Desde que en marzo de 2017 el ministro Montoro firmó un acuerdo con los sindicatos mayoritarios (el llamado “Acuerdazo”) para bajar al 8% la temporalidad en la Administración Pública y sortear la multa de Europa, las y los empleados públicos en fraude no hemos dejado de luchar para impedir el mayor ERE de la historia en nuestro país y defender los Servicios públicos.
Tras casi cinco años que han dado para llevar a cabo cientos de movilizaciones por todo el territorio, tres huelgas generales y varias huelgas autonómicas, decenas de impugnaciones de las distintas Opes fraudulentas, el 2 de Diciembre de 2021, el Parlamento aprobó el proyecto de Ley de “medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público”. Una norma que afectará a más de 800.000 empleadas y empleados públicos en fraude.
La Ley 20/2021 o Ley Iceta, que modifica el EBEP, recoge que ningún interino o laboral temporal podrá estar más de tres años ocupando una plaza estructural y reconoce una compensación económica para el personal funcionario/laboral/estatutario/ interino que se vaya a la calle después de ese tiempo, siempre que no se haya publicado la correspondiente convocatoria dentro del plazo de los tres años. En este último supuesto, podrá permanecer hasta la resolución de la convocatoria y, si es cesado, no tendrá ni siquiera compensación económica. Lo que no dice es qué pasa con la plaza cuando ésta no sale a OPE (Oferta de Empleo Público), que podrá ser amortizada o encomendar su gestión al sector privado para no incurrir en fraude.
«incumple tanto la Directiva Europea como las sentencias del TJUE y del Tribunal Supremo»
En relación a los procesos de estabilización previstos, la Ley dice que deberán finalizar antes del 31 de diciembre de 2024. Y para llevarlo a cabo establecen un criterio totalmente arbitrario que incumple tanto la Directiva Europea como las sentencias del TJUE y del propio Tribunal Supremo, que en sentencia reconoció que el fraude existe a partir de tres años ocupando una plaza estructural de forma interina o temporal. Además de ello, esta Ley habla continuamente de plazas y no de personas en fraude de ley.
En base a ello, establecen, por un lado, que las plazas dotadas presupuestariamente que en todas las Administraciones hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020 salgan a OPE por sistema de concurso-oposición, siempre y cuando no hayan sido ya convocadas. También saldrán aquellas que, habiendo sido convocadas y resueltas, hayan quedado sin cubrir. La «trampa» de esto es que muchas CCAA, como Madrid o Andalucía, se apresuraron a sacar las OPE de estabilización incluso antes de que la ley fuese publicada en el BOE y eso está obligando a muchos sindicatos a impugnar estos procesos, con el desgaste que esto supone.
«habla continuamente de plazas y no de personas en fraude de ley»
Y por otro lado, la Ley aprueba un proceso de estabilización excepcional y, por una sola vez, mediante concurso de méritos sin oposición, para aquellas plazas estructurales ocupadas de forma temporal e ininterrumpida desde enero de 2016. En principio, todo apunta a que las Administraciones podrán convocar un concurso de méritos abierto, al que cualquiera fuera o dentro de la Administración podrá presentarse, por lo que l@s interin@s más longevos o quienes hayan ocupado durante años esas plazas en fraude no tienen en absoluto asegurado permanecer en su puesto de trabajo. Un concurso de méritos abierto se puede convertir en una promoción interna encubierta de fijos de inferior categoría de la propia Administración o de cualquier otra. En ambos procesos de estabilización, el personal podrá ser indemnizado si es cesado, pero ¡ojo! siempre que se haya presentado a los mismos.
Al igual que el Decreto 14/2021, la Ley genera mucha incertidumbre en relación al personal sanitario y educativo, ya que establece el plazo de un año para adaptarlo a su normativa específica. Estamos hablando de sectores que acumulan las tasas más altas de interinidad y mucho personal en fraude que se caracteriza por haber ocupado durante un montón de años distintas plazas de forma temporal aunque sea para la misma Administración.
Mucho más de lo que ellos querían pero aún lejos de lo que reclamamos
¿Sirvieron entonces las huelgas y las movilizaciones que llevamos a cabo? Nosotr@s opinamos que si estamos aquí y aún se puede ganar es precisamente gracias a esta lucha. Si bien el proyecto de Ley 20/2021 no recoge todas nuestras reivindicaciones, nos deja en mejores condiciones para lograr nuestra estabilidad laboral que lo que decía el Icetazo en su redacción original y desde luego mucho mejor que el Acuerdazo de 2017, en el que ni siquiera se reconocía el fraude ni el derecho a indemnización al personal abusado y en el que tanto los sindicatos mayoritarios, como los gobiernos y los grupos políticos parlamentarios, eran entonces completamente sordos a nuestras demandas.
Y recordemos también que la única solución que se nos proponía como “alternativa” era recurrir a ilustres abogados que nos iban a “solucionar el problema”.
