El pasado viernes 20 de Mayo en Molina de Segura (Murcia), una mujer que permanece en coma, fue arrojada por el balcón de una terraza desde seis metros de altura por su ex novio, denunciado hacía pocos meses por violencia de género y con una orden de alejamiento. A la espera de ver que pasa con su vida, son ya 21 las mujeres asesinadas en lo que va de año.

Por Laura Requena

En realidad el número de mujeres asesinadas es mucho mayor ya que la Ley de “Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género”, solo reconoce aquellos casos de mujeres muertas a manos de su pareja o ex pareja, por lo que muchas no salen en las estadísticas.

El 10% de las mujeres de más de 16 años en España ha sufrido violencia física, 25% violencia psicológica de control, 22% violencia psicológica emocional, 8% violencia sexual (la mitad antes de los 15 años) y 11% violencia económica, según la Macroencuesta oficial 2015, cifras que se incrementan un 33% en las mujeres con discapacidad. Pero sólo el 45% acudieron a servicios médicos, psicológicos, jurídicos o sociales y sólo un 29% la denunciaron, y de ellas un 21% retiraron luego la denuncia.

Desde responsables y profesionales que atienden a mujeres que sufren maltrato, se sigue alertando del riesgo que supone denunciar mientras no haya suficientes recursos para protección y atención a mujeres que lo hacen. No hay personal ni mecanismos eficientes para proteger socialmente a las mujeres que se atreven a hacerlo. El presupuesto actual es totalmente insuficiente para la financiación municipal de los puntos de atención municipales, muchos de los cuales han sido cerrados. Tampoco para poner en marcha las políticas educativas y las campañas de prevención que recoge la Ley o para ofrecer las ayudas económicas previstas a las que las víctimas tienen derecho. No hay planes de empleo especiales para aquellas que estén desempleadas ni garantía de alojamientos alternativos que les permita no tener que convivir con su agresor.

También brilla por su escasez la formación especializada en el tema que recibe el personal que atiende a estas víctimas tanto en comisarias, como en los propios juzgados. Esto es lo que hace que aún muchos jueces (y por desgracia también juezas), sigan dejándose llevar por estereotipos y prejuicios machistas a la hora de resolver los casos. Un ejemplo de ello es el llamado “Sindrome de Alienación Parental” (SAP). Un supuesto “trastorno” según el cual muchos niños y niñas no quieren estar con su padre por estar manipulados por una madre “paranoica”. A pesar de que ha sido desestimado por muchas organizaciones de la salud y la psiquiatría por carecer de rigor científico, el SAP es aceptado por algunos jueces en los juicios por custodia de l@s menores, incluso cuando el padre tiene una denuncia y/o condena por maltrato.

No sólo se espera y se pide que sea siempre la mujer que está sufriendo malos tratos la que denuncie, en un calvario “judicial” que la “revictimiza” y con frecuencia le hace sentir culpable de su situación, sino que además es ella quien tiene que determinar el riesgo que está sufriendo.

El voto no es suficiente para acabar con la violencia, el machismo y la desigualdad

Ahora que llegan las elecciones los partidos con representación parlamentaria sacarán a relucir las medidas a favor de las mujeres que contienen sus respectivos programas. Pero todas ellas son “papel mojado”, mientras el pago de la deuda pública respaldado constitucionalmente por el Artículo 135 de la CE y el ajuste al déficit impuesto por Bruselas y la Troika – que ya está exigiendo recortes sociales adicionales para cuadrar las cuentas de la banca,- sea prioridad por encima de la protección y la vida de las mujeres.

Gane quien gane en las urnas el próximo 26-J, el programa del próximo gobierno ya ha sido decidido por la UE. Un programa que además de más recortes sociales, exigirá más flexibilidad del mercado laboral y una nueva vuelta de tuerca a la privatización de los servicios públicos como hoja de ruta del capital para salir de la crisis estructural en la que está metido.

Unas medidas que seguirán empeorando las condiciones materiales de vida de las mujeres y en especial de las mujeres trabajadoras, como sector más pobre, explotado y precarizado de la clase, aumentando las dificultades para escapar de la violencia machista.

¡Obreros y estudiantes, unidos y adelante!: Contra el machismo y los ataques del capital

Desde Corriente Roja venimos defendiendo que no hay salida para conseguir pan, trabajo, techo ni tampoco para acabar con la desigualdad, la violencia y la discriminación que sufrimos las mujeres, sin enfrentar los planes de expolio y miseria del capital y quienes gobiernan a su servicio

Las organizaciones populares, obreras y de estudiantes, además de seguir organizando la lucha y salir a la calle para revertir los nuevos ataques que seguro vendrán, tenemos que exigirle al nuevo gobierno que salga, sea el que sea, más políticas de igualdad dotadas de suficiente financiación y un plan integral contra todo tipo de violencia machista, dotado de presupuesto.

Mientras este sistema social y judicial no garantice ni la dignidad, ni la protección, ni la vida de las mujeres, en cada barrio, en cada centro de estudio o lugar de trabajo, es necesario tejer redes de autodefensa y de apoyo a aquellas mujeres que sufren esta lacra social y para que más se atrevan a romper el silencio. Para ello es importante que cada vez más hombres rompan con la complicidad machista que aún existe y se pongan al frente de la denuncia social y la lucha contra cualquier actitud o comportamiento machista hacia las mujeres de su entorno.