En el momento en que Rajoy, tras el voto del PNV a los presupuestos, pensaba que podría disfrutar de un período de cierta tranquilidad para recomponer la desastrosa situación del PP, llegó el encarcelamiento de Zaplana y, justo después, la primera sentencia del caso Gürtel. Ambos hechos han arrojado al gobierno de Rajoy a la lona.
La crisis del PP y del gobierno Rajoy llega a un punto insostenible
Zaplana, expresidente de la Generalitat valenciana y exministro de Aznar, simboliza el pozo de podredumbre en que el PP convirtió los gobiernos y ayuntamientos, con las comunidades de Madrid, Valencia y Baleares como bandera.
La sentencia sobre la Gürtel es brutal. En ella, la Audiencia Nacional ha debido reconocer la existencia de un “auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional» asociado a los dirigentes del PP. Describe una corrupción continuada en la que identifica 134 delitos económicos. Da por probada la «caja B» del PP (“una estructura financiera y contable paralela a la oficial existente al menos desde el año 1989«), que Bárcenas -el tesorero de Rajoy- manejaba a su antojo. Establece que los dirigentes del PP, incluido Rajoy, mintieron en sus testimonios. Y acaba condenando al PP por su «participación a título lucrativo» en la trama corrupta, lo que equivale a reconocerlo como una organización criminal. Si esta condena no tiene efectos penales es solo porque los delitos reconocidos no habían sido todavía incluidos en el Código Penal.
Ante esta situación y con nuevas sentencias en el horizonte, ya no sirven las explicaciones que hasta ahora daba Rajoy y que ha vuelto a repetir en esta ocasión: «nadie sabía nada en la dirección del PP»; «los condenados actuaron a título particular y ya no son militantes del PP»; «sólo eran casos aislados».
El descrédito del PP y de Rajoy han llegado a un punto insostenible y el gobierno ha quedado totalmente desestabilizado. Por eso, hasta los medios del régimen (El Mundo, El País…) y grandes empresarios apuestan ya por elecciones anticipadas.
La moción de censura de Sánchez (PSOE)
Es en esta coyuntura que Sánchez (PSOE) ha visto la ocasión de presentar la moción de censura y de salir así de la irrelevancia a la que le condenaba su actuación de lacayo patético del PP en defensa del 155 y del españolismo más rancio. Era también el momento de postular al PSOE como partido necesario para salvaguardar el régimen monárquico en apuros.
Acompañando la moción de censura, el PSOE ha declarado que a «patriotas», defensores de una España unida a la fuerza, no les gana nadie y que no van a pactar con los independentistas. Han reivindicado incluso sus recientes acusaciones a Quim Torra de “racista y supremacista” y sus propuestas de reforma legal para “levantar un muro frente al independentismo catalán”. Sin embargo, en esta ocasión, no tienen inconveniente en aceptar los votos independentistas del PDeCAT, ERC o Bildu para hacer presidente a Sánchez.
Cs aspiraba a sustituir al PP en las elecciones generales de 2020. Ahora han quedado descolocados y temerosos de que les critiquen de protectores del PP. Piden al PSOE que retire la moción y pacte otra con ellos, una moción «instrumental» conjunta solo para convocar elecciones, «sin depender de los votos de independentistas y populistas».
Los dirigentes de Unidos Podemos han comprometido su apoyo sin condiciones a la moción de Sánchez. «La prioridad -dice Iglesias- es desalojar al PP del gobierno» y, hecho esto, «aplicar un programa social». El problema catalán ni siquiera lo han mencionado, solo una lejana referencia al «diálogo territorial». Iglesias se ha ofrecido incluso a formar gobierno («Sánchez puede optar por un gobierno en solitario, con 84 diputados o bien negociar con Unidos Podemos un gobierno con 156»).
En cuanto a los diputados independentistas de ERC y del PDeCAT (antes Convergencia) todo señala su disposición a apoyar la moción del PSOE, con la esperanza de entreabrir vías para institucionalizar el conflicto catalán. Igualmente Bildu ha anunciado su voto favorable con parecidas esperanzas.
