Venidos desde distintos pueblos de la comarca de la Vega del Guadalquivir, jornaleros y jornaleras comenzaron la marcha a pie poco después de las 9 de la mañana. A ritmo rápido, y bajo un sol de justicia, se comenzaron a recorrer los 10 kilómetros que nos separaban del Parlamento de Andalucía.
Corriente Roja Sevilla
Con esta Marcha a pie, convocada por la Plataforma de Afectados del PER y apoyada por el sindicato Co.Bas, se quería denunciar el atropello cometido contra estos trabajadores del campo encausados penalmente porque los empresarios que los contrataron no pagaron sus seguros sociales. En lugar de castigar a los responsables, incomprensiblemente se pide años de cárcel contra las víctimas, que ya sufrieron sanciones económicas de miles de euros.
Esta situación se enmarca en un cuadro de grave desempleo y precariedad en el campo andaluz. Igual que se desmanteló la industria metalúrgica, se está desmantelando el campo y los trabajadores “sobrantes” se ven abocados a la miseria. Las subvenciones al desempleo son la tabla salvavidas en la que miles de personas se agarran, y ahora como con otros tantos recortes, quieren acabar con ella usando a los trabajadores de Agrícolas Espino y Baena Franco como cabeza de turco. También hubo tiempo de reclamar la libertad de un sindicalista del campo injustamente encarcelado como Andrés Bódalo.
Entramos a Sevilla cruzando el barrio obrero de San Jerónimo, enfilando el Parlamento. Aquí se nos unieron el conocido dirigente jornalero y ahora diputado estatal Diego Cañamero y la diputada andaluza Mari García Bueno. Poco a poco distintos grupos se iban uniendo a la Marcha a medida que la lucha obrera cruzaba las calles de Sevilla. Estuvieron presentes trabajadores de Extruperfil, del transporte de Madrid, el 15M del Cerro Amate, dirigentes de IU o el Sindicato de Estudiantes.
Al llegar al Parlamento cerca de 300 personas engrosaban la marcha sin dejar de gritar en todo el camino. En las puertas del Parlamento numerosos medios de comunicación recibieron a los trabajadores en lucha.
La Marcha terminó en el Parlamento porque exigimos que todos los partidos políticos allí representados sean coherentes con lo que ellos mismos aprobaron en la Diputación. Queremos que el gobierno de Susana Díaz y el Parlamento se moje en la defensa de estos trabajadores, injustamente sancionados y encausados.
Queremos que haya empleo donde se respeten los derechos en el campo y la ciudad. Y mientras que no lo haya, al menos que no nos recorten las ya de por sí miserables ayudas con las que sobrevivimos.
Para leer más:
- El desmantelamiento del campo andaluz
- “Fui a coger melocotones, pedí el paro y ahora me piden cárcel