¡Todo el apoyo a la lucha de las jornaleras de La Vega! ¡En defensa del campo andaluz!
Los conflictos entre empresarios, el Estado y los trabajadores del campo, sobre todo en Andalucía y Extremadura, son la punta de lanza en este momento de las tensiones y de la precarización laboral en el Estado español. Las trabajadoras de Agrícola Espino y Baena Franco vienen trabando una dura lucha en defensa de sus conquistas y de su derecho a vivir y trabajar con dignidad.
Por David Pérez, de Tocina – Los Rosales
El conflicto tiene su origen en el momento en que los empresarios de Agrícola Espino y Baena Franco suspenden el pago a los seguros sociales, tras los últimos cambios legales es al empresario a quien le corresponde afrontar este pago y sin embargo, Inspección junto con el SEPE, bajo la atenta mirada del Ministerio de Fátima Bañes (Empleo y Seguridad Social), decidieron castigar a los jornaleros en lugar de arremeter contra los estafadores.
A partir de ese momento, el SEPE, sobre la base de suposiciones e indicios, sin presentar ninguna prueba que demuestre la culpabilidad de los trabajadores y negando el derecho a audiencia para escuchar la versión de los jornaleros, tomó la decisión de castigarles injustamente haciéndoles devolver las prestaciones, además de tener que estar años extras acumulando peonadas para obtener el paro de los 52 años.
En mayo, no contento con las sanciones impuestas, el SEPE ha tomado la decisión de denunciar por lo penal a las trabajadoras, amparándose en la última reforma del código penal del Ministro Gallardón. Se trata de una medida totalmente desproporcionada que arruina la vida a cerca de 2000 familias jornaleras y equipara la parte débil de la relación laboral (las jornaleras) con los verdaderos criminales, los empresarios y las mafias del campo andaluz.
La UE y las grandes comercializadoras están generando la desaparición tanto de la pequeña como de la mediana propiedad en beneficio de los grandes latifundistas. Sin embargo, mientras la pequeña explotación tiende a la disolución, los grandes terratenientes vienen aumentado sus posesiones gracias a la UE y sus políticas, como es el caso de la PAC, que entrega grandes sumas de dinero público por el simple hecho de tener un número determinado de hectáreas, estando exento de tener que trabajar la tierra, siendo el único requisito que dichas ayudas no supongan más de los 80% de sus ingresos.
Restricción de derechos y fraudes
Del mismo modo que se restringe la producción en el campo también vienen restringiendo los derechos de quienes trabajan la tierra. A lo largo de estos años, los jornaleros han sufrido importantes retrocesos. Por un lado, con la introducción de la Renta Agraria y, por el otro, con la equiparación del Régimen Especial Agrario al Régimen General, que tiene como objetivo acabar con los derechos conquistados en décadas de lucha campesina. Los nuevos jornaleros que acceden a la Renta Agraria tienen que juntar, hasta la edad de jubilación, 35 peonadas para cobrar el paro, que supone 10 meses de prestación, mientras que los del “paro viejo”, con solo llegar a los 52 años, ya pueden disponer de la prestación sin tener que demostrar las 35 peonadas anuales.
Del mismo modo, a los jornaleros del PER (el sistema antiguo) no les contabilizan las peonadas para cobrar el paro, mientras que a los de la Renta Agraria sí. El gobierno, para evitar que sean cada vez menos los solicitantes de las prestaciones y eliminar la cartilla (donde se apuntan las peonadas), priorizan a los jornaleros con Renta Agraria para las obras del PER, quedando los jornaleros del “paro viejo” totalmente excluidos.
Este retroceso que venimos sufriendo se viene combinando con el fraude que diariamente la patronal comete en el campo, que se expresa ya no solo en el incumplimiento de los convenios, sino que ni siquiera dan de alta a los trabajadores. El sistema les permite a la patronal declarar la primera peonada y las restantes las declara en el mes siguiente. De esta forma, en caso de una visita de inspección, pueden esquivarse y defraudar la ley. Los jornaleros son quienes pagan el plato, ya que, como los empresarios no declaran las peonadas, no tienen forma de reunir las 35 peonadas y se quedan sin acceder a las prestaciones. Los gobiernos también tienen su cuota de responsabilidad, al permitir y hacer la vista gorda ante tal situación.
Los gobiernos de Rajoy (PP) y Susana Díaz (PSOE), ambos sometidos a las directrices de la UE y la Troika, vienen imponiendo la reducción del gasto público en pos del cumplimiento con el déficit, el pago de la deuda y la aplicación de la política agraria de la UE que significa la “reconversión” del campo en el Estado español, de la misma manera como se hizo con la industria en los años 80. Dentro de esta política agraria no hay “cupo” para el PER de los jornaleros andaluces, al igual que las pensiones y demás derechos laborales conseguidos.
En estos días Diego Cañamero, diputado de Podemos y miembro del SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores), hizo público la PNL (Proposiciones no de Ley) que llevará al Congreso de Diputados para acabar con el requisito de las peonadas y para que todos los jornaleros disfruten de una renta básica de 426 euros. Sin embargo, las buenas intenciones se chocan con la espiral de recortes que la UE impone al estado español, así como con las verdaderas pretensiones de acabar con los pueblos y liberar mano de obra barata del campo a la ciudad.
