Ni recortes ni privatización

Las políticas de austeridad o planes de ajuste que los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE han venido aplicando han provocado el desmantelamiento sistemático de todos los servicios públicos esenciales; desde servicios sociales, pasando por Renfe, correos, educación, sanidad, etc…

Esta reducción de la inversión pública ha ido acompañada de una privatización directa o encubierta mediante externalizaciones, conciertos o encomiendas de lo público, y de la introducción de conceptos como el copago. Copago en las ayudas a la dependencia o en el acceso a algunos medicamentos.

Los mercados entran en los servicios públicos para privatizar lo rentable y transformar el resto en beneficencia. Un proceso de deterioro de lo público y privatización que fomenta el incremento de las desigualdades y el empeoramiento de las condiciones de vida de quienes no puedan pagar por ellos.

Las empresas privadas que gestionan estos servicios aniquilan de un plumazo los derechos laborales y sociales de los/as trabajadores/as. En los últimos años, hemos vivido una escalada de conflictos en las contratas municipales consecuencia de despidos, ERES, rebajas salariales, impagos… mientras estas grandes multinacionales mantienen su porcentaje de beneficios que pagamos entre todos y todas.

Frente a ello, desde Corriente Roja defendemos la vuelta a manos públicas de todos los servicios públicos, además de un aumento drástico del gasto social hasta atender todas las necesidades sociales. Un primer paso sería remunicipalizar todos los servicios públicos esenciales que se otorgan desde la administración local, subrogando al personal que trabaja dentro de ellos y poniéndolos bajo control de la ciudadanía.

Una remunicipalización que era la medida estrella del programa de muchos «ayuntamientos del cambio», pero que desgraciadamente quedó como otras promesas electorales en «agua de borrajas». Sólo cuando las empresas que ofrecían ese servicio público tuvieron pérdidas corrieron a remunicipalizarlas. Pero para rescatar a las empresas y no a los/as trabajadores/as.

El ERE encubierto en la Administración

Después de años de destrucción de puestos de trabajo, rebajas de salarios y pérdida de derechos en todas las administraciones públicas, en marzo de 2017 se firmó el mal llamado «Acuerdo para la mejora del empleo público» entre el gobierno de Rajoy y las direcciones sindicales de CCOO, UGT y CSIF. Un nuevo «pacto social» que desde Corriente Roja llamamos en su día a rechazar en las calles, por ser un fraude y una estafa. Con la excusa de bajar la escandalosa temporalidad al 8% en tres años para evitar una multa de la Unión Europea pisotean y niegan los derechos laborales adquiridos por quienes llevan años en las distintas administraciones, ocupando puestos estructurales en abuso de temporalidad.

Este acuerdo ni acaba con la temporalidad ni con las plantillas deficitarias, ya que no se repone el empleo perdido, sino que los mal llamados «procesos de estabilización» que hay en marcha en las distintas administraciones, van a sustituir a un@s trabajador@s por otros más baratos si no hacemos nada para evitarlo, mandando al paro a miles de trabajadores y trabajadoras, en su mayoría mujeres y con una media de edad que supera los 40 años.

Esto supondrá además la pérdida de años de experiencia y profesionalidad de estos trabajadores/as y sus consecuencias recaerán sobre el pueblo y la clase trabajadora de conjunto. Contra este acuerdo y en repudio a la enésima traición de los sindicatos mayoritarios surgieron decenas de plataformas y asociaciones de trabajador@s temporales en lucha que con justa razón, reclaman la fijeza en su puesto de trabajo para acabar con su temporalidad abusiva y como solución al fraude cometido por todas las administraciones.

El papel de la UE

Pero no podemos entender la destrucción de empleo y de los servicios públicos de estos años, o la situación que sufren miles de empleados públicos en todas las administraciones sin referirnos a lo que significa el propio proyecto de la UE y a las políticas que desde hace más de diez años nos vienen impuestas para descargar sobre las espaldas de la clase trabajadora, una crisis económica capitalista que no hemos provocado.

