El Ministerio de Educación, junto a las Autonomías de todo el Estado, ha arrancado el curso en medio de una situación dramática para las familias de clase trabajadora. A pesar de la crisis socio-económica y sanitaria que estamos viviendo, asistimos a un inicio de curso sin los recursos necesarios para asegurar una Educación Pública en condiciones de seguridad e igualdad para las familias humildes.
La crisis de la Covid-19 está suponiendo un capítulo más en la política de desmantelamiento de la Educación Pública. Los ataques al sistema educativo, ejecutados por gobiernos de todos los colores desde la crisis de 2008, suponen hoy no sólo la precarización de las aulas y el futuro de las nuevas generaciones, sino también un peligro para la salud pública.
Tal y como ha ocurrido con el Sistema Sanitario Público, la respuesta del gobierno de la Comunidad de Madrid no ha sido la de revertir los recortes educativos, sino parchear con precariedad un sistema educativo ya sumido en ella. El anuncio de las contrataciones extraordinarias de docentes nos recuerda a la de los sanitarios: insuficientes y en condiciones de temporalidad.
Ayuso anunciaba con orgullo la contratación temporal de 1.060 docentes a pesar de que faltarían 1.400 contrataciones más para cumplir con el Acuerdo Sectorial previo a la pandemia: no es una medida extraordinaria, es menos de lo que se comprometió en situación de normalidad. Se estima que para garantizar ratios seguros en las aulas tendría que contratarse un 33% de la plantilla habitual, es decir, la Comunidad tendría que contratar 15.000 docentes más, además de los anunciados.
Además, de esas 1.060 contrataciones precarias, 2.662 irían destinadas a la educación concertada. No es nuevo, ni en la Comunidad de Madrid, ni en todo el Estado, que se regale dinero público a las empresas que hacen negocio con la educación. Para el curso 2020/2021, el mismo gobierno de Ayuso recortó 14.121 plazas de centros públicos regalándoselas indirectamente a la educación concertada-privada.
En un intento de achacar al “factor sorpresa” la inacción por parte de la Administración, tanto el Ministerio de Educación como la Comunidad de Madrid apuraron al máximo el tiempo entre el anuncio de las nuevas medidas y el inicio de curso. Pero ya desde marzo, con el decreto del Estado de Alarma, se conocía la gravedad de la pandemia y cómo afectaría a la seguridad en las aulas. Han tenido más de 5 meses para asegurar la distancia social mediante la construcción de infraestructuras que garantizase la distancia de social en las aulas y no lo han hecho.
Sin profesorado y sin infraestructura es imposible reducir la masificación de las aulas a la que dio luz verde la LOMCE y que permite más de 40 alumn@s por aula. Hoy, mediante la eliminación de plazas públicas, la Comunidad promete ratios de entre 20 y 25 alumn@s por aula, a pesar de que la comunidad científica sitúa la ratio ideal en torno a 10- 15 alumn@s.
También resultan insuficientes los 70.000 dispositivos electrónicos prometidos cuando l@s alumn@s condenados a la “semipresencialidad” en el sistema público son más de 150.000. Tampoco se menciona cómo se asegurará al acceso a internet de las familias: ya antes de la pandemia, un 10% de los hogares no tenía acceso a internet. Además, el criterio por el que se ha decidido que algunos cursos sean semipresenciales y otros no, no es más que otro parche que nada tiene que ver con un criterio educativo: se manda a clase a l@s alumn@s más pequeñ@s y se deja en casa a l@s mayores para que así los padres y madres puedan seguir trabajando.
Debemos mencionar también el papel nefasto del Ministerio de Trabajo, cuya medida de cara a los padres, ante los más que posibles contagios en los centros escolares, es la del permiso no remunerado para cuidar a sus hij@s si se infectan (y solo si se infectan, porque aunque un centro entero se ponga en cuarentena solo podrán tener ese permiso los padres que acrediten que sus hij@s están infectad@s).
Ante la situación que enfrenta hoy la Educación Pública, los sindicatos mayoritarios de docentes, CCOO y UGT junto a CGT y STEM, han negociado con la Comunidad de Madrid a espaldas del profesorado para arrebatarles el derecho a huelga, hoy más necesaria que nunca. Se anunció una primera huelga de profesorado entre el 4 al 10 de septiembre, cuando todavía no se conocían las fechas en las que arrancaría el curso. Tras el anuncio de las medidas de la Comunidad, estos sindicatos se apresuraron a celebrarlas como “un logro de la movilización” y pospusieron la huelga al 22 y 23 de septiembre, dejando expuesto a profesorado y alumn@s, que ya se habrían incorporado a los centros.
No debe extrañarnos la complicidad y el nefasto papel que vienen desempeñando desde hace tiempo sindicatos como CC.OO y UGT, sin embargo, si nos parece sorprendente y lamentable la respuesta de CGT y STEM, plegándose a las posiciones de la burocracia sindical, más si cabe cuando la huelga hubiese sido la herramienta perfecta para paralizar el curso antes de comenzarlo, movilizar a la comunidad educativa y presionar al Ministerio y Comunidad para que tomasen medidas reales.
Las medidas para la vuelta a las aulas, vaciadas de recursos, son el reflejo de la degradación actual de los servicios públicos y la urgencia de su defensa: hoy más que nunca ya que nos va la vida en ello. No ha sido el virus el que ha causado la desigualdad entre centros educativos y entre estudiantes, el motivo de fondo detrás de la crisis educativa que estamos viviendo durante la pandemia es que la educación viene siendo tratada como una mercancía más al servicio de la economía de mercado durante los últimos tiempos. Por eso para revertir esta situación no sirven los parches ni las medidas baratas como los barracones, el personal temporal o las recomendaciones imposibles de cumplir. Necesitamos recuperar la lucha por un educación 100% pública, presencial, de calidad, segura, laica y que respete las lenguas de todos los territorios con más fuerza que nunca. Debemos unificar las luchas en defensa de los Servicios Públicos ya que nos avecinamos a una situación en la que se multiplicarán los brotes en la Educación Pública por falta de recursos, frente a un Sistema Sanitario Público que no los podrá asumir por esta misma razón.
Debemos ser la comunidad educativa (profesores, alumn@s, padres, personal administrativo, de limpieza, etc.) la que, mediante nuestra auto-organización, decidamos qué medidas se deben tomar y exigir a la Comunidad y al Gobierno los recursos necesarios para llevarlas a cabo. Es nuestro derecho paralizar el curso hasta que no se garanticen las condiciones de seguridad.
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¡Bajada de ratios, medidas de seguridad y contra la brecha digital! ¡Recursos para garantizar materiales, profesorado e infraestructuras!
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¡Reversión de los recortes e inyección extraordinaria para salvar la educación pública! ¡Por un 7% del PIB destinado a educación! ¡No al pago de la deuda!
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¡Permiso remunerado para tod@s los padres y madres que lo necesiten!
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Ni un euro a la privada y concertada: ¡nacionalización de sus recursos!
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Unidad de las luchas en defensa de los Servicios Públicos ¡Por la salud del conjunto de la clase trabajadora!
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¡Huelga indefinida hasta que se garantice un curso seguro!