El aparato judicial, una de las piezas maestras del régimen, ha caído en un abismo de podredumbre y descrédito popular. En sólo 15 días se han sucedido dos enormes escándalos que afectan de lleno a la cúpula judicial. En el primero, el de la sentencia de las hipotecas, los jueces del TS se saltaron sus propias normas para echar atrás una sentencia firme del propio tribunal porque perjudicaba a los bancos. Su sumisión y vínculos carnales con las altas finanzas quedaron abiertamente de manifiesto.
El desprestigio fue tan grande que se les hacía imprescindible cambiar el presidente del TS para dar una cierta apariencia de imparcialidad, más aún cuando el juicio a los presos políticos independentistas está a la vuelta de la esquina. Por eso, PP y PSOE pactaron renovar el Consejo General del Poder Judicial y la presidencia del TS (con la participación, dicho sea de paso, de Podemos, que negoció su propia cuota dentro del paquete del PSOE).
El whatsapp del portavoz del PP en el Senado explicaba los términos del acuerdo: el PSOE se quedaba con 11 vocales y el PP con 10 más la presidencia, en la persona de Marchena, un juez «controlando la sala segunda desde detrás y presidiendo la sala 61» (la sala segunda es la que juzgará a los independentistas y la 61 la de los aforamientos de diputados y senadores). Sin embargo, una facción del PP filtró a la prensa el mensaje provocando tal escandalera que ha acabado forzando la renuncia de Marchena y la anulación del acuerdo mismo.
Al vínculo entre la cúpula judicial y los banqueros se añadía ahora su contubernio confeso con la cúpula política del régimen. La «independencia judicial» es una falsa fachada que esconde la unión íntima del aparato judicial con los ricos y los poderosos.
Hace mucho que llueve sobre mojado
Pero lo ocurrido estos días solo puede sorprender a incautos. Hace mucho que llueve sobre mojado. El mismo tribunal que dejó libres a los violadores de La Manada acaba de condenar por «maltrato ocasional» a ¡10 meses de prisión! (que ni cumplirá) a un sujeto que intentó matar a su ex-esposa, primero con un cuchillo y luego estrangulándola, en presencia de sus hijos. En los mismos días un tribunal de Lérida absolvía del delito de agresión sexual a dos hombres que violaron a una mujer de 20 años. Para los jueces, los hechos no pasan de «abuso sexual» porque la víctima, “si bien lloraba y decía que no (…) no fue capaz de expresar la negativa de manera física”.
Son los jueces y fiscales que encubren a corruptos como un tal M. Rajoy. Los que consideran intocable al Rey emérito aunque la prensa airee sus tropelías. Los que absuelven a Cristina de Borbón. Los que meten a titiriteros en prisión preventiva por «enaltecer el terrorismo». Los que ponen querellas por «injurias al rey» o por «ofensas a la iglesia» y condenan a prisión a Valtonyc.
Son los jueces y fiscales de la Audiencia Nacional que se ensañan con ocho jóvenes de Altsasu, condenándolos a penas de hasta 13 años de prisión por una trifulca de bar con dos guardias civiles y sus parejas.
Una estructura heredada del aparato judicial del franquismo
Este comportamiento reaccionario se explica por una tara de origen imborrable: este aparato judicial privilegiado, elitista, incontrolado, impune y hostil al pueblo, es heredero del viejo aparato judicial franquista, que se perpetuó sin depuración alguna por el pacto de la transición. El ejemplo más vistoso es la Audiencia Nacional, continuidad del viejo Tribunal de Orden Público: sólo tuvieron que cambiar el rótulo de la fachada, porque los jueces siguieron siendo los mismo que hasta entonces encubrían las torturas policiales y encarcelaban a los opositores.
Depuración radical de jueces y fiscales, elección directa por el pueblo, generalización del sistema de jurado
Este aparato judicial no tiene reforma. Sólo cabe su depuración radical. Los jueces y fiscales simpatizantes del franquismo, condecorados por la guardia civil y la policía, culpables de absolver a torturadores y emitir sentencias machistas, anticatalanes rabiosos y compinches de banqueros, deben ser depurados.
Los jueces y fiscales deben ser elegidos directamente por el pueblo, que los debe poder revocar ante actuaciones irregulares. Del mismo modo, el sistema de jurado popular debe ser generalizado, acabando con el despotismo de los jueces.
Solo falta añadir que estas reivindicaciones democráticas urgentes no tienen cabida bajo el régimen monárquico, del que el aparato judicial es parte sustancial. Van unidas a la lucha por acabar con la Monarquía e imponer una asamblea constituyente que pueda decidir, sin cortapisa alguna, qué nuevas reglas nos queremos dar.