Las trabajadoras del servicio de gestión telefónica de emergencias sanitarias del 061 llevan desde el pasado 26 de marzo del 2015, luchando por la dignidad de su empleo y contra la precariedad laboral. Por ello han sufrido 8 despidos en Málaga y uno en Cádiz y multitud de sanciones. Pero la unidad del colectivo es más fuerte que cualquier actuación represiva contra ellas. Cuando se cumple un año de su lucha, contactamos con Macarena, una de las trabajadoras, que nos hace un resumen de lo que ha significado este año de lucha y porqué empezaron esta.

Por Laura Requena, de Málaga

Origen del conflicto

En 1990 un grupo de operadores-as comienza a trabajar en el entonces Centro de Comunicaciones, gestionando todo el transporte sanitario de la provincia de Málaga. En 1992 empieza el funcionar el teléfono de emergencias 061 y es en 1994 cuando se crea la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES 061). Desde el principio, las trabajadoras del servicio de gestión telefónica de emergencias sanitarias, trabajamos subcontratadas por una empresa del grupo ONCE, aunque en aquel entonces la subcontrata dependía directamente del SAS y no es hasta el 94, cuando la subcontratación pasa del SAS a la EPES.

A pesar de que la gestión de los centros se otorga tras subasta pública cada ciertos años, la empresa ILUNION de la Fundación ONCE, lleva 26 años gestionando ininterrumpidamente estos en Málaga. A día de hoy ILUNION, (antes llamada MKPLAN 21, GSE, IBERFONE…) , lleva las salas de coordinación de toda Andalucía, se ha hecho con el monopolio de las emergencias y nos mantiene bajo un convenio de telemárketing que no se adapta en nada a la actividad que realizamos.

Las gestoras de emergencias, aquellas que atienden por teléfono tu urgencia o emergencia, que obtienen la información vital para poder decidir qué tipo de solución requiere cada situación, que incluso deben tomar ellas mismas esa decisión en caso de necesidad vital y si el/la médico-a coordinador-a está ocupad@, las mismas que además pasan todos los datos de dirección y situación del paciente a las ambulancias, que se mantienen al teléfono dando consejos y tratando de controlar la situación, que recaban después todos los datos de la atención, nosotras, la voz que os atiende al otro lado del teléfono, os atendemos bajo una situación de explotación laboral.

Cada vez peor servicio y menos derechos laborales.

Las gestoras de emergencias de Málaga llevamos años viendo mermar nuestros derechos laborales. Más concretamente en los últimos 5 años, tras la llegada de la nueva responsable del servicio provincial de Málaga, Arancha Navascués. Su primera acción fue eliminar el turno anual de 12 horas que teníamos y que nos permitía conciliar nuestra vida familiar y laboral y que suponía un verdadero turno antiestress tan necesario en un servicio de emergencias con un nivel de stress tan altísimo. Esta fue sólo la primera de una serie de acciones que implicaron incluso un sistemático incumplimiento de convenio y una espiral de constantes denuncias en inspección de trabajo, así como una pasividad constante por parte de la empresa ante las indicaciones de dicha inspección de trabajo.

La merma de nuestros derechos se vio acompañada de un constante acoso laboral. La empresa ha tratado de suplir la falta de personal presionando y sobrecargando al personal contratado, llegando incluso a penalizar la gestión de la demanda que superase un tiempo mínimo, cuando sabemos que el tiempo de gestión de una llamada de emergencias, no se puede limitar.

Si en un servicio de emergencias es importante contestar a la mayor brevedad posible las llamadas, podemos garantizar que más importante aún es la correcta gestión de las llamadas atendidas.

Evidentemente un déficit de personal en la sala de coordinación para garantizar un aumento de beneficios de las empresas comisionistas, conlleva que una de las dos funciones primordiales no se pueda garantizar.

El punto de inflexión en esta explotación y acoso llega cuando empezamos a recibir sanciones por parte de la empresa, quien sólo quiere que no haya ni una sola llamada sin contestar antes de 8 segundos, sin importarle si las ya contestadas son o no gestionadas de forma adecuada.

En definitiva, las gestoras de emergencias del 061 nos dimos cuenta de que realizábamos nuestra labor en una situación de cada vez mayor desprecio hacia nuestro trabajo y nuestra persona. La empresa Ilunion, perteneciente al grupo ONCE, no respeta los descansos, turnos, vacaciones, ni siquiera la conciliación familiar (algo tan importante para una plantilla formada principalmente por mujeres), comete fraude en los contratos, veta los derechos sindicales y nos acosa para que la gestión de los avisos sea en el menor tiempo posible, algo para lo que no se puede poner margen cuando hablamos de salvar vidas.

El 26 de Marzo del 2015 dijimos: ¡Basta!

El 26 de marzo de 2015 iniciamos una asamblea permanente para tratar de negociar y dar solución a la situación de acoso y explotación a la que estamos sometidas, así como al constante incumplimiento del convenio. Estos fueron realmente los puntos que iniciaron nuestra lucha: Cumplimiento del convenio y eliminación de sanciones acosadoras.

