Estamos a las puertas del inicio de los juicios a los presos políticos catalanes. Estos juicios van a marcar de lleno la actualidad política catalana y española en las próximas semanas. Se van a celebrar en plena exaltación del tripartido de la derecha, que después de hacerse con el gobierno en Andalucía, vive una orgía españolista y exige un 155 permanente, la ilegalización de las organizaciones independentistas y la desaparición de facto de la autonomía catalana. Han llegado a la desvergüenza, a dos semanas del juicio, de hacer aprobar al parlamento extremeño el apoyo al 155 en Cataluña (¡¡con los votos del PSOE!!).
Las peticiones de la Fiscalía son salvajes, sin que el gobierno Sánchez haya movido un dedo para impedirlo. Por el contrario, las ha legitimado en nombre de una supuesta «independencia judicial». Pero son, en realidad, un montaje judicial descarado, denunciado por 120 catedráticos de derecho penal y puesto en evidencia por tribunales de Alemania, Bélgica y Suiza, que no han reconocido tales delitos. Los presos no mienten cuando afirman que nunca incurrieron en rebelión porque, en verdad, nunca llamaron a alzarse contra el Estado y, a la hora de la verdad, llamaron a la desmovilización tras el 1-O.
El régimen quiere imponer un castigo ejemplar
Pero al Supremo los hechos no le importan. Están decididos a imponer un castigo ejemplar. Porque lo que están juzgando en realidad no es tanto la libertad y los derechos civiles y políticos de los dirigentes independentistas sino, ante todo, a los más de dos millones de catalanes que fueron a votar el 1-O desafiando las prohibiciones del Estado y haciendo frente a una represión salvaje. Están juzgando el derecho de todo un pueblo a votar y a decidir democráticamente su futuro.
Es un ataque contra el pueblo de Cataluña y todos los que defendemos los derechos democráticos
Se puede, como nosotros, no coincidir en absoluto con los acusados, combatirlos políticamente y movilizarse contra su gobierno. Pero eso no puede hacernos olvidar que estos juicios son, ante todo, contra el pueblo catalán (cuya amplísima mayoría, independentista o no, quiere un referéndum para decidir), y más allá, contra todos los que luchamos en Cataluña y el resto del estado contra la impunidad policial, contra la arbitrariedad de un aparato judicial que nunca rompió con el franquismo, contra la monarquía del «A por ellos» a la que nadie votó, contra el trío de energúmenos Casado-Rivera-Abascal.
Por eso, no vale el argumento de que el juicio «es cosa entre burgueses» o que «como no son de los nuestros, ya se apañarán». Si los trabajadores y los jóvenes no nos oponemos a este atropello estaremos permitiendo el reforzamiento del aparato represivo y judicial, el fortalecimiento de nuestros enemigos de clase.
El discurso de la extrema derecha
El trío Casado-Rivera-Abascal viven de enfrentar a la población española con Cataluña. Piensan que Cataluña es suya y no de los catalanes y el solo hecho de que estos tengan una cultura, una lengua y una historia propias les pone de los nervios. Sólo entienden el lenguaje de la conquista y la sumisión, el de la unión forzada.
Pero lo más chocante es que echen la culpa a los catalanes (¡¡y a los inmigrantes!!) de los problemas de Andalucía, Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha o Aragón, exculpando a los señoritos, los terratenientes, banqueros y empresas del Ibex 35, es decir, a los que mandan en estos territorios y en España desde hace tantas y tantas décadas. Dicen que el independentismo catalán es cosa de burgueses, pero ocultan que los grandes burgueses catalanes, empezando por Caixabank y el Banco Sabadell, son enemigos acérrimos del independentismo.
Hay que movilizarse y hacer que el juicio se convierta en boomerang contra los acusadores
La celebración del juicio exige impulsar la más amplia movilización, una respuesta masiva que, convierta el juicio en un boomerang contra los acusadores. Esto sólo se puede hacer desde la calle. En todas las ciudades de Cataluña, pero también con actos de solidaridad en el resto del Estado.