Es ya incontestable que la segunda ola del coronavirus está en pleno crecimiento. Después del grandísimo esfuerzo hecho por la población hasta conseguir aplanar la curva, estamos volviendo a la casilla de salida. Nos dijeron que debíamos sacrificarnos para frenar la epidemia y “salvar la economía”, pero a la vista está que ni una cosa, ni la otra.
Las razones de este fracaso debemos buscarlas en las medidas “a medias” e incoherentes que se están tomando desde los gobiernos centrales y autonómicos. Se limitan las reuniones sociales, pero l@s trabajadores/as llenamos apiñados los metros, trenes y autobuses camino del trabajo. Se cierran los parques, pero las aulas están llenas de niños y niñas sin guardar las mínimas distancias de seguridad.
A pesar de que hubo meses para preparar la “desescalada”, no se reforzó la Sanidad, la Educación, ni los transportes públicos… había más prisa porque el IBEX 35 volviera a facturar, que por implementar las medidas que son necesarias en esta situación de emergencia. Y es que esas medidas son incompatibles con el capitalismo: en un contexto de crisis económica y endeudamiento elevadísimo, es imposible invertir a la vez en servicios públicos y en “rescatar” a las grandes corporaciones pagándoles los ERTEs con dinero público o poniendo a su disposición decenas de miles de millones del “fondo de recuperación”.
Fin del insuficiente “escudo social”, siguen las ayudas millonarias al IBEX 35
Para rematar la escena, a pesar de que la situación de emergencia social continúa (las colas del hambre dan una buena muestra de ello; el tan cacareado Ingreso Mínimo Vital ha tenido un impacto nulo), el mal llamado “gobierno progresista” retira el “escudo social”, ya de por sí escasísimo. Se acabó la moratoria del pago hipotecario o del corte de suministros básicos (como agua o luz). Mientras, se extienden los beneficios extraordinarios para que grandes empresas, que se embolsan año tras años beneficios astronómicos, tengan ayudas multimillonarias para aplicar ERTEs.
Un caso especialmente sangrante es la continuidad de los desahucios. Por mucho que el gobierno declare que “están prohibidos”, es sencillamente mentira. El CGPJ cifra en exactamente 1.383 los desahucios ejecutados entre el 4 y el 30 de junio. Mientras miles de familias se ven en la calle o se ven obligadas a hacinarse en las viviendas de parientes o amigos, bancos y fondos buitres acumulan más y más viviendas vacías.
Luego dicen que el virus es culpa de los migrantes y en el colmo de la segregación clasista, se confina de manera selectiva los barrios obreros de Madrid. A servir cafés o limpiar casas sí podemos ir a los barrios del centro, pero no podemos ir libremente. Nos dejan sin sanidad, sin vivienda, nos obligan a viajar en transportes saturados, a llevar a nuestros hijos a aulas llenas, tenemos que trabajar sí o sí en las condiciones que sean para sobrevivir… y luego además nos echan la culpa y nos confinan. ¡Ya basta!
El virus no entiende de clases sociales, pero el gobierno y la patronal sí. La quiebra de la educación, el colapso de la sanidad, el hacinamiento en el transporte público, los confinamientos selectivos, los desahucios, la explotación y precariedad laboral… nos afectan a la clase trabajadora. Los ricos tienen educación y sanidad privada, viven en chalets o mansiones, no tienen que ir al tajo porque son los directivos de la empresa.
Es necesario que respondamos con movilización y lucha
Aceptar esta situación significa condenarnos a la precariedad, a la explotación, a la epidemia. Hay que cambiar radicalmente las políticas que se vienen aplicando, es necesario rescatar a la clase trabajadora y combatir de manera efectiva la epidemia:
Es necesario reforzar de manera masiva los sistemas sanitario y educativo, y eso significa inyectar dinero. Si no hay suficiente, sabemos donde encontrarlo: que la Casa Real devuelva lo que esconde en paraísos fiscales “offshore”, que la banca devuelva los 60.000 millones del rescate, que se aplique un impuesto de emergencia a las grandes fortunas.
Es necesario parar todos los trabajos no esenciales, prohibiendo los despidos y obligando a las empresas a dar permisos remunerados. Es necesario prohibir los desahucios y abrir en régimen de protección todas las viviendas en manos de grandes tenedores.
Ya ha quedado totalmente claro que el gobierno central de coalición no va a caminar en este sentido. Confiar en ellos, contemporizar con la movilización para no “darles problemas extras” como hacen CCOO y UGT es, más que un error, un crimen.
Aunque la respuesta obrera y popular no está al nivel que necesitamos, existen sólidos puntos de apoyo desde los que empujar. La respuesta de Vallekas al confinamiento, las movilizaciones de sanitarios y sector educativo, o luchas obreras como las de Alcoa o Alestis son el terreno desde el que la izquierda revolucionaria podemos trabajar para estimular y unificar las luchas, dándoles un marco y objetivos comunes, con medidas que sirvan para enfrentar hasta el final la epidemia y para rescatar a la clase trabajadora.