El Acuerdo «por la mejora del empleo público» firmado en 2017 entre gobierno, CC00, UGT y CSIF, obliga a sacar a oposición todas las plazas ocupadas en los últimos tres años por el personal temporal de las Administraciones Públicas. Con ello pretenden reducir la alta temporalidad como la Unión Europea le exige desde hace 17 años, en cumplimiento de la Directiva Europea 1999/79/CE, so pena de pagar una multa de 100 millones de euros.

Esta convocatoria de oposiciones “masivas”, sin poner sobre la mesa como condición previa, la exigencia de garantizar los derechos laborales de quienes ya estamos dentro de la administración, es una nueva traición por parte de los sindicatos firmantes que nos utilizan como moneda de cambio ante el Gobierno para mantener su propia estructura sindical mediante subvenciones, liberados y cursos de formación.

El  acuerdo es un lavado de cara para ocultar el hecho de que si hay miles de empleados públicos en fraude de ley, es porque los distintos gobiernos incumplieron durante años sus propias leyes y normas y no sacaron las ofertas públicas de empleo (OPE) necesarias ni suficientes plazas.

Es un «ERE encubierto» que va a sustituir a unos trabajadores por otros “más baratos” Hablan de «estabilizar» 250.000 plazas, cuando los mismos sindicatos reconocen que actualmente existen unos 700.000 temporales en la Administración. Quienes no podamos presentarnos o no aprobemos, vamos a la calle por muchos años que llevemos trabajando.

 

Por nuestro derecho a la estabilidad

Por este motivo, somos cada vez más los que nos organizamos para exigir la  consolidación de nuestra situación laboral en base a un concurso de méritos basado en el cómputo de la antigüedad. Algo posible y legal en base al artículo 61. 6 del EBEP en situaciones excepcionales como ésta, donde  necesitan bajar la temporalidad al 8% en tres años, para eludir la multa de Europa.

Uno de los colectivos más activos en esta lucha son los docentes interinos. En Andalucía reclaman a la Junta un plan de estabilidad y están convocados a una huelga indefinida a partir del 14 de Mayo y a una manifestación en Sevilla que con bastante probabilidad cambiarán del 18 al 17 de Mayo, para hacerla coincidir con las que está convocando la Plataforma de Interinos a nivel estatal.

Los funcionarios interinos de Dependencia de Andalucía, nos sumaremos a esta convocatoria para reclamar igualmente nuestro derecho a la estabilidad sin tener que jugárnosla en una lotería examen. También por el bloqueo urgente de nuestras plazas que desde  2016  están sacando a promociones internas o concursos de méritos a los que por ser personal temporal no podemos optar, pese a que hay más de 60  vacantes dotadas presupuestariamente. Esta injusticia de cesarnos, sin habernos dado la oportunidad de consolidarnos en nuestro puesto de trabajo, está contribuyendo a aumentar el caos existente en un sistema ya de por sí, casi colapsado por los recortes.

 

Es necesario organizar la resistencia  mediante la movilización unitaria.

Desde el sindicato Cobas denunciamos en su día el  «Acuerdazo», como una burla y una estafa y llamamos a organizarse y convocar asambleas  para rechazarlo y movilizarse en contra de él.

Los  trabajadores públicos temporales no somos vagos ni enchufados; hemos aprobado uno o varios procesos de oposición y demostrado nuestra valía y experiencia.

Es necesario vincular la lucha por nuestros derechos a la defensa de unos servicios públicos de calidad que hemos intentado mantener, pese a los recortes y ansias privatizadoras de quienes nos gobiernan. Hay que exigir la convocatoria de nuevas OPES para reponer el empleo perdido con la crisis. Pero no echando a quienes ya estamos dentro.