¡Liberación de patentes, vacunación universal y refuerzo de la Sanidad son el único camino para acabar con la pandemia!
Empezamos el 2021 con el mensaje de todos los gobiernos de que este iba a ser el año del fin de la pandemia gracias a las vacunas, y lo terminamos con un dato que expresa el fracaso del imperialismo en la gestión de la situación: la gran mayoría de los 5,4 millones de muertes oficiales se produjo en 2021, el año de las vacunas y no en el 2020. Por supuesto, sabemos que, debido a la subnotificación en muchos lugares del mundo, los datos son mucho mayores. La revista The Economist daba el cálculo de que, de forma directa o indirecta, 21 millones de personas habrían muerto a consecuencia de la pandemia en estos dos años.
Este invierno, Europa vuelve a ser epicentro mundial, pese a ser el continente o uno de los continentes con la tasa de vacunación más alta, dejando en evidencia que, pese a la vacuna, la pandemia no ha pasado ni está aún controlada. La desigualdad en los niveles de vacunación en el mundo (combinada con la criminal política de la “nueva normalidad”), se vuelve como un búmeran sobre los propios países imperialistas, con oleadas originadas en las nuevas cepas. Un verdadero tsunami que volvió a dejar en evidencia a todos los gobiernos.
El tsunami de Ómicron, la nueva variante del virus, se extendió a todo el mundo y los contagios batieron todos los récords respecto a anteriores olas. En el Estado español, el colapso de la Atención Primaria ha sido tal que nos hemos visto abocados a un sálvese quien pueda y cada un@ se las ha tenido que apañar como mejor ha podido. Conseguir un test de antígenos en farmacia (suponiendo que se pudiese pagar) o incluso una baja laboral si estabas infectad@, era toda una odisea. Eso, sin olvidar que cientos de miles de familias en las que no entra un solo sueldo siguen sin tener recursos para hacer una cuarentena en condiciones, en caso de contagio.
Y ante este repunte de la pandemia, ¿qué hicieron los gobiernos autonómicos? ¿Qué hizo el Gobierno central, además de volver a instaurar la obligación de las mascarillas al aire libre, y ofrecer una vez más al ejército para tareas de rastreo y vacunación? Recordemos que alrededor de 28.000 sanitari@s, incorporad@s como refuerzos por la crisis de la pandemia, fueron despedid@s antes de finalizar el año por las distintas Comunidades Autónomas: 8.000 en Andalucía, 4.000 en Euskadi, 7.500 en Madrid… y la cuenta sigue.
En primer lugar, intentaron minimizar el impacto de la sexta ola y cambiar los protocolos con la excusa de que Ómicron parece ser menos letal y gran parte de la población está vacunada con la dosis completa. La mayoría de Comunidades Autónomas(CCAA) dejaron de hacer PCR, a no ser que la persona tuviese síntomas graves y se dejó de hacer rastreos de los contactos estrechos. La Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial de Salud aprobó que las personas vacunadas con pauta completa no debían cumplir cuarentena, aunque fuesen contactos estrechos, si eran casos causados por la variante Ómicron (lo cual es imposible determinar). Después, se redujo la cuarentena de 10 a 7 días, como en otros países (en Reino Unido incluso a cinco). Una medida que no tiene nada que ver con criterios científicos y sí con intentar no paralizar la actividad económica en determinados sectores estratégicos. Eso sí, el Gobierno vende como una medida el haber regulado a tres euros el precio del test de antígenos en farmacias, semanas después de que éstas se quedaran sin existencias, y de esto, nuestro flamante Ministro “comunista” de Consumo parece que no tiene nada que decir. Está claro que si cambiaron los protocolos fue sobre todo para intentar contener la situación de desborde del sistema de salud, que ni siquiera tiene personal suficiente para dar las bajas médicas. Y porque este gobierno, una vez más, vuelve a anteponer los beneficios económicos de la patronal a la salud.
En segundo lugar, al tiempo que no refuerzan la Sanidad, ni los transportes etc., y cargan sobre unos sanitari@s exhaust@s, la gestión de esta nueva ola y la campaña de vacunación, los gobiernos siguen imponiendo medidas represivas que culpabilizan a la población y son aprovechadas para el control social. Es el caso del toque de queda, aplicado en Catalunya desde la noche del 23 de diciembre hasta el 20 de enero, o del certificado Covid para entrar en espacios cerrados. (En Italia se exige hasta para entrar en el transporte público y en Francia pasaron a exigir un pasaporte de vacunación).
Si algo ha quedado demostrado en esta sexta ola es que, mientras persista la pandemia, estar vacunad@ no evita que puedas contagiar a otras personas. Pese a ello, exigir el certificado Covid o pasaporte de vacunación se ha convertido en la medida estrella y casi la única medida preventiva de los gobiernos europeos, aunque aquí, algunas CCAA han decidido ahora eliminar su obligatoriedad. Desde el aparato mediático no se ha dudado en tachar de “antivacunas”, a todo aquel o aquella que ponga en cuestión o se oponga a esta imposición. ¿Qué pasa, por ejemplo, con l@s inmigrantes sin papeles que quedan fuera del sistema de Salud Pública?
