El gobierno PSOE-UP anunció el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2022, que sin duda le supondrá un nuevo quebradero de cabeza después de que Vox y PP ya anunciasen que votarán en contra.
Mientras, el gobierno tiene que terminar de aprobar en estos meses, varias leyes para cumplir con los mandatos de la UE. Entre ellas, el Decreto 14/2021 de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público, muy criticado por sus socios de gobierno y para el que tanto PSOE como PP (que para esto SI saben ponerse de acuerdo), presentaron unas enmiendas que mantienen en esencia lo fundamental del Decreto; el llamado Icetazo. Esto es, obligar al personal en fraude de ley a pasar por un concurso-oposición para lograr la plaza que llevan años ocupando e indemnizar a quienes no logren hacerlo, en esos «falsos procesos de estabilización». Una medida que va en contra de las sentencias del TJUE en esta materia y sigue sin trasponer la Directiva europea de contratación temporal que las Administraciones llevan 20 años saltándose a la torera
Una de las medidas que contempla el proyecto de PGE 2022, es la «subida salarial» al personal funcionario de un 2%. Lo que en realidad implicará una rebaja en términos de salario real, dada la inflación desbocada que estamos sufriendo que ya supera esa cifra y puede llegar al 4% a finales de año.
Este gobierno que se dice progresista, con una mano nos aprueba una subida salarial engañosa y con la otra quiere aprobar el mayor ERE encubierto en la historia de la Administración Pública, que dejará fuera a miles de emplead@s públic@s, en su mayoría mujeres de más de 45 años y con cargas familiares.
Y encima aprueban una oferta de empleo público (OPE), cuyas plazas de nueva creación son totalmente insuficientes para reponer los miles de puestos de trabajo que destruyeron en estos años de crisis en la Administración Pública.
¡No hay manos en los servicios públicos de empleo! para gestionar la avalancha de ERTEs que sufrimos desde la pandemia. Tuvieron que incorporar de forma improvisada al SEPE (Servicio Estatal Público de Empleo) a 3.000 interin@s que fueron finalizando contrato progresivamente hasta septiembre. Esto no impidió que el SEPE siguiera desbordado y que cientos de miles de trabajador@s y sus familias, no vieran un duro durante meses.
¡Tampoco hay suficiente personal en las Seguridad Social para gestionar el IMV!, cuya cuantía sube un 3% (483,08) en estos PGE, lo que sigue incumpliendo con la Carta Social Europea suscrita por nuestro país. El engorroso papeleo pero también la falta de personal, ha supuesto que sólo un 26% de las personas en pobreza severa «haya logrado» tramitarlo y que a casi la mitad del total de solicitantes les fuese denegado.
¡Faltan profesionales en Sanidad, Educación, Dependencia, Servicios de prevención de incendios. y un largo etc.! Así que pese a las campañas de marketing de este gobierno para tapar el fraude y el recorte de personal en las Administraciones públicas, el personal temporal en abuso de temporalidad en la Administración Pública lo tenemos claro: ¡No queremos subidas del sueldo que no son tal, ni indemnizaciones ridículas por cese o despido. Queremos conservar nuestro puesto de trabajo como personal fijo a extinguir en la Administración Pública!
Con este objetivo, además de por unos Servicios Públicos de calidad, seguimos luchando. Es por ello que junto a los sindicatos que organizaron la manifestación estatal del pasado 25S y otros que ya se han sumado o lo harán en los próximos días, convocaremos Huelga estatal en la Administración Pública el próximo 28 de octubre.