Cuando llegó la crisis de 2008, la peor crisis capitalista desde 1929, fue la UE la que obligó al Estado Español, al igual que a otros estados miembros, a rescatar con dinero público a la banca y las multinacionales de la quiebra, provocando un endeudamiento público masivo que hoy llega al 100% del PIB y que devora los presupuestos públicos.

Igualmente es la UE quien promueve e impone desde hace años en sus acuerdos con países deudores la privatización de los servicios para convertir estos en un negocio en el que las empresas privadas puedan campar a sus anchas. Y esta es la misma UE que dicta las reformas laborales que traen precariedad y salarios de miseria, o que lleva años atentando contra el sistema público de pensiones para desmantelarlo.

Hoy día, no hay ninguna posibilidad de aumentar el gasto social necesario para atender las necesidades sociales, revertir las privatizaciones, crear empleo público estable y mantener a los que ya están dentro de la administración sin rebelarse contra esta deuda pública ilegítima e impagable que se nos impone como prioridad absoluta, y sin desobedecer el ajuste al déficit público.

Romper con las reglas del juego

La lucha de l@s trabajador@s temporales de la administración por su derecho a la fijeza o por unos servicios 100% públicos universales y de calidad no puede separarse de la lucha por otras demandas sociales y laborales, como es la exigencia de derogar las reformas laborales del PP y PSOE, o por unas pensiones dignas e iguales para todos y todas. E igualmente va unida a la batalla por la igualdad. Las mujeres son hoy mayoría en muchos sectores públicos, ocupando además los puestos más precarios, por lo que se ven doblemente afectadas por todos estos ataques, que en el ámbito privado les suponen una sobrecarga en los trabajos domésticos y de cuidados de los que el Estado se desentiende, y de los que esta sociedad patriarcal y machista les responsabiliza en mayor medida. Por eso hoy, más que nunca, se vuelve imprescindible intentar unificar todas las luchas.

Los recortes y privatizaciones o el ERE encubierto en las administraciones públicas de aquí al 2020 son parte de un proyecto político de la burguesía que el próximo gobierno que salga de las urnas el 10 de noviembre, sea cual sea, no estará dispuesto a enfrentar . Sólo la clase trabajadoraes capaz de hacer esto. Los otrora llamados «ayuntamientos del cambio», son la mejor prueba de que supeditar todo dentro del marco de las instituciones, respetando la “legalidad” y limitándose a hacer una gestión de «lo posible», no nos conduce más que al desencanto, la pérdida de derechos y a seguir empeorando nuestras condiciones de vida. Por eso no basta con luchar por reivindicaciones inmediatas. Cualquier conquista que la clase trabajadora logremos arrancar estará en peligro mientras se mantenga en pie este sistema capitalista.

Para nosotras, la lucha por todas estas demandas por las que nos manifestamos el día 26O debe estar vinculada a una lucha mucho más amplia contra los gobiernos de turno al dictado de la UE y por una salida obrera, democrática y socialista a la crisis capitalista. Porque las medidas de urgencia que necesitamos y por las que estamos saliendo a la calle, no pueden ser aplicadas por procedimientos «parlamentarios» ni por el manoseado «diálogo social» de los burócratas sindicales, que hace mucho dejaron de defender nuestros intereses.

Un programa para cambiar de verdad la vida de la clase trabajadora solo podrá ser aplicado por medio de una movilización general masiva, que abra la opción de un gobierno de l@s trabajador@s surgidos de nuevas instituciones, apoyados en una red de asambleas y comités populares levantados en los lugares de trabajo y de vida ,basados en delegados revocables en todo momento.

Para lograr esto necesitamos construir una organización revolucionaria capaz de movilizar a la mayoría social, y sobre todo al conjunto de la clase trabajadora. En base a un programa revolucionario y de ruptura con este régimen monárquico antidemocrático y con una UE irreformable, que no es la Europa solidaria que pretenden vendernos, sino una maquinaria de guerra de la banca y las multinacionales europeas contra la clase trabajadora y los pueblos. A esta tarea es a la que nos dedicamos en cuerpo y alma quienes formamos parte de Corriente Roja y a la que te invitamos a sumarte.