Polonia vive una oleada de protestas que crece en adhesiones día tras día. Todo comenzó el miércoles 21, cuando el Tribunal Constitucional (TC) emitió una decisión restringiendo el derecho al aborto, desde ese momento manifestantes ignorando la prohibición de no producir aglomeraciones públicas y desafiando al gobierno ultraconservador de Andrzej Duda, del Partido Ley y Justicia (PiS) ─ y su programa cristiano y nacionalista─, bloquearon carreteras y paralizaron el tránsito de las ciudades en todo el país. Entonando gritos de: “libertad, igualdad, derechos de las mujeres” y empuñando carteles exponiendo palabras como “vergüenza”, “mi cuerpo, mi decisión” o “a mí me gustaría poder abortar “a mi gobierno”.
Ya el día domingo algunas iglesias llegaron a ser invadidas, y las misas suspendidas. Y en el suburbio de Varsovia, un monumento al Papa Juan Pablo II fue pintado con tinta roja. Para los próximos días están marcadas más de 150 manifestaciones, una movilización que engloba diferentes sectores de la población.
En Polonia ya existía con relación al aborto, una de las leyes más restrictivas de Europa, siendo este permitido solamente para casos de malformación del feto, en situación de riesgo de vida para la mujer o en situaciones de violación o incesto. Con la actual decisión del TC invalidando el aborto en casos de malformaciones fetales – situación que contabiliza 98% de las interrupciones voluntarias legales –, el país prácticamente bañe el derecho al aborto. Conviene recordar que en Polonia el aborto fue libre durante el régimen socialista, esto hasta 1993, aunque debemos señalar que fue restringido durante la presidencia del ex-líder del Sindicato Solidaridad, Lech Walesa, como resultado de un acuerdo con la Iglesia Católica.
Este nuevo retroceso legal deberá aumentar aún más en el país los ya elevados números de abortos ilegales. En Polonia se producen por ano algo menos de 2 mil abortos legales, sin embargo grupos feministas y ONGs vinculadas a los derechos de las mujeres, estiman que cada año son realizadas más de 200 mil intervenciones ilegales dentro o fuera del país. Además de eso, muchas gestantes son disuadidas a usar sus derechos legales cuando buscan ayuda para interrumpir la gestación, e médicos pueden recusarse a realizar el procedimiento en caso que lo consideren que es algo que va contra sus creencias y valores personales, la llamada “obstrucción de consciencia”.
Una ofensiva contra las mujeres
El actual gobierno populista de derecha de Polonia mismo no siendo directamente responsable por la actual decisión, desde que subió al poder en el año 2015[1] viene teniendo una ofensiva, en el sentido de acabar con el derecho de las polonesas al aborto. En el año 2016 un proyecto que proponía el veto total al aborto fue derrotado en el parlamento, esto se produjo luego de que un llamado a una huelga general, llevara a las calles en 104 ciudades del país a más de 150.000 mujeres, en una situación que quedó conocida como “lunes negro” (las mujeres protestaban vestidas de negro).[2] En el año 2018, nuevamente las mujeres salieron a las calles contra el intento del gobierno de endurecer las leyes contra el aborto.
Pero el gobierno no desistió, y junto con la intensificación de la campaña contra el movimiento de mujeres: la represión a las manifestaciones; los ataques públicos contra las activistas y también las represalias a quien participara de los grupos; en algunos casos imponiendo multas y en otros inclusive dimitiendo por participar de las protestas a todos los trabajadores que estuvieran vinculados a la administración pública; además luego de las reformas producidas en el poder judiciario, aprovechándose de esta ventaja conquistada en el TC, un grupo de diputados del PiS ingresó con una demanda cuya actual sentencia está vigente.
Sin embargo, la ofensiva de los conservadores contra las mujeres no se limita a la cuestión del aborto. Desde que retorno a la jefatura del gobierno, el PiS redujo proyectos de promoción del trabajo femenino; redujo programas de atendimiento a la educación especial para niños con necesidades especiales, forzando con esto a muchas madres a dejar de trabajar para quedarse en la casa al cuidado de los hijos; limito también las campañas públicas contra la violencia a las mujeres e instituciones disponibles para acoger estas; introdujo una cuota para los casos de divorcio, lo que significa un grande obstáculo para las mujeres víctimas de la violencia que quieran separarse de sus agresores; eliminó del o currículo escolar cualquier mención a la educación sexual; retiró el financiamiento para tratamientos de reproducción asistida para parejas no casadas, así como para mujeres que los buscaban solteras; y limitó el acceso a la píldora del día siguiente, que ahora solo puede ser conseguida con receta médica.