Pero no está clara aún ni la verdadera determinación del PSOE ni si su moción de censura saldrá adelante. Sin contar los votos de Cs, si sumamos los del PSOE, Unidos Podemos, Compromís y los independentistas catalanes y vascos, los números todavía no alcanzan y los votos del PNV se convierten en imprescindibles. El PNV, sin embargo, no ha decidido aún su posición.
Un régimen en crisis en plena deriva autoritaria
La descomposición del PP es un reflejo de la profunda crisis del régimen monárquico: con sus partidos tradicionales (el PP y el PSOE, su «pata izquierda»), sus instituciones parlamentarias y su aparato judicial fuertemente desacreditados. Un descrédito que se extiende a la burocracia sindical que le da cobertura, ahogando al movimiento obrero. El régimen se halla desestabilizado a causa del movimiento independentista catalán, que llegó a cuestionar la unidad forzada española, y se enfrenta a una profunda indignación social, que crece cada vez que el Gobierno habla de lo bien que va la economía…
La reacción del régimen ha sido emprender, con el rey al frente, una profunda deriva autoritaria, bonapartista. Su mayor expresión es la aplicación del artículo 155, el fortalecimiento del españolismo más reaccionario, la recentralización de las competencias autonómicas, la judicialización de la vida política, el aumento de la represión y, cubriéndolo todo, un ataque generalizado a las libertades democráticas.
Parte constituyente de esta deriva autoritaria es la competición entre el PP y Cs para ver quién es más duro y más «patriota». Una competición tras la que se camufla el intento de Cs de sustituir al PP como referente de la derecha española y en la que el PSOE, el pilar de «izquierda» de la Monarquía, no ha tenido escrúpulo alguno en entrar.
Esta deriva autoritaria responde no sólo al cierre de filas en defensa de la unidad forzada de España, sino también a la incapacidad del régimen de desactivar la creciente indignación social ante la generalización de la precariedad, los salarios y pensiones que no llegan, unos servicios públicos degradados y una desigualdad social insultante (el 1% más rico posee el 25% de la riqueza y acapara el 40% de la nueva riqueza que se produce, mientras el 50% más pobre sólo obtiene el 7% -datos de Intermon-Oxfam-).
¿Cambiar seis por media docena?
Es en este contexto que debemos entender la moción de censura. Los dirigentes de Unidos Podemos la presentan como una gran oportunidad para librarnos de Rajoy y del PP y aplicar, de paso, un «programa social». Del mismo modo, ERC alimenta la esperanza de que un gobierno Sánchez serviría para destensar y comenzar a abrir una vía negociadora al conflicto catalán.
Pero las cosas, por desgracia, no van así. En verdad, si la dirección del PSOE presenta la moción de censura -salga o no ésta adelante- es para salvar sus propios sillones y para postularse como una opción necesaria ante el hundimiento del PP y la obligada reconfiguración política del régimen monárquico.
Hay que tener claro que, en el caso de triunfar la moción, un gobierno del PSOE no va a modificar la sustancia de la política económica de Rajoy, dictada por la UE y los grandes empresarios del Ibex 35. Fue el PSOE (Zapatero) quien tomó la iniciativa de cambiar el artículo 135 de la Constitución para que el pago de la Deuda pública a los banqueros fuera la «prioridad absoluta» del Estado. Tampoco Sánchez va a derogar la reforma de las pensiones que ellos mismos hicieron aprobar y que está en la base del deterioro del sistema. No va a derogar la reforma laboral del PSOE y sólo están dispuestos a suavizar la del PP «de acuerdo con la patronal». Ni va a impedir la continuidad de los desahucios (60.000 el año pasado) porque no se van a meter de frente con los bancos ni con los «fondos buitre»
Un gobierno Sánchez podría aprobar algunas medidas sociales menores de cara a la galería y con vistas a ganar votos a corto plazo, pero incluso eso depende de las exigencias de la UE y los grandes empresarios y, sobre todo, de la marcha de la economía, ahora que la tan cacareada como frágil recuperación está amenazada por negros nubarrones. Sánchez, como ha hecho Rajoy, nunca desacatará el mandato de la UE y los banqueros.
