Que Rajoy vuelva a ser el Presidente del Gobierno es una noticia tan esperada como lamentable. El Gobierno de los recortes, las reformas laborales, la Ley Mordaza, de los salarios de miseria y la precariedad, el de la corrupción… repite presidencia.

Por Ángel Luis Parras

Hay dos argumentos que se han repetido hasta el hartazgo para explicar este hecho. El primero, es “porque la gente vota corruptos”, sea “porque le da igual”, porque “somos conservadores”, “porque hay miedo”… el hecho es “que la gente vota corruptos”. Los hay hasta que han encontrado en la condición humana la explicación de esta conducta social: Cuando Poncio Pilato ofreció salvar la vida de Jesús o la del ladrón Barrabas, ¿a quién eligió el pueblo?.. ¡A Barrabás!. En esencia este tipo de explicación es un razonamiento heredado de aquel que dice “cada pueblo tiene el gobierno que se merece”.

   El problema es que ese razonamiento es tan extendido como falso. En primer lugar, porque NO ES CIERTO QUE “LA GENTE” VOTE al PP. El censo electoral último registró 34.597.038 electores y el PP obtuvo 7.906.185 votos. Sin contar que sigue perdiendo votos por millones, ese dato indica que Rajoy “representa” al 22,85 del censo, o lo que es lo mismo, más del 77% NO VOTA AL PP.

En segundo lugar el número de Diputados/as obtenido se sustenta en una Ley electoral profundamente antidemocrática y pre constitucional, donde el voto es “censitario” y no universal como dicen. No vale igual, en votos, un diputado de una zona rural rica que la de un barrio obrero. Conviene recordar que en las elecciones del 26J, el PP obtenía 1 Diputado con 12.500 votos y Unidad Popular-IU necesitó cerca de un millón de votos para obtener 2 diputados.

Rajoy gana CON SU LEY ELECTORAL, la de este régimen monárquico heredado del franquismo, lo que no puede ganar con los votos.

El segundo razonamiento, es explicar la investidura de Rajoy porque ha habido un “golpe institucional”, auspiciado por Felipe González, el grupo Prisa y la corte de barones del PSOE, que barrieron a Pedro Sánchez.

Que Felipe González, los barones del PSOE y los grandes grupos mediáticos han intervenido con toda la desfachatez del mundo para aupar a Rajoy, es un hecho incuestionable, pero el “golpe institucional” lo dieron en las postrimerías de los años 70 acordando una constitución monárquica y una ley electoral que les permitiera salvar la esencia del viejo régimen. Gobiernan con la Ley en la mano, su Ley, tan antigua como profundamente antidemocrática, una Ley que han avalado durante más de tres décadas la derecha y la “izquierda”.

Omiten que el PP tiene una base social, la “gente” de las multinacionales, la Iglesia, los banqueros, los terratenientes, el campesinado rico y buena parte de esa pequeña burguesía urbana que ha venido medrando entre la clientela del régimen. Es la lucha de clases, la que quieren negar, la que explica que no a todo el mundo le haya ido igual, ni en la época de las vacas gordas, ni ahora en el de las flacas. “Cada cual ve la feria según le va en ella”, afirma el viejo dicho, y hay una base social, cuantificable en ese tercio de la sociedad, que le ha ido bien y le sigue yendo con Rajoy mejor que a la inmensa mayoría.

Culpar de la continuidad del Rajoy a “la gente”, obviando todo estos hechos, no solo no ayuda en nada a comprender los acontecimientos sino que exime de responsabilidades políticas a los que gobiernan y a los “opositores” y carga la responsabilidad entre los/as trabajadores/as y el pueblo que no solo sufrimos a este Gobierno, sino que somos los únicos que salimos a la calle a enfrentarlo.

Es más fácil culpar a “la gente” que a los que sacaron las movilizaciones de la calle, encerraron el descontento social en la vía institucional y no han tenido el coraje político de llamar a la movilización, salir a la calle y plantarse a decir que: con estas reglas del juego NO HAY CAMBIO POSIBLE. Quienes prefirieron ocupar la “centralidad del tablero” en lugar de patearlo, no tienen derecho a situar la responsabilidad de este drama en “la gente”.

La UE exige más recortes y reformas

El nuevo gobierno del PP, investido con la ayuda de PSOE y Ciudadanos, tiene una hoja de ruta ya determinada por los jefes de arriba, la Troika y los representantes del IBEX 35 y del gran capital europeo. No podía ser de otra forma ya que estos tres partidos son grandes defensores de la UE y de convertir el Estado español en una economía sometida a Francia y Alemania.

