La situación de la Vivienda en el Estado español es una muestra sangrante de que el negocio de bancos y fondos buitre se da a costa de nuestros derechos y necesidades básicas. El precio medio de venta del metro cuadrado es hoy un 35% más caro que hace 10 años (en la Comunidad de Madrid la subida llega hasta el 68%) y el precio del alquiler se ha disparado de media un 78% en el mismo periodo.
Por: Corriente Roja
Mientras, el salario medio se incrementó menos de un 24% en la última década, gracias a la reforma Laboral de Yolanda Díaz que parcializa el empleo y recorta los salarios y a los acuerdos entre la patronal, CCOO y UGT, para la contención salarial en los nuevos convenios.
Un millón y medio de hogares destinan más del 40% de sus ingresos al alquiler (el doble que para alimentarse). Según datos del Banco de España, la mitad de los/as inquilinos/as está en riesgo de pobreza. Muchas mujeres víctimas de violencia de género se ven obligadas a vivir con su agresor o con familiares y/o amistades, porque les es imposible conseguir vivienda digna propia en la que empezar una nueva vida. Peor aún lo tienen los/as migrantes que sufren formas explícitas de discriminación y racismo a la hora de buscar vivienda. Al menos 33.000 personas viven sin hogar en el Estado español.
Sólo en 2023, hubo 26.659 desahucios la mayoría de ellos a inquilinos/as. A ellos se suman los desahucios “invisibles”, sin intervención judicial, por una subida inasumible del precio del alquiler, la no renovación de contrato, o por presiones inmobiliarias. Denunciamos la actividad en connivencia con el Ministerio del Interior y la Policía de organizaciones de carácter paramilitar como Desokupa y confiamos en la clase obrera movilizada y organizada para acabar con ellas. “No son muertes, son asesinatos” gritamos cada vez que alguien que ha sido desahuciado se suicida.
Una ley estatal insuficiente que no blinda la vivienda como un bien público
Somos el país de la UE con más viviendas vacías (3.4 millones). Tan sólo el 2.5% del Parque de Vivienda es público, y hacen falta 1.4 millones más para llegar a la media de la UE, que es del 9.3%. El gasto público en Vivienda es de un miserable 0.2% del PIB. Las viviendas protegidas cayeron de 90.531 en 2.008 hasta 13.022 en 2022. La tasa de menores de 35 años emancipados bajó del 69.3% en 2011 al 31.8% actual.
Con este panorama, la Ley de Vivienda estatal no prohíbe los desahucios, ni obliga a los propietarios a ofrecer un alquiler social antes del desahucio. Es un “coladero” con el que los propietarios escapan al control de los precios de alquiler de mil formas (alegando reformas mínimas, incluyendo el IBI en el alquiler, mediante falsos «alquileres de temporada» …) y ni siquiera tiene un régimen sancionador que castigue su incumplimiento
La Ley deja la declaración de zonas tensionadas o la consideración de un gran tenedor (bajando la propiedad de 10 a 5 viviendas) en manos de comunidades autónomas y ayuntamientos, aun sabiendo que en algunos lugares como la Comunidad de Madrid la trumpista Ayuso siempre ha mostrado su oposición frontal a esta y rechaza limitar los precios del alquiler alegando que hacerlo “es un atentado contra la propiedad”
En Madrid, la llamada Operación Campamneto del Ayuntamiento es un plan urbanístico aprobado con los votos a favor de PP, PSOE y VOX en el que sólo un 7% de la vivienda propuesta será pública (de alquiler regulado). De las 10.700 viviendas que incluye el 40% serán viviendas a precio de mercado, y un 53% viviendas protegidas en propiedad, que en 15 años se convertirán en viviendas libres alimentando los ciclos especulativos del mercado. Queda en evidencia el acuerdo estratégico en materia de Vivienda entre PSOE y PP, pilares del régimen y lacayos de los bancos y fondos buitre.
En Andalucía, el gobierno de Moreno Bonilla se niega a declarar zonas tensionadas en ciudades como Málaga, quinta ciudad del Estado español con el alquiler más caro, y donde el 94% de las viviendas de alquiler están por encima del 30% del salario medio que es el tope que marca la Ley de Vivienda. En Málaga provincia hay 152.000 viviendas vacías y 41.000 viviendas de uso turístico.