Contra todos y todo la lucha hizo posible que gobierno, burocracia sindical y partidos políticos parlamentarios se tuvieran que mover. Logramos construir instrumentos de unidad de acción y coordinación para la lucha pese a los dirigentes de CCOO, UGT, CSIF y el cerco mediático.
El 15 de febrero de 2020 marcó un hito en la lucha por la fijeza del personal temporal de la Administración. 12.000 temporales de todo el territorio español nos manifestamos por las calles de Madrid, para denunciar el fraude ante el que nos encontramos. A este siguieron otros momentos importantes como la manifestación estatal del 25 de septiembre de este año y la Huelga del 28 de octubre que tuvo un importante seguimiento, especialmente en algunas CCAA como Cataluña o Canarias, donde el personal interino llevaba 11 meses en huelga. Una jornada estatal de lucha que fue acompañada de multitud de manifestaciones en todo el Estado.
Y ahora, ¿cómo seguimos?
La aprobación definitiva del proyecto de Ley 20/2021 constituye un antes y un después en la lucha por nuestra estabilidad laboral, ya que una vez fijado el marco legal estatal, la lucha parece trasladarse ahora a las distintas Administraciones autonómicas, locales y al ámbito de las empresas públicas.
Esas Administraciones serán además las que fijen las condiciones de las OPE. A nuestro juicio, la situación exige un plan de lucha unificado a nivel estatal, acordado por todas las organizaciones sindicales que convocaron las movilizaciones contra el Icetazo, que permita desarrollar la organización unitaria y que incluya un calendario de movilizaciones unificado en todo el Estado.
Esas medidas deben ir acompañadas de las demandas legales necesarias. Por eso saludamos iniciativas como la de co.bas de impugnar los procesos selectivos que están en marcha y hay que animar a que eso se generalice.
Un Plan de lucha cuya fuerza dependerá del empeño de difundirlo en todos los centros de trabajo y recabar mediante asambleas las opiniones y el apoyo de las compañeras/os. Seguir la lucha significa también aprender de la experiencia que dice que, sin estar organizad@s, no vamos a ninguna parte. Es fundamental el llamamiento a la afiliación a los sindicatos que se han mostrado en esta lucha por la fijeza, como lo que debe ser un sindicato de trabajadores y trabajadoras: un organismo de lucha, que preserve la independencia de la clase obrera del Estado, sus gobiernos y sus partidos. Por eso desde Corriente Roja hemos alentado y alentaremos la afiliación al sindicato Co.bas.
Por sus hechos los conoceréis
¿Cómo habiendo casi 3,5 millones de trabajador@s en paro y el 40% de jóvenes sin empleo, un gobierno que se dice progresista, defensor de lo público y que llegó a gobernar hablando de eso y de acabar con la temporalidad y los bajos salarios, no cubre siquiera los puestos de trabajo que en estos 10 últimos años se perdieron (más de 96.000)? ¿Cómo justo donde el empleo y en condiciones dignas dependen directamente de él, aplica leyes como ésta que van a dejar en la calle a miles de trabajadores/as?
Este gobierno, que tiene en sus manos la mayor palanca de generación de empleo con derechos en el empleo público, en el que además en los próximos años tienen que jubilarse en torno a 1,5 millones de trabajadores/as, resulta que aplica el mayor ERE encubierto de la historia.
El Gobierno del PSOE-UP ha dedicado además enormes sumas de dinero público a rescatar a las grandes empresas y los bancos, al tiempo que millones de trabajadores/as han visto reducidos cuando menos en un 30% sus salarios en muchos casos de auténtica miseria por sus contratos a tiempo parcial.
En realidad, la explicación a todo esto es que, en este sistema capitalista, llegar al gobierno no es llegar al poder, aunque lo vendan así cuando piden el voto en las elecciones. En este sistema, los gobiernos no son más que «la junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa”. Se llamen progresistas, de izquierdas o derechas, lo que defienden son los intereses de la clase social que domina, los bancos, las multinacionales, la burguesía.
El único gobierno que puede defender y garantizar los intereses de los y las trabajadoras es precisamente un Gobierno de la clase trabajadora. Pero ese gobierno no va a caer del cielo, exige construirlo comenzando por romper toda confianza en este gobierno burgués “progresista” y defender la independencia de la clase obrera, gobierne quien gobierne. Exige creer en la lucha de los propios trabajadores y trabajadoras, y no en las palabras y las promesas de salvadores que piden el voto “a los de abajo” y luego gobiernan para “los de arriba”. Y exige organizarse para luchar por ese gobierno obrero, empezando por quienes son los y las activistas más conscientes de la lucha. No es una propuesta milagro, para ¡mañana ya!, pero si un proyecto estratégico que se construye desde hoy. Esa es la razón de construir Corriente Roja. Te invitamos a que la construyamos junt@s.