Ante la pasividad y la falta de diálogo, el 8 de junio iniciamos una huelga indefinida. La empresa, con consentimiento de la EPES, lejos de dialogar responde con la política del miedo para tratar de paralizar una huelga legítima de los/as trabajadores-as y el 3 de agosto despide a una trabajadora miembro del Comité de Huelga. Visto que no consigue desunir y acabar con la lucha, el 5 de agosto despide a una segunda trabajadora, en esta ocasión miembro del Comité de Empresa. Nuestra respuesta fue clara:¡No nos íbamos a dejar pisotear y mantuvimos la huelga!

Lejos de negociar, la empresa siguió con la política del terror y el 31 de agosto despidió a 5 trabajadoras de golpe, la mayoría miembros del Comité de Huelga y una trabajadora más el 21 de septiembre. Un total de 8 despedidas en Málaga. Lo justo para no incurrir en un despido colectivo.

Desde entonces seguimos en lucha, tanto las despedidas como el resto del personal que mantiene la huelga indefinida. Lo único que ha cambiado son nuestros objetivos, ya que evidentemente ahora el primer objetivo es la READMISION DE LAS 8 COMPAÑERAS DESPEDIDAS. Sólo tras esta readmisión retomaríamos las negociaciones primeras sobre cumplimiento de convenio. En este tiempo hemos conseguido tener aprobadas dos mociones en el Ayuntamiento de Málaga y otra en la Diputación Provincial y se han interpuesto varias denuncias ante la Agencia Española de Protección de Datos. El 22 de diciembre se aprobó en el Parlamento Andaluz una proposición no de Ley.

La Junta de Andalucía es responsable de esta situación

La Junta de Andalucía nunca ha reconocido la labor tan esencial de estos trabajadores y trabajadoras y subcontrata el servicio con empresas meramente comisionistas- en este caso ILUNION-, desentendiéndose de las condiciones laborales y de la calidad en la gestión del servicio, de las que como parte de la Administración pública, son responsables. A día de hoy, Susana Diaz persiste en su intención de mantener privatizado un servicio público que cuesta a los andaluces y andaluzas 16 millones de euros anuales cuando tiene unos costes en torno a 8 millones de euros.

Hay que decir que en ningún momento este conflicto se inició con el único objetivo de ser personal público de la Junta de Andalucía, como se ha pretendido manipular y desinformar para desacreditar nuestra lucha.

La lucha por ser empleados públicos es una lucha paralela al actual conflicto que además se inició a nivel de toda Andalucía hace 20 años, en la convicción de que formamos parte tan fundamental como cualquier otra en la asistencia de las urgencias y emergencias y como tal buscamos un reconocimiento. Además hemos demostrado que la gestión directa de dicho servicio por la Junta de Andalucía supondría un ahorro de más de 8 millones para los andaluces. Las empresas privadas que gestionan los servicios de urgencias y emergencias actúan como meras comisionistas, sin tener que invertir ni arriesgar un solo céntimo. Ejercen su actividad en edificios públicos, con recursos y material público, todo, absolutamente todo, desde el mobiliario, ordenador, hasta los bolígrafos, son de la empresa pública, lo que nos sitúa además en una cesión ilegal de trabajadores. Además no sería complicado poder formar parte del convenio de emergencias de EPES donde hay personal como los TES( técnicos de emergencias sanitarias)

Por ello reclamamos a la Consejería de Salud de la JA, que elimine las empresas comisionistas que se enriquecen a costa del dinero público y de explotar y precarizar a las trabajadoras de gestión telefónica de emergencias sanitarias del 061, poniendo en peligro además la correcta y adecuada gestión del mismo.

Después de un año, ¡la lucha sigue¡ Todo nuestro apoyo y solidaridad a las trabajadoras del 061!

Desde Corriente Roja saludamos el coraje y valentía de estas trabajadoras en la lucha por sus puestos de trabajo, sus derechos laborales y su dignidad y nos ponemos a su disposición para todo aquello en lo que les podamos ayudar.

Los trabajadores y trabajadoras del 061 están decididas a no parar hasta conseguir la readmisión de las despedidas y los derechos que les están arrebatando, pero necesitan cubrir los gastos que supone esta lucha, desde materiales, pasando por desplazamientos, costes de abogados, etc. Desde estas páginas llamamos a todas las organizaciones sindicales, sociales y políticas de clase para que apoyen su lucha! Si ellas ganan, ganamos tod@s!.

¡Hay que exigir a la Junta de Andalucía, que deje de mirar para otro lado y acabe con la privatización de lo público! Esta es la única solución para ofrecer servicios públicos de calidad y en condiciones laborales dignas para quienes los llevan a cabo.

Para apoyar económicamente a las trabajadoras de emergencias sanitarias del 061, puedes hacerlo a través de: https://goteo.org/project/encierro-061-malaga

¡Fuera las empresas privadas de los servicios públicos!  ¡La salud es un derecho, no un negocio!