Podría cambiar las formas de Rajoy hacia Cataluña, pero no va a modificar su política, que comparte con el PP y Cs: seguirá -a las órdenes del rey- negando el derecho a decidir, cerrando filas con los jueces en la represión, amenazando con el 155 y avanzando en la involución autonómica.
Quizá podría suavizar la Ley Mordaza, pero no va a cambiar el delito de terrorismo que aprobó mano a mano con el PP y que permite a los jueces encausar por terrorismo por una pelea de bar en Altsasu o un corte de carretera en Cataluña.
Bajo sus reglas de juego no hay solución. Lo que necesitamos son elecciones a unas Cortes Constituyentes, una salida obrera y democrática
Poner esperanzas en la moción de censura de Sánchez es infundir falsas ilusiones. Es una política que debe ser criticada, igual que hay que hacer con la instrumentalización de la movilización social por una determinada izquierda que ahora mismo no parece tener otra obsesión que mejorar su posición de salida ante las próximas citas electorales. Esto es enormemente negativo porque la fuerza del movimiento es su movilización masiva, su organización democrática y su independencia: la subordinación a operaciones electorales solo neutraliza y mata esa fuerza.
Por eso hay que proseguir la lucha por una pensión mínima de 1.084 euros y unas pensiones garantizadas por los presupuestos del Estado, como reclaman las Mareas y Coordinadoras Pensionistas. Por la derogación de las reformas laborales y de pensiones, por salarios dignos, un SMI de 1084 Euros y el fin de la precariedad, por la igualdad real de las mujeres, por la reversión de los recortes y privatizaciones. Por la libertad de los presos políticos y los condenados por luchar y por ejercer la libertad de expresión. Contra la represión y por el derecho a decidir.
Hoy, cuando desde la izquierda parlamentaria, sin excepción, y desde la burocracia sindical se apuesta por reconducir las luchas y los organismos que en ellas van surgiendo, como las Coordinadoras y Mareas de pensionistas, al redil electoral, es necesario que el activismo obrero y joven no nos dejemos embaucar. No hay salida que no construyamos la clase obrera y la juventud desde la calle y con la lucha.
Dicen que las dos palabras-mentira más grandes son fácil y gratis. Construir una salida obrera y democrática frente a la actual crisis política, económica y social no es nada fácil, ni gratis. Hay que decir la verdad: bajo las actuales reglas de juego, quitar a Rajoy y poner a Sánchez es como cambiar seis por media docena. Es el enésimo atajo «pragmático» que lleva a la perdición de siempre. Pedir elecciones ya, como avalan personajes de la catadura moral de Alfonso Guerra, es apostar por un gobierno presidido por Ciudadanos. Es salir de guatemala para meternos en guatepeor.
Con sus leyes electorales, con sus tribunales, con la constitución monárquica que establece mecanismos que hacen imposible su reforma en un sentido progresista, no hay posibilidad de que ningún resultado electoral vaya a significar un cambio real para el pueblo trabajador.
Las elecciones que hacen falta ante la crisis del régimen son elecciones a Cortes Constituyentes: libres de la camisa de fuerza de la constitución monárquica y donde el pueblo pueda cambiar de raíz las reglas de juego. Con leyes electorales realmente democráticas, donde el voto de cada persona valga lo mismo, haya acceso real a los medios de comunicación, los diputadxs tengan un sueldo que no supere el de un trabajador/a cualificado/a y sean siempre revocables por sus electores. Unas Cortes Constituyentes que depuren los aparatos del Estado, sometan la monarquía a la voluntad popular y respeten el derecho de las nacionalidades a decidir libremente su vinculación con el resto del Estado. Unas Cortes Constituyentes que no teman cuestionar el dominio de los grandes empresarios del Ibex y el sometimiento a la UE.
Para Corriente Roja es una batalla de fondo por una salida obrera y democrática. Una batalla para levantar una Unión Libre de Repúblicas y un Gobierno de los Trabajadores apoyado en comités populares. Una batalla por los Estados Unidos Socialistas de Europa. Una estrategia, en suma para, frente a unos y otros defensores del régimen y del capitalismo, trabajar por una revolución socialista.