Así mismo, el gobierno también cortó las subvenciones para entidades que prestan asistencia a las mujeres, la mayoría sobrevivientes de la violencia, como es el caso del Centro para los Derechos de las Mujeres de Polonia, después de analizar el financiamiento público de las ONGs, fundamentando que sus programas son discriminatorios a los hombres, porque sólo atienden mujeres.
Todas estas medidas, sumadas a una retórica ultraconservadora vienen agudizando la violencia machista en Polonia, donde son registradas cerca de 67.000 denuncias de ese tipo por año. Según el Instituto Europeo de Igualdad de Género (EIGE), cerca de cuatro millones de mujeres polonesas con más de 15 años sufrieron violencia física o sexual alguna vez en la vida.
Las Zonas libres de LGBTs
Al inicio de agosto, se dio la condenación a dos meses de prisión de una activista transexual, esto fue el detonante para una serie de manifestaciones en defensa de los derechos de las LGBTs, en Varsovia y en Cracovia.[3] Las protestas, llamadas de “El Stonewall de Polonia” – haciendo referencia a la Revuelta de Stonewall, del año 1969 –, fueron también una respuesta a las varias acciones que el gobierno viene tomando para criminalizar a las LGBTs.
En Polonia el casamiento entre personas del mismo sexo no es válido, inclusive el concepto de unión estable como existe y tiene vigencia por ejemplo en Brasil, no es reconocido. Esto significa que parejas gay no pueden tener acceso al sistema de salud (público o privado) como dependiente uno del otro, no pueden declarar a la compañera, o a el compañero, como dependiente para el impuesto de renta, el o la no tiene derecho sobre inmuebles comprados en conjunto, tampoco a herencias o cualquier otra garantía luego de la muerte de la/del conjugue. Los conservadores no solamente no están dispuestos a no reconocer estos derechos básicos, sino que van mucho más allá de esto.
En el año 2018, el PiS impuso una Reforma de la Educación que, además de priorizar la historia nacional en los currículos escolares, defiende los valores cristianos y de la tradición familiar. A pesar de los numerosos escándalos de abuso sexual contra niños, involucrando padres en Polonia, el gobierno como respuesta a los escándalos, no deja de apoyar a la Iglesia Católica, y en lugar de presionar por investigaciones, pasó al contrataque escogiendo como albo al “movimiento LGBT”, que fue declarado por el líder del gobierno como el enemigo: de la familia, de la patria polonesa y de la tradicional cultura cristiana.
Durante su campaña para la reelección en julio de ese año, el presidente Andrzej Duda, prometió prohibir la enseñanza de “cuestiones de género” en las escuelas, afirmando en sus discursos que los homosexuales son “enemigos peores aún que los comunistas” y que “están intentando convencernos de que ellos son alguien”. El gobierno también viene realizando una campaña para que, las autoridades locales se abstengan de acciones que puedan ser interpretadas como “tolerantes” a la comunidad LGBT. Al mismo tiempo que se esfuerza para impedir una ayuda financiera, a las organizaciones no gubernamentales que ayuden a promover derechos iguales para esa población, en las regiones que ya se declararon como “zonas libres de LGBTs”.
Al comienzo del año cerca de un tercio de las ciudades polonesas, la mayoría de ellas de la Región Sudeste de Polonia, toda un área rural y conservadora, reducto electoral del PiS, y donde la Iglesia Católica tiene mucha influencia; se declararon “zonas libres de la ideología LGBTs”. Son lugares donde homosexuales, transexuales y bisexuales no son bienvenidos, y la tolerancia sexual es rechazada. En estas regiones marchas por el orgullo gay o cualquier otra manifestación o acto de calle que involucre la lucha por derechos de las/los LGBTs son prohibidos y demostraciones públicas de afecto entre LGBTs son perseguidas como expresiones de identidades de género que no sea cisgénero.
Aunque esa declaración, que cuenta con el apoyo explícito del PiS, no tenga validez jurídica, e inclusive haya desencadenado sanciones económicas por parte de la Unión Europea (UE), está cargada de una retórica que tiene una finalidad, la de estimular la intolerancia, y criminalizar a las/los LGBTs. En la práctica están siendo hostilizados y expulsados de sus regiones, imponiéndoseles el exilio o la clandestinidad.
