El pasado viernes 27, la Ministra de Trabajo Yolanda Díaz (de Unidas Podemos), anunciaba un nuevo paquete de medidas laborales para hacer frente a la emergencia provocada por el coronavirus. Los titulares de prensa y la campaña propagandística del Gobierno anunciaban que “los despidos se prohibían”. Sin embargo, esto es sencillamente falso.
En primer lugar, hay que destacar que la norma no se aplicará de manera retroactiva. En realidad, el grueso de despidos provocados por las medidas de aislamiento social YA se han producido, pudiendo acercarse hasta el millón de ceses. Cuando se aplicó el decreto para agilizar los ERTEs, se hizo de manera retroactiva, ¿por qué esto no?
Para los despidos que se vayan a producir en el futuro, el único cambio es que el COVID-19 no se considera causa procedente de despidos. Es decir, por el resto de causas sí se puede seguir despidiendo, y para los despidos donde se alegue como causa el virus, el cambio es únicamente que la indemnización pasará de 20 a 33 días por año trabajado (45 hasta febrero de 2012). El despido sigue siendo libre, sólo que levemente más caro, únicamente para un caso en particular.
Otra de las medidas que más se ha resaltado es que los contratos temporales que se extingan bajo el Estado de Alarma serán automáticamente prorrogados. Pero en realidad esto sólo se aplica a quienes estén afectados por un ERTE; el resto de contratos temporales se extinguirán sin mayor novedad.
Más allá de la fanfarria con la que el gobierno anuncia sus medidas, estafa siempre validada por los dirigentes de CCOO y UGT, éstas siguen siendo muy muy insuficientes y fundamentalmente a favor de la patronal. Recordemos que la medida estrella del gobierno, los ERTEs, descargan a las grandes empresas del 75% del coste, que asume el Estado con dinero público, a la vez que el trabajador/a pierde el 30% del salario. Esto no es nada más que un rescate público de las grandes empresas.
Por otra parte, allí donde no ha sido obligatorio paralizar la producción (o donde los propios trabajadores no han obligado a parar), las empresas siguen funcionando con normalidad, en la gran mayoría de los casos sin medidas de protección adecuadas, con el visto bueno del gobierno. El Estado de Alarma sólo es para la población, no para las empresas; ¡lo primero es seguir facturando, aunque cueste miles de vidas!
Desde Corriente Roja exigimos:
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Cuarentena real. ¡Paralización sin despidos ni pérdida salarial para todas las actividades no fundamentales!
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Para aquellos servicios imprescindibles, ¡medidas de protección adecuadas!
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Prohibición de los despidos, de los ERTEs y la extinción de contratos en grandes empresas con beneficios multimillonarios. ¡Que todos los despidos ya realizados sean declarados nulos retroactivamente!