Lo primero que llama la atención es la exigencia de la Unión Europea de que el Estado español cumpla con el objetivo de déficit de 3,1% del PIB en 2017. Las últimas estimativas del Banco de España preveían un déficit de 4,9% este año. Para llegar a las metas impuestas por la UE (no cumplirlas puede significar incluso una multa), el nuevo gobierno debe recortar cerca de 5.500 millones de euros en gastos sociales (educación, sanidad, pensiones, paro, etc.).

Los recortes se hacen sobre todo para pagar la deuda pública, que ya supera el 100% del PIB y el pago de sus intereses corresponde a más del 10% del presupuesto público. La mitad de la deuda pública está en manos de inversores extranjeros, sobre todo de la banca alemana. La deuda es un mecanismo de saqueo de los estados de la periferia de Europa, véase el caso griego, que tiene una deuda impagable y está en quiebra total.

Otra de las medidas “estrella” del segundo mandato de Mariano Rajoy (PP) es la reforma de las pensiones. Algunos políticos burgueses (portavoces de las grandes empresas) hablan incluso de un nuevo Pacto de Toledo. Si se sigue en este ritmo, la hucha (Fondo de Resera de la Seguridad Social), utilizada para pagar las cerca de 9,5 millones de pensiones en el Estado, se vaciará en diciembre de 2017.

Todavía no se ha hecho público las medidas concretas de la reforma de las pensiones, pero en otros países que han realizado reformas similares, como en Grecia, el gobierno redujo el valor y dificultó el acceso a las prestaciones, aumentando la edad de jubilación y el número de años a cotizar con la seguridad social. También discuten la posibilidad de reducir la pensión de viudedad, orfandad e invalidez.

Dar continuidad a la reforma educativa (reválidas) y promover nuevas reformas fiscal y laboral (“flexibilizar el mercado laboral y abaratar el despido”, en las palabras de Bruselas) también están en los planes de Rajoy. Todo esto en medio de una situación en que el paro ronda los 5 millones y el descontento social por la situación económica y política es altísimo.

Plantar cara al nuevo gobierno debe ir de la mano de la lucha contra la Unión Europea y el Euro.

El mundo de Rajoy y el mundo real

El discurso de los líderes del PP es unísono. “Debemos gobernar para seguir en el buen camino de las reformas y la recuperación económica.” Citan para fundamentar este discurso algunos datos de la seguridad social y las declaraciones de los burócratas de la UE a favor de la continuidad de las reformas ya aplicadas en el Estado español.

El país de las maravillas de los políticos es, sin embargo, totalmente distinto del país real de los trabajadores/as y el pueblo. La vida real sigue su curso y nosotras sabemos lo difícil que es llegar a fin de mes para los que tenemos trabajo y la desesperación creciente para los que no lo tienen. La precarización y la incertidumbre son la regla en los días actuales.

Los datos que se ofrecen a continuación han sido hechos públicos en el último informe europeo de la AROPE, el indicador que mide el desempleo, la pobreza y la privación material en los países europeos. (ver gráfico)

  • En España, el indicador de riesgo de pobreza y exclusión (AROPE) alcanza, en 2015, el 28,6 por ciento de la población: 13.334.573 personas viven en riesgo de pobreza y exclusión.
  • España es el tercer país con mayor desigualdad de la UE, después de Rumania y Serbia: El 10 por ciento más rico obtiene una cuarta parte de los ingresos de toda la población.
  • La pobreza afecta a un 22,1% de la población: 10.383.238 de personas.
  • Un total de 3.543.453 ciudadanos viven en pobreza severa, es decir que tienen ingresos por debajo de 333,8 euros mensuales.
  • Unas 4.670.000 pensiones, la mitad del total, están bajo el umbral de la pobreza.
  • Un 44,8 por ciento de las personas en desempleo y el 21 por ciento de las “inactivas” constituyen los grupos más afectados por la pobreza.
  • La tasa de trabajadores/as pobres (que no superan el umbral de pobreza, a pesar de tener un trabajo) ha pasado de 11,7 por ciento en 2013, a 14,2 por ciento en 2014, y a 14,8 por ciento en 2015.
  • La tasa de privación material severa ha ascendido del 4,5 por ciento en 2009 al 6,4 por ciento en 2015, afectando a 2.993.365 personas.
  • El grupo de menores de 16 años tiene la tasa más alta de privación material severa: 9,9 por ciento. Les sigue el de adultos jóvenes entre 16 y 29 años, con un 8,4 por ciento.

La vida real es otra, muy distinta al cuadro que nos transmiten desde la tribuna y los confortables escaños parlamentarios. El paro sigue alto, la pobreza crece, la precariedad es la regla, los desahucios no cesan, los servicios públicos reciben menos inversión, aumentan las privatizaciones y los despidos improcedentes se generalizan. Se ha introducido en el Estado español un nuevo patrón de explotación que cambiará nuestras vidas para siempre. (Fuente: Diario16)