En las últimas semanas se han confirmado las sospechas respecto al espionaje por parte del Estado español a más de 60 independentistas catalanes y vascos que fueron infectados con el programa espía Pegasus, de la firma israelí NSO Group. El CNI admite el espionaje legal y bajo control judicial a algunos líderes independentistas, incluido el presidente de la Generalitat Aragonés. Poco después se fueron destapando más casos de espionaje mediante el mismo método, esta vez hacia la ministra Robles y el presidente Sánchez, aunque se desconoce la autoría de estos ataques.
Pegasus es un spyware (software espía) desarrollado por NSO Group que permite registrar y controlar la actividad y los archivos de un dispositivo víctima incluso sin que sea necesario abrir ningún link o archivo para infectar el móvil u ordenador, ya sea Android o iPhone. Su ejecución es indetectable para la víctima y no es rastreable ni borrable. La compañía que, supuestamente, solo trabaja a petición de Gobiernos o de fuerzas de seguridad, ofrece además servicios de personalización del software.
Aunque el Gobierno español niega cualquier relación con ese espionaje, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) compró el programa Pegasus coincidiendo con el relevo de Artur Mas por Carles Puigdemont en la Generalitat, según Colpisa.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dejado entrever que el espionaje a independentistas, autorizado por la Justicia, se ha centrado en quienes promovían disturbios violentos a través del Tsunami Democràtic y a quienes, siendo responsables del referéndum ilegal del 1-O, huyeron de España para no comparecer ante la Justicia.
A pesar de las insinuaciones deslizadas por la directora cesada del CNI, Paz Esteban, y el Ministerio de Defensa, Grande-Marlaska insistió este viernes en que el Ministerio de Interior «no ha comprado» el software espía Pegasus y aseguró que nunca han mantenido negociaciones con la empresa responsable de la misma.
No obstante, como ya adelantó THE OBJECTIVE, desde el entorno de Carles Puigdemont señalan que organismos dependientes de Marlaska actuaban como “policía patriótica” persiguiendo lo que consideraban «elementos descontrolados» de Interior y responsabilizan al ministro y su equipo del espionaje con Pegasus a unos 65 líderes y activistas catalanes, desvelado por Citizen Lab, entre 2017 y 2020. Una hipótesis que suscriben también en Podemos.
Ante la polémica desatada, y presionado por la necesidad de conservar a sus socios de gobierno, Pedro Sánchez ha anunciado una nueva Ley de secretos oficiales que sustituya a la de 1968, Ley aprobada durante la dictadura y que sigue vigente debido al bloqueo por parte de PP y PSOE hasta el momento, y una reforma del control del CNI.
Aunque de momento no conocemos más que un anuncio en abstracto, es difícil creer que esta reforma vaya a salir realmente adelante o que esta sirva para rectificar la base del problema. El caso Pegasus es una confirmación más de que los estados capitalistas espían, y que lo hacen aunque eso signifique vulnerar los derechos humanos, como son el derecho a la intimidad personal, familiar y la libertad política. Este ataque solo puede entenderse en el contexto general de la lucha de clases mundial, el carácter inevitablemente represivo de los estados capitalistas y la naturaleza bonapartista del Estado español.
Desde ámbitos sociales ligados al progresismo se ha vendido la idea de que el régimen del 78 recoge los valores de la II República y de las democracias europeas más avanzadas. Nada más lejos de la realidad, bajo el manto de sus formas democráticas subyace un entramado institucional, económico-social construido sobre las bases de la dictadura franquista que, lejos de ser derrotada, fue cariñosamente reencauzada cuando la polarización social se volvió insostenible.
La Transición no significó una ruptura con el régimen franquista, como ya se ha denunciado en multitud de ocasiones. No sólo sus principales instituciones se transformaron en los administradores de la victoria del 39, sino que la misma estructura económica construida bajo la dictadura pervive hasta hoy. Los pilares fundamentales se mantuvieron, como la Casa Real, el ejército y la Judicatura y los partidos en el gobierno asumieron un limitado papel como ” gestores” de los intereses de las diferentes fracciones de la burguesía que se unifican alrededor de las instituciones del régimen.
Esta es la clave del bonapartismo del régimen del 78; no son las instituciones democráticas las que lo definen, el parlamento o las comunidades autónomas, sino las que nadie elige y son herencia del franquismo.
Esta es la realidad que explica la naturaleza reaccionaria de organismos como el CNI, que sirven, no para perseguir la criminalidad, sino para garantizar los intereses de la oligarquía española y sus principios, como la unidad nacional.
En el actual contexto de digitalización, donde la ciberdelincuencia es un fenómeno social habitual, es importante recordar que la represión es un aspecto de la lucha de clases. Entender cualquier ciberataque como una cuestión personalista o individualizada fuera del contexto general del sistema capitalista seria hacer un análisis parcial y equívoco de la realidad. Es por estas cuestiones que reducir la cuestión a la necesidad de reformar una ley es una respuesta superficial y incompleta, que no sirve para atajar el problema de raíz.
Sin embargo, es necesario dar la batalla contra la represión incluso dentro de la propia legalidad capitalista, especialmente cuando al frente de los estados se encuentran gobiernos falsamente progresistas. Es por ello que desde Corriente Roja exigimos la renuncia de Robles y la formación inmediata de una Comisión de investigación independiente, para determinar los hechos y lograr el juicio y castigo a los responsables materiales y políticos del espionaje.
Emplazamos a todos los y las trabajadoras del Estado español a posicionarse por la necesaria disolución del CNI y la derogación de la Ley de Secretos Oficiales franquista, sin confiar en las promesas del Gobierno. Pedimos la desclasificación y publicación de todos los archivos secretos en manos del Estado y sus servicios de inteligencia.
Exigimos la reparación y compensación a todas las víctimas de espionaje, pero no confundimos a las víctimas con aliados políticos, ni el gobierno de Aragonés ni el gobierno de Sánchez merecen ningún tipo de confianza. El único plan de lucha efectivo contra la represión es mantener la defensa de la Amnistía y la autodeterminación, lo que exige un plan de lucha para movilizar a las clases trabajadoras y populares. Es necesario unificar a todos los sectores afectados por la represión policial y judicial e integrar en esta lucha las organizaciones de trabajadores/as y movimientos sociales. Construir la solidaridad con organizaciones y movimientos del conjunto del Estado porque la garantía última de victoria es acabar con el régimen monárquico y cambiar radicalmente las reglas del juego.