanes y gallegos, no va a ir en este sentido; supondría abrir una profunda crisis en las instituciones del régimen y van a tragarse todos los límites que los “administradores de la victoria” quieran imponer.
Es evidente que este gobierno no tiene como sus objetivos llevar hasta el final acabar con el “huevo de la serpiente” que es el Régimen del 78 y sus instituciones neo franquistas. Esto significaría que estaría dispuesto a disolver las Cortes, a convocar a una Asamblea Constituyente que rompa totalmente con el pasado franquista para reorganizar el estado desde un punto de vista federal, reconociendo el derecho a la autodeterminación de las naciones, y que abra las puertas a una transformación socialista de la sociedad.
Como esto no entra dentro de los planes del tándem PSOE-SUMAR, ni de sus aliados nacionalistas; es tarea de la clase obrera y los pueblos construir las organizaciones políticas y sindicales que, desde la movilización independiente, apunten abiertamente por este camino.
Galiza, 18 de agosto de 2023