Testimonio recibido de una mujer trans y trabajadora.
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Soy una mujer trans de 25 años que vive en Madrid. A pesar de contar con estudios universitarios, la inestabilidad laboral ha sido, valga la redundancia, una constante desde que que me incorporé al mercado laboral.
Una de las principales razones ha sido que mi formación en idiomas tiene en el mercado laboral español una salida de cara al público, y la transfobia hace que las empresas no quieran situar a una mujer trans en primera línea. A lo largo de estos años he tenido entrevistas de trabajo para puestos de aeropuerto, museos, hoteles… todas relacionadas con el turismo, pues es este sector inestable y precario el único que subsiste con fuerza en el país, y que está siendo arrasado por la crisis del COVID-19.
Mi último trabajo fue de cara al público, pero detrás de un teléfono, donde no se me podía ver la cara. Estuve trabajando de operadora telefónica para el Ayuntamiento de Madrid, externalizada, pues el servicio está concedido a FERROVIAL, una de las empresas del IBEX35 que amasó millones en la época de bonanza de la construcción a través de concesiones gubernamentales para obras públicas. Cuando la construcción cayó, el gobierno empezó a concederle la gestión de servicios públicos como la limpieza de hospitales, las oficinas de Metro Madrid, o el número de atención telefónica del ayuntamiento de la capital.
En este puesto de trabajo aprendí la lógica privatizadora de lo público: incluso los trabajos más puramente administrativos, propios de funcionarios, se externalizan de la forma más deshumanizante para el trabajador; vía telemática, presionada por acabar las llamadas lo más rápido posible, con un descanso cronometrado de 5 min por hora y 5 segundos entre llamada y llamada. Con contratos temporales de 3 meses y 1 mes de formación previa fuera de contrato, sin garantía de que el empleo fuese a ser tuyo al acabar. Además, el servicio abarcaba cada vez más gestiones: citas previas, impuestos municipales, gestión de multas y un largo etcétera que deja en manos de una empresa precarizadora el servicio de la administración pública, con sus consecuencias también para quien lo utiliza.
Después de esta experiencia, agotadora para la mente (tuve una baja por depresión cuando llevaba 7 meses) decidí formarme en algo más técnico. Accedí a una FP para técnica de sonido con la idea de trabajar en alguna cadena de televisión o radio, pues es un sector que siempre funciona. Tristemente, la temporalidad en este como en casi todos los sectores está a la orden del día.
Desde enero me encontraba trabajando con un contrato de obra y servicio para una serie de televisión del grupo ATRESMEDIA con la perspectiva de que, cuando el rodaje finalizase, volvería a estar en la calle. Con jornadas de 12 horas al día y un sueldo que no llega ni a los 1.000 euros, cuando llegó el coronavirus se paró el rodaje, y ahora me encuentro cobrando el subsidio del ERTE que reduce al 70% un salario de por sí pobre, por el que ATRESMEDIA, una de los grandes conglomerados mediáticos del país, no pone un duro.
Los más de 2 millones de ERTEs los estamos pagando los trabajadores con nuestros impuestos y precariedad mientras que el gobierno ha regalado 100.000 millones de euros a las grandes empresas para “liquidez” y otro tanto en beneficios fiscales. Estos ERTEs además servirán de excusa a las empresas para en el futuro realizar EREs, es decir, despidos definitivos., si es que no les basta, como a ATRESMEDIA, con dejar a los trabajadores en la calle cuando sus contratos temporales finalizan.
Debemos exigir al gobierno de PSOE-UP la prohibición retroactiva de los despidos por la crisis del COVID-19, y que durante la cuarentena se impongan impuestos extraordinarios a las grandes empresas para que nos paguen nuestro salario íntegro sin recuperación de horas. También debemos exigir la derogación de las dos reformas laborales que abaratan los despidos y propician la temporalidad del trabajo. Y como estamos comprobando con la sanidad, no podemos permitir que ningún servicio público se externalice ni se privatice pues estos nos pertenecen y la precariedad de sus trabajadores afecta a la de los usuarios.
Por último denunciar la falta de política de inclusión laboral para el colectivo trans. Los cupos laborales para las personas trans deben ser un mandato gubernamental pues somos un colectivo en riesgo de exclusión social con un 85% de paro, cifra que, por la crisis que se avecina, aumentará, si no se toman medidas.