El gobierno andaluz con mayoría absoluta, está tramitando una nueva ley autonómica con la que pretende regular lo que llaman “inquiocupación” e impulsar la construcción de nuevas viviendas a precio de mercado, como principal solución. Una ley aporofóbica más preocupada en perseguir a quienes no pueden pagar una vivienda en el mercado libre, que en ayudarles a conseguir vivienda, pese a que los problemas con “ocupas” son mínimos en Andalucía (en 2023 se registró el número más bajo de denuncias del último lustro) y a que hay un creciente malestar ciudadano por el impacto de los inmuebles turísticos.
En Catalunya, donde sí se aplica la declaración de zonas tensionadas según dicta la Ley de Vivienda, el govern de Salvador Illa acaba de anunciar que los precios del alquiler han bajado entre el 3% y el 5%. Sin embargo, los datos ofrecidos por los portales inmobiliarios contradicen esta información e indican que han subido un 4.7% en el segundo trimestre del año, que fue el primero en el que se implantaron los topes al alquiler. En Barcelona, que es la capital con las rentas más caras, el alquiler subió entre junio y agosto un 12,1% respecto al mismo periodo del año anterior. También la provincia experimentó una subida de precios similar en el citado periodo. En 2023, Catalunya fue el territorio donde más desahucios se ejecutaron, 7.148; un 26.8% del total.
¡Un derecho que debemos conquistar!
Habitaciones en la despensa de la cocina, zulos sin ventanas, comisiones ilegales de agencia enmascaradas, requerimiento de seis meses de fianza al entrar, anuncios estafa y la exigencia de pagar hasta 30 euros para ver el piso limpio. ¡Esta es la realidad a la que se enfrentan cientos de trabajadores/as a diario en el Estado español!
Este gobierno no puede ser consecuente para abordar el drama de la vivienda, porque depende del apoyo electoral de de pequeños y medianos propietarios que han hecho del rentismo una forma de vida. Y porque gobierna para los bancos y fondos buitre, que se llenan los bolsillos especulando con la vivienda. Cualquier medida que tome será cosmética sin ir a la raíz del problema. Valga de ilustración el ridículo llamamiento de la ministra de vivienda para que los caseros sean solidarios con sus inquilinos. Exigimos su dimisión como responsable política, aun sabiendo que no será suficiente para solucionar el problema.
Una política social de vivienda exige aplicar el plan de choque que reclaman los movimientos por vivienda digna: topar el precio del alquiler para garantizar que el gasto en vivienda, incluyendo los suministros básicos, no excedan el 30% del salario medio o la prohibición efectiva de todo desahucio a personas que carezcan de alternativa habitacional digna. Junto con ello defendemos:
- Confiscación de los pisos vacíos de bancos y fondos buitre, incluyendo las viviendas de la SAREB (entidad creada con dinero público en 2012 durante la crisis financiera e inmobiliaria).
- Devolución por parte de la Banca de todo el dinero público que supuso el rescate bancario tras la crisis de 2007, pudiendo ser devuelto también en forma de vivienda.
- Una carga impositiva mucho mayor a todos los que especulan con sus viviendas, empezando por las grandes sociedades, bancos y fondos buitre.
Se trata de conseguir los recursos necesarios para crear un Parque Público de Viviendas, digno de tal nombre.
Para imponer este plan de choque tenemos que garantizar una gran manifestación el 13 de octubre que abra el camino de una movilización continuada y que sea parte de las grandes manifestaciones que vienen teniendo lugar contra el turismo masivo y por el derecho a la vivienda en Canarias, Baleares, Barcelona, Málaga, Cantabria…
Es fundamental que la clase trabajadora participe y se organice de manera independiente a los partidos parlamentarios y la burocracia sindical de CCOO y UGT, apuntando directamente contra un modelo productivo basado en el turismo masivo (en 2.023, por primera vez más de 85 millones de turistas visitaron el país), que ha llevado a un aumento vertiginoso y desproporcionado de las viviendas para uso turístico, además de promover mano de obra precaria y superexplotada y esquilmar los recursos naturales, especialmente el agua, en un escenario de sequías y de una desertificación cada vez mayor.
¡Contra sus privilegios, nuestros derechos! ¡Nunca más casas sin gente, ni gente sin casas!