La capital ecuatoriana presenció el día de ayer una de las mayores movilizaciones populares en los últimos años.
Más de cien mil personas inundaron las calles y las plazas de la capital ecuatoriana para protestar contra la política económica y social del gobierno de Rafael Correa. Las distintas acciones se dieron en el marco del denominado “Paro del Pueblo”, convocado por el Colectivo Unitario de Organizaciones de Trabajadores, Indígenas, Maestros y otros.
La jornada de protestas comenzó con cierres de rutas en casi todo el país. Sin embargo, el epicentro de la lucha se desarrolló en Quito. Cuando la multitud de trabajadores e indígenas intentó acercarse a la sede de gobierno, fue duramente reprimida por la policía de Correa. Dos conocidos líderes indígenas, Carlos Pérez Guartambel y Salvador Quispe, fueron detenidos y denunciaron maltratos. Luego de la jornada, Jorge Herrera, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), expresó: “Quito debe continuar, queremos derrocar este sistema de abuso”.
La marcha sobre Quito expresa la creciente insatisfacción popular con las medidas de ajuste y represivas de Rafael Correa, en el marco de una situación de deterioro económico en el país.
Las principales demandas que motivaron el Paro fueron:
- Rechazo a la insoportable criminalización de la protesta social. Por el fin de la persecución y el encarcelamiento de dirigentes sindicales y populares por parte del gobierno de Correa.
- Rechazo a la enmienda de constitución que pretende eliminar el derecho de sindicalización en el sector público.
- Rechazo a la ley laboral antiobrera vigente. Por la vigencia del derecho de contratación colectiva, la estabilidad laboral y por el incremento general de salarios.
- Oposición al endeudamiento externo, a los tratados de libre comercio (TLC) firmados por el gobierno, a la concentración de la tierra en pocas manos y a la privatización del agua.
- Rechazo a la eliminación del subsidio al gas y al incremento de tarifas eléctricas.
Después de años de relativa “estabilidad”, al igual que en otros países latinoamericanos, el gobierno “progresista” de Correa está siendo cuestionado en las calles por el movimiento social y popular.
La crisis económica y los ataques a la calidad de vida y a las libertades democráticas, así como las medidas de entrega de la soberanía nacional que ha implementado, se fueron acumulando y generaron un justo y progresivo descontento entre la clase trabajadora ecuatoriana, una desilusión que está pasando a la acción.
Rafael Correa respondió a la multitudinaria movilización como siempre ha respondido cuando se ve confrontado con el movimiento social: intentó desacreditar la protesta y acusó a los manifestantes de estar siendo manipulados por la “derecha desestabilizadora”.
Pero estos artificios discursivos no pueden esconder la realidad: tanto Correa como los demás gobiernos “bolivarianos” han servido durante todos estos años a sus respectivas burguesías nacionales y a los intereses del imperialismo. Tampoco pueden ocultar que el pueblo ecuatoriano, como sus hermanos en el resto del continente, comienza a expresar su hartazgo en las calles.