Desde que empezó el Estado de Alarma, y con ello el confinamiento obligatorio que se volvió a prorrogar al menos hasta el 11 de abril, miles de mujeres y menores se ven obligados a convivir a tiempo completo con su agresor. Un encierro que se convierte en un «infierno» y en el que se enfrentan a dos pandemias: el COVID 19 y la violencia machista.

Quienes trabajan en el ámbito de esta violencia que, recordemos, no es sólo física sino también psicológica, sexual e incluso económica, avisan de que en este tipo de situaciones el riesgo de las víctimas aumenta exponencialmente, al tiempo que desciende su capacidad para denunciar y buscar protección. Aunque aún no hay cifras oficiales, parece que en China o Italia la cuarentena ha supuesto un repunte de esta violencia.

Organizaciones de mujeres han emitido el mismo mensaje de alarma en muchos países.

Y la propia ONU, una institución al servicio de la burguesía, ha tenido que advertir de que las medidas que se están implementando en todo el mundo, de cuarentena y aislamiento social para contener el COVID-19, pueden generar un aumento en la violencia de género y de la pobreza en que viven las mujeres, lo que deja al descubierto que la desigualdad y la violencia machista son estructurales a este sistema capitalista cada vez más decadente y putrefacto. Es por eso que no nos cansamos de decir que ¡es el capitalismo el que mata «a través» del coronavirus!

Con el Estado de Alarma, el Ministerio de Igualdad puso en marcha una guía y un plan de contingencia con el que, además de mantener los teléfonos de información y asesoramiento jurídico o de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación, se han puesto en marcha otros mecanismos para la detección inmediata de estas situaciones de violencia.

Igualmente en algunas CCAA han puesto en marcha distintas iniciativas como la de «mascarilla 19»; una contraseña que una mujer que esté sufriendo maltrato puede decir acudiendo a cualquier farmacia y con la que estaría demandando ayuda.

Como complemento a estas medidas, el Gobierno aprobó el martes 31 de marzo un decreto en el que los servicios de atención y protección para mujeres víctimas de violencia machista, incluyendo la trata con fines de explotación sexual, son considerados esenciales. Según dicho decreto, tanto los centros de emergencia, como casas de acogida y resto de alojamientos, seguirán funcionando y tendrán que disponer de equipos de protección individual para evitar el contagio del coronavirus.

Asímismo, el decreto da la posibilidad de utilizar hoteles y otros alojamientos turísticos como «alternativa habitacional segura» a las casas de acogida, que son pocas y en muchas CCAA están al completo. Nos preguntamos qué va a pasar con aquellas mujeres que, de forma transitoria y urgente, sean trasladadas a estos lugares durante el Estado de Alarma.

Igualmente «se permite» (lo que no garantiza que se haga) a Comunidades y Ayuntamientos a utilizar el dinero del Pacto de Estado contra la Violencia de Género (20 millones de euros para los entes locales y 100 para las autonomías) para reforzar la atención de las víctimas de violencia machista durante esta emergencia sanitaria.

El machismo también mata. ¡No podemos bajar la guardia!

Aunque desde el Ministerio del Interior se dijo hace unos días «que las agresiones machistas se habían reducido un 40% desde que se pusieron en marcha las medidas de confinamiento», este miércoles día 1 se ha sabido que las llamadas al 016, que es el teléfono de atención a las mujeres, se habían incrementado un 18% del 14 al 29 de marzo respecto a la misma quincena del pasado febrero. También suben las consultas por email o los avisos por whatsap.

Igualmente preocupa el aumento de llamadas de menores a los teléfonos de ayuda que gestionan algunas ONGs y que son atendidas por psicólogos especializados. Niñas y niños denuncian maltrato físico, psicológico y abusos sexuales en el ámbito familiar.

No podemos olvidar además el miedo y las especiales dificultades que las víctimas tienen en esta situación excepcional. Por eso no está descartado que, a medida que pasen los días, y sobre todo cuando termine esta alerta sanitaria y muchas de ellas puedan por fin salir a la calle, haya un repunte significativo de denuncias, y existe el riesgo de que también de asesinatos.

Recordemos que, de las 18 asesinadas por violencia machista este año según cifras oficiales que siguen incluyendo SÓLO a quienes son asesinadas por sus parejas o exparejas, únicamente UNA había denunciado previamente a su agresor. Y que 2019 se cerró con un aumento de estos asesinatos por tercer año consecutivo.

Todas estas medidas «de urgencia» aprobadas por el Gobierno durante la cuarentena no pueden hacernos olvidar que el Pacto de Estado contra la violencia machista, del que dos años y medio después el 75% de las medidas siguen sin aprobarse, es absolutamente insuficiente para prevenir, atender y sobre todo proteger de forma efectiva a quienes sufren esta lacra social.

Tampoco podemos olvidar que la mayor parte de los servicios de atención, protección y seguimiento que atienden a las víctimas de violencia machista se sostienen a su vez por mujeres que, también en este ámbito, siguen en primera línea en esta crisis sanitaria.
La mayoría de estos servicios, ya sean las casas de acogida, los teléfonos de emergencia o de seguimiento de medidas de protección, están externalizados y se han adjudicado a empresas que muchas veces se saltan los propios pliegos de condiciones para ofrecerlos al menor coste posible, y aumentar así sus beneficios, por los que sus empleadas trabajan a menudo en condiciones de enorme precariedad.

Las trabajadoras, que estamos siendo especialmente golpeadas por esta nueva crisis que no es sólo sanitaria, sino sobre todo económica y social, no podemos conformarnos con medidas de pequeño calado o transitorias.

Es importante no bajar la guardia y seguir organizadas para, junto al resto de la clase trabajadora, exigir a este gobierno que la recuperación económica de esta crisis no sea sólo para los de arriba ni volvamos a pagarla las de siempre, y que la vida de las mujeres sea prioridad frente al pago de una deuda pública que, ya antes de la llegada del coronavirus, rondaba el 100% del PIB.

La lucha contra el machismo es de toda la clase trabajadora, porque con esta forma de opresión, el capitalismo, como orden social, político y dominante, consigue dividirnos y debilitarnos .Es por eso que hacemos  también un especial llamamiento para que en estos días, todas y todos estemos atentos para que ninguna mujer, joven o menor de nuestro entorno,se exponga al riesgo de esta otra lacra social,que solo derribando este sistema lograremos erradicar.

  • Derogación del artículo 135 de la Constitución y suspensión del pago de la deuda hasta garantizar el presupuesto y los recursos necesarios para la prevención, atención y protección de toda violencia machista.

  • ¡Medidas reales para perseguir la trata y acabar con la prostitución, que también es violencia machista y parte de la cultura de la violación!

  • Depuración del sistema judicial machista, que nos victimiza y protege a maltratadores y violadores.