Desde Corriente Roja queremos expresar nuestro repudio y rechazo a todas las medidas hipócritas de los gobiernos, como son la exigencia del certificado Covid o el toque de queda. Este rechazo no tiene nada que ver con un cuestionamiento a las vacunas. Las vacunas han demostrado ser una herramienta muy útil en el combate al coronavirus: atenúan la peligrosidad de la enfermedad y, con ello, el riesgo de muerte en las personas vacunadas.
Tampoco tiene que ver con la defensa de la libertad individual como hace la derecha, que es quien termina canalizando el descontento ante las medidas incongruentes y represivas de este gobierno. La rechazamos por ser represiva y discriminatoria, mientras no haya vacunas y recursos sanitarios para toda la población, al mismo tiempo que no sirve para evitar la propagación del virus y la aparición de nuevas variantes.
Remitirá la sexta ola, no así la pandemia. ¡Los gobiernos son responsables!
En plena sexta ola, con la Atención Primaria desbordada, más de 100.000 contagios diarios, (de los que el 10% tienen riesgo de desarrollar Covid persistente), las camas UCI cada vez más ocupadas por pacientes Covid y unas tasas de mortalidad que, pese a la subnotificación, volvieron a superar las 100 muertes diarias de media, Sánchez anunció que «el objetivo del gobierno es gripalizar la pandemia y que ya se están diseñando medidas pioneras para tratar ésta como si fuera endémica. Unas declaraciones apresuradas sobre las que hasta el director para Europa de la Organización Mundial de la Salud, Hans Kluge, tuvo que salir a advertir que es pronto para tratar a la infección por Covid como una enfermedad endémica, y advirtió que en las siguientes semanas la mitad de la población de Europa se vería infectada por la nueva variante del virus.
Aunque el objetivo de las declaraciones de Sánchez no era otro que poner una cortina de humo sobre su fracaso en la gestión de la sexta ola, Sánchez se apoya en un hecho cierto. En general, los virus tienden a evolucionar de forma natural hacia variantes menos mortales, ya que las cepas que no nos matan tanto, son más exitosas. La Ómicron muestra esa tendencia. Más contagiosa, pero menos mortal. Esa evolución, combinada con la vacunación y el intento de aislar posibles nuevas variantes que surjan, es la vía para acabar con la pandemia, que no con el virus. El virus convivirá en adelante con la humanidad como tantos otros y la lógica indica que es esto lo que acabará ocurriendo.
Pero eso no puede servir para ocultar que, para acabar cuanto antes con la pandemia, y sobre todo para salvar vidas, y no los beneficios de las multinacionales, es absolutamente necesario liberalizar YA las patentes. ¡No podemos esperar 8 años (que es el tiempo que calcula la OMS que se tardará a este ritmo en lograr la inmunidad global) a que el 70% de la población mundial esté vacunada!
La Covid demostró que los recortes sanitarios matan y que es necesario reforzar la Sanidad Pública y en especial la Atención Primaria, para protegerse frente a nuevas pandemias. La aparición de las vacunas supuso un gran avance y una gran esperanza para acabar con la Covid. Pero los gobiernos prefieren seguir destinando una parte del gasto público en asegurar las enormes ganancias de las multinacionales de las vacunas y no en reforzar la sanidad y exigir la liberalización de las patentes. Deciden que la nueva normalidad es convivir con el virus, mientras miles de personas ven deteriorada su salud o mueren de Covid y otras enfermedades porque ante el colapso de la Sanidad dejan de ser atendidas. El gobierno está hablando de que vamos a necesitar una dosis de refuerzo de la vacuna cada cierto tiempo. Aunque algunos expertos, cuestionan los refuerzos vacunales continuos como estrategia de Salud Pública a largo plazo.
Pero, más allá de su efectividad o del gasto que supondría, es una obscenidad absoluta que algunos países sigan acaparando nuevas dosis cuando hay millones de personas en el mundo sin recibir una sola. Este “apartheid” de las vacunas seguirá profundizando la desigualdad entre unos países y otros, y abre la puerta para que sigan apareciendo nuevas cepas y no consigamos erradicar la pandemia.
La producción de la vacuna tiene que ser pública y éstas deben ser distribuidas cuanto antes en todo el mundo. Pero para ello es necesario que su desarrollo y producción deje de estar en manos de un puñado de empresas privadas, que previamente fueron financiadas generosamente por los Estados con miles de millones de dinero público para investigar las vacunas y acelerar su producción.
Dos años después de la pandemia, exigimos a éste y a todos los gobiernos medidas de Salud Pública para proteger la salud de todas y todos.