En el marco de las negociaciones para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, el pasado 25 de abril, PP y PNV llegaron a un acuerdo en materia de pensiones. Un acuerdo por el cual, el Gobierno se compromete a subir todas las pensiones un 1,6% el 2018 y según el IPC en 2019. Asimismo, se compromete a aumentar la base reguladora de las pensiones de viudedad un 56% y un 60% este año y el siguiente respectivamente. Finalmente, el acuerdo contempla el aplazamiento de la aplicación del factor de sostenibilidad hasta 2023.
Estas medidas son fruto de las multitudinarias movilizaciones que venimos protagonizando desde la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, como las del pasado 17 de marzo que han obligado al Gobierno a mover ficha.
Sin embargo, lejos de solucionar el problema estructural del sistema público de pensiones, estas medidas no son más que parches ocasionales, migajas que nos ofrecen para sacarnos de las calles y mantenernos dóciles para seguir desmantelando y privatizando las pensiones públicas.
Las pensiones seguirán siendo de miseria para la inmensa mayoría de pensionistas y continuarán estando en peligro hasta que no se establezca una pensión y un salario mínimo dignos (los 1.084 Euros), se aseguren por los Presupuestos Generales del Estado y se acaben las prebendas fiscales a las pensiones privadas. Es por este motivo que estas medidas no han de deslumbrarnos, sino hacernos ver que la lucha es el único camino y darnos la fuerza necesaria para continuar las movilizaciones que venimos encabezando. ¡Que la lucha no pare!
A la vez, es necesario mantenernos firmes con el programa de la Coordinadora Estatal, defendiendo una pensión mínima de 1.084€, la revalorización automática de las pensiones según el IPC, la igualdad de las pensiones entre hombres y mujeres, la jubilación a los 65 años, la derogación de las Reformas de 2011 y 2013 y la vuelta a la situación anterior al Pacto de Toledo, asegurando las pensiones desde los Presupuestos Generales del Estado.
Todas estas demandas solo las conseguiremos si extendemos nuestra lucha al conjunto de la clase trabajadora, construyendo un movimiento masivo, desde la base, desde las Mareas, los barrios, las asambleas de trabajadores y estudiantes y/o empresas y aulas, poniendo a la cabeza de la lucha a los sectores más castigados por la actual y futura situación del sistema público de pensiones, como las mujeres y juventud trabajadora.
La lucha por las pensiones públicas es también la lucha por la Educación Pública, por una vivienda digna, por un salario digno o contra la represión. Es la lucha por nuestros derechos sociales y democráticos. Solo expandiendo y unificando las luchas podremos construir un movimiento masivo y combativo capaz de avanzar hacia la Huelga General para salvar nuestras pensiones y acabar con el Gobierno de Rajoy.
CCOO Y UGT SON PARTE DEL PROBLEMA NO DE LA SOLUCIÓN
Los dirigentes de CCOO y UGT siguen contraprogramando las acciones de la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones, siguen apostando por desmantelar un movimiento que surgió por fuera de ellos y contra ellos, por considerarles parte del problema. Ellos son parte del problema y no de la solución porque todos sus movimientos siguen estando dirigidos a reconducir la “solución” al Pacto de Toledo, es decir a la fuente del problema. Fue ese pacto que ellos reivindican el que sentó las bases para la privatización y el desmantelamiento de nuestras pensiones. Fue ese Pacto el que dividió las fuentes de financiación y eximió al Estado de la obligación del pago de las pensiones al tiempo que disparaba el negocio de las pensiones privadas. Y ahí de nuevo la burocracia se muestra como parte del problema porque participan como socios de los bancos y aseguradoras en las empresas de gestión de los fondos privados de pensiones, al tiempo que siguen ofreciendo planes privados de pensiones a sus afiliados.