Las Elecciones Generales de este 23 de julio se nos muestran como el pulso entre dos opciones políticas de carácter burgués, PSOE y PP, flanqueadas respectivamente por sus socios menores, SUMAR y VOX, y significan la vuelta al bipartidismo tradicional del Régimen del 78.
Por: Jesús
Es evidente que la propuesta política del tándem PP-VOX es más reaccionaria y propone un mayor grado de restricción de las libertades democráticas y los derechos sociales. Y digo “mayor grado” porque las mal llamadas “fuerzas progresistas” también restringen nuestras libertades y derechos. El gobierno de coalición no ha derogado la Ley mordaza, ha continuado con las devoluciones en caliente, con los desahucios, ha sido artífice de la Reformas Laboral y de Pensiones en favor de la patronal, y ha amparado y proseguido con el desmantelamiento y privatización de los Servicios Públicos. También ha prohibido el derecho a la Huelga en sectores como Sanidad o Transporte a través de los servicios mínimos abusivos. PSOE y SUMAR quieren hacernos creer que a la derecha y la ultraderecha se las puede frenar y vencer depositando un voto en una urna cada cuatro años en los marcos de un sistema electoral que es además antidemocrático porque no reconoce el principio elemental de “una persona, un voto”.
Aunque PP y VOX fuesen derrotados electoralmente, las causas sociales y políticas del fortalecimiento del ideario ultraderechista no van a desaparecer. El gobierno de coalición comenzó prometiendo que derogaría la Reforma Laboral de Rajoy y terminó manteniendo sus aspectos más lesivos en el redactado de su nueva Reforma Laboral, dando además un giro de tuerca a la precariedad. El despido sigue siendo fácil y barato y la mayor parte de las nuevas contrataciones son fijas-discontinuas o a tiempo parcial, lo que implica salarios de miseria con los que es imposible tener una vida digna. Existe un desempleo crónico de tres millones de personas que alcanza el 30% entre la juventud. Llevamos demasiados meses sufriendo en nuestros bolsillos el azote de la inflación que junto a las raquíticas subidas salariales ha supuesto la mayor pérdida de poder adquisitivo en más de dos décadas. Los alquileres e hipotecas no han dejado de subir y en 2022 se ejecutaron 109 desahucios diarios de media. La Ley de vivienda no reconoce ésta como un derecho básico y no plantea la expropiación de las viviendas vacías en manos de la Sareb y la Banca para poner en pie un parque público de viviendas de alquiler social. La Reforma de las pensiones incrementa el número de años cotizados para poder acceder al 100% de la pensión mientras que en 2022, seis de cada diez pensiones estuvieron por debajo de los 1.000€. El gobierno de coalición no ha cuestionado en ningún momento la Ley 15/97, que es la que abrió la puerta a la privatización y el desmantelamiento de la Sanidad Pública. En 2022, los beneficios empresariales crecieron 7 veces más que los salarios.
La combinación entre una polarización social cada vez más acentuada y los incumplimientos y las políticas pro capitalistas del autoproclamado “gobierno más progresista de la Historia”, es la que abona el terreno para el fortalecimiento del ideario ultraderechista entre sectores de las clases medias y de la clase obrera. La izquierda parlamentaria combate a la reacción de palabra, pero en los hechos, con su traición permanente a los intereses de l@s trabajador@s del Estado español, termina poniéndole la alfombra roja hacia las instituciones.
No podemos olvidar que tanto PSOE-SUMAR como PP-VOX aspiran a gobernar un régimen que está impuesto sobre la brutal represión al movimiento revolucionario de los pueblos del Estado español durante la Transición; un régimen que conserva lo esencial de las estructuras judiciales y militares franquistas y que está fundado en base a la Ley de Punto Final de 1977, que dice que los crímenes de la dictadura han prescrito y no serán juzgados. La Constitución capitalista del 1978 reafirma al Estado español como “cárcel de pueblos”, negando el derecho democrático a la autodeterminación de las naciones oprimidas. En 2011, con el acuerdo de PSOE y PP, el Artículo 135 de la “intocable” Constitución fue modificado para incluir que la primera obligación del estado es pagar la deuda pública en manos de la Banca, por encima de las necesidades sociales.
Los Acuerdos de 1979 entre el Estado español y el Vaticano garantizaron a la Iglesia Católica la continuidad de los privilegios de la que fue iglesia oficial de la dictadura. Ingresó más de 300 millones de euros vía Declaración de la Renta de 2022 y se calcula que cada año recibe más de 10.000 millones de euros de financiación pública en total. Además goza de exención generalizada de impuestos y de un papel de primer orden en el sistema educativo, en el que uno de cada dos colegios concertados es católico.
En definitiva, es en un régimen de estas características – un “lavado de cara” de la dictadura franquista – en el que se sienten protegidos y respaldados los discursos y los partidos de la ultraderecha política. Por eso es tan criminal la estrategia electoralista de la izquierda parlamentaria; porque en lugar de “frenar a la derecha y la ultraderecha”, la está fortaleciendo, y además está apuntalando con falsas promesas y discursos vacíos el Régimen del 78 en lugar de plantear su superación revolucionaria mediante la organización y la movilización de l@s trabajador@s y los pueblos del Estado español.
El 23 de julio iré a votar para que quede constancia de mi desacuerdo con ambos bloques políticos; con el reaccionario de PP y VOX y con el “telonero de la reacción” compuesto por PSOE y SUMAR. Votaré nulo como forma de expresar mi denuncia del Régimen del 78 y de todos aquellos que tratan de perpetuarlo a toda costa. La única manera de combatir la influencia de la ultraderecha política pasa por organizarnos en nuestros centros de trabajo, en nuestros centros de estudio y en nuestros barrios, y llevar a cabo una movilización continuada por un programa de cambio social y democrático en el camino de superar el régimen capitalista del 78. Un programa que recoja los siguientes puntos fundamentales:
- Actualización de salarios y pensiones con el IPC real.
- Reducción de jornada sin reducción salarial y jubilación a los 60 años.
- Derogación de las Reformas Laborales de 2010, 2012 y 2021.
- Ninguna pensión por debajo de 1.200€.
- Sanidad y Educación 100% Públicas. Derogación de la Ley 15/97.
- Ningún desahucio sin alternativa habitacional. Por un parque público de viviendas de
alquiler social expropiando las viviendas vacías de la Sareb y la Banca. - Expropiación de los sectores estratégicos de la economía para una planificación
económica al servicio de las necesidades sociales y la sostenibilidad ambiental. - Expropiación de la Banca y estatización del sistema de crédito.
- Reforma Agraria. Expropiación de los grandes latifundios para que pasen a ser
explotados colectivamente por l@s trabajador@s agrícolas bajo criterios de
sostenibilidad ambiental. - Derogación de la Ley Mordaza.
- Derecho de autodeterminación de los pueblos.
- Referéndum vinculante para elegir entre Monarquía y República.
- Derogación de la Ley de Extranjería y cierre de los CIEs.
- Ley Electoral democrática.
- Derogación de la Ley de Punto Final de 1977.
- Derogación de los acuerdos del Estado español con el Vaticano de 1979.
- Asamblea Constituyente.
- Fuera la OTAN y la industria armamentista.
- Por un gobierno de l@s trabajador@s y el pueblo.
- Por una Unión Libre de Repúblicas Socialistas Ibéricas.