La Ley de medios y la Reforma en el sistema judicial
Todas esas medidas se insertan en un contexto más amplio de ataque a las libertades democráticas, con el aumento del control sobre los medios de comunicación y el sistema judicial, incluyendo el Supremo Tribunal y el Tribunal Constitucional. Además, aún antes de retornar al gobierno en el año 2015, el PiS saboteo la indicación de jueces para el TC, que habían sido realizadas por el gobierno anterior. De esa forma se aseguró que cinco vacantes estuvieran abiertas cuando volviera al poder. O sea, en total el partido indicó ocho de los quince jueces de la Corte, lo que inclusive fue determinante, para la actual decisión restringiendo de esta forma el aborto.
En el año 2016 el gobierno fusionó los cargos del ministro de justicia y el del Fiscal-general, concediendo al ministro un poder directo sobre todos los fiscales. Otra medida fue la aprobación de una ley alterando decisiones del Tribunal Constitucional, que pasaron a necesitar de una mayoría de dos tercios para tener validad, contrariando la regla anterior de mayoría simple, dificultando así impedir leyes polémicas. En el año 2017 otro cambio en la legislación, dio al Ministro de Justicia el poder de indicar y dimitir presidentes de los tribunales de primera instancia, la ley concedía también al ministro el poder de dimitir los jueces del Supremo Tribunal y escoger sus sustitutos e imponer que 22 de los 25 miembros del Consejo Nacional de Justicia, anteriormente electo por la comunidad jurídica polaca pasara ahora a ser escogido por el parlamento. En el 2018 una nueva legislación reduciendo la edad para, la jubilación obligatoria de los jueces de la Suprema Corte, fue aprobada, obligando a cerca de un tercio de los magistrados a jubilarse. En el mes de diciembre del año pasado el parlamento polonés aprobó la denominada “ley del bozal”, que reprime magistrados que discrepen con las reformas políticas, realizadas por el actual gobierno. Parte de esas medidas acabaron siendo revertidas por la presión en las calles y por la amenaza de sanciones por parte de la UE.
Una ley de medios (la prensa) sancionada en enero del año 2016, reforzó el control sobre la televisión y la radio estatal, permitiendo al gobierno nombrar y dimitir a los directores de las cadenas de TV y radio públicas (papel que antes pertenecía a un comité de supervisión de medios) obligando así de esta manera a la prensa pública a seguir la línea oficial del gobierno y a exaltar la historia de Polonia. El gobierno es también acusado de perseguir periodistas independientes en los medios públicos.
Huelga General
Las protestas actuales contra restringir el aborto no dan señales de debilitamiento, sino todo lo contrario, el día miércoles 28 las mujeres convocaron a una huelga general contra la decisión del TC y contra el gobierno. Por todo el territorio polonés, niñas, mujeres y hombres aliados adhirieron al movimiento, no compareciendo al trabajo en las empresas públicas y privadas, pequeños comerciantes cerraron las puertas de sus comercios en apoyo a la huelga general.
Las clases también fueron canceladas en diversas instituciones. En la Universidad de Gdansk, una de las mayores de Polonia, hubo una gran adhesión al acto organizado en el campus por estudiantes y trabajadores. En Opole, en el centro del país, estudiantes de Medicina adhirieron a la huelga y protestaron al frente de la universidad. En Varsovia, otro grupo de estudiantes protestó con sus delantales al frente de la central del PiS.
Por la noche, miles y miles de personas volvieron a las calles al grito de “hipócritas” y “fanáticos” todo direccionado al gobierno. Los manifestantes llevaban carteles y pancartas con frases como: “la revolución es una mujer” y “yo prefería quedarme en mi casa, pero tengo un gobierno que hay que derrumbar”. Muchos mostraban un “rayo rojo” pintado en la frente, que se convirtió en un símbolo de la protesta.
El gobierno del PiS prometió reprimir las protestas, pero la lucha de las mujeres, que tiene un fuerte matiz anti gobierno, parece haber conquistado la simpatía de hasta algunos sectores de la policía. Los medios de comunicación local han mostrado a algunos policías, hombres y mujeres aplaudiendo mientras los manifestantes pasan. De acuerdo con una encuesta de opinión, realizada por la Fundación Ibris, aproximadamente un 66% de los entrevistados se oponen a la decisión del TC, mientras un 69% quieren un referendo sobre si los cambios deben entrar en vigencia.
Notas:
[1] El partido ya había estado al frente del ejecutivo entre el 2005 y el 2010, habiendo perdido la mayoría del parlamento y consecuentemente la jefatura del gobierno en el 2007.
[2] Ver artículo: https://litci.org/pt/polonia-massiva-mobilizacao-em-varsovia-contra-o-veto-a-lei-do-aborto/
[3] Ver artículo: https://www.pstu.org.br/polonia-liberdade-imediata-para-margot-fim-da-segregacao-as-lgbts-e-das-zonas-livres/