La Unión Europea y el desmantelamiento del campo en Andalucía
Para entender los conflictos de Agrícola Espino y Baena Franco es necesario comprender el retroceso en las relaciones laborales que se dan en el campo y el desmantelamiento de la agricultura en Andalucía y, por consiguiente, la ofensiva contra los derechos de los jornaleros que a día de hoy se concentran en el PER.
El peaje que España tuvo que pagar para integrarse en 1986 en la UE consistió en deshacerse o reconvertir las ramas productivas que, dentro de la división europea del trabajo, podían hacer competencia a las que ya se habían adjudicado las principales potencias. La “reconversión” subordinó la agricultura y la ganadería a Francia y la industria a Alemania, destruyendo sectores enteros.
La reconversión no sólo paralizó la modernización agrícola que a finales de los años 70 y principios de los 80 venía dándose, sino que ha ido desmantelando ramas como la remolacha, el algodón, el tabaco, la leche… hasta el punto que se pasó de ser exportador a tener que importar productos básicos. Entre 2003 y 2010 las exportaciones se redujeron un 20%. Los efectos de dicha reconversión se expresan notoriamente en el Producto Interior Bruto (PIB) que en el caso de la agricultura pasó de representar un 6,4% en 1985, generando un 18% del empleo, a un 2,5 % del PIB en 2014. Por el contrario, Francia se ha convertido en el segundo mayor exportador de productos alimentarios, detrás de los EEUU.
Los efectos de dicha reconversión se expresan en un profundo cambio en el modelo productivo en el que la agricultura y la agroindustria han pasado a ser sectores marginales de la economía española, en pos de la maquinaria alemana y francesa, grandes beneficiarios de la UE. Es en la monopolización del comercio y la industria europea por parte de estas dos potencias donde se esconden las verdaderas razones que han motivado la salida del Reino Unido de la UE.
Para avanzar en el desmantelamiento de la agricultura la UE estableció una política de cupos bajo el argumento de “regularizar el mercado y el índice de precios”, ya que los primeros años estuvieron marcados por fuertes turbulencias económicas, generando importantes pérdidas para los agricultores franceses que veían como sus productos se devaluaban debido al superávit que había supuesto la entrada en el mercado común de los productos procedentes de España.
Para evitar dichos desequilibrios y favorecer a los agricultores franceses se establecieron los límites en la producción mediante un sistema de cupos, que obliga a los agricultores a producir una determinada cantidad, fijada desde la UE, y que favorece inevitablemente a la agricultura francesa, como es en el caso de la leche y el viñedo. Los cupos tienden a restringirse cada vez más como en el caso del melocotón y la nectarina. En 2015 el cupo se situó en 38.000 toneladas y en 2016 la han fijado en solamente 11.500 toneladas, de las cuales en julio se han permitido retirar 5.750, quedándose 940 sin cupo. Con la posible entrada en vigor del TTIP (el acuerdo de libre comercio en la UE y los EEUU) la política de restringir la producción causará más daño a la agricultura andaluza.
Construir Co.Bas como alternativa a CCOO y UGT
“Sin democracia obrera no se puede ganar un conflicto”
El creciente ataque al campo y a los jornaleros se está llevando a cabo con el beneplácito de los sindicatos mayoritarios, que son cómplices en muchos casos de los abusos a los jornaleros. El sindicalismo de clase y combativo debe seguir firme sin abandonar la lucha por la Reforma Agraria y contra la UE. Para ello, es necesario retomar la movilización jornalera, no podemos seguir anhelando que nos caigan reformas de los parlamentos, como si estas instituciones fueron imparciales y no estuvieran bajo las ordenes de Bruselas y los terratenientes.
Las afectadas vienen realizando desde hace varios meses asambleas por pueblos y asambleas generales. Son las propias trabajadoras que se juntan para discutir que medidas se van a tomar, tanto legales como de movilización. Esta forma de llevar el conflicto en base a la democracia obrera es fundamental para conseguir que se llegue a buen puerto en la lucha. Además de las asambleas, la mayoría de los afectados y las activistas del conflicto se están afiliando a Cobas y extendiendo el sindicato por toda la comarca.
Retomando la experiencia de las viejas CCOO de la clandestinidad, se ha puesto en marcha la construcción del sindicato desde la base, sin subvención y con el dinero y el trabajo voluntario de sus afiliados. Esta es otra de las tareas centrales que están llevando a cabo las implicadas en el conflicto y trabajadores de otras empresas y sectores que también están en lucha o hartos de las traiciones de los sindicatos “oficiales”.
La lucha debe ir acompañada de la construcción de estructuras que nos permitan a los/as trabajadores/as darle solidez y continuidad a la organización. Es fundamental construir una herramienta sindical de clase, democrática y combativa, máxime cuando se siguen avecinando tiempos de recortes y de crisis y cuando la mayoría de los sindicatos reconocidos no hacen otra cosa que mirar para un costado.
¡Reforma Agraria ya!
Además de exigir que los fondos de la PAC se rijan por criterios productivos y de generación de empleo y no por posesión de hectáreas, se necesita también una ley que regule los precios de los productos para terminar con la liquidación de los pequeños productores en manos de los terratenientes como Domecq, Mora Figueroa o la casa de Alba y de las grandes multinacionales del agronegocio.
Es imprescindible un banco de tierras para ponerlas a producir para recuperar el empleo y la soberanía alimentaria del campo andaluz. Es necesario también derogar las reformas laborales y imponer una legislación laboral que obligue a tener condiciones de trabajo dignas y terminar con el empleo en negro y cortijeo.
Este conflicto es sólo la punta del iceberg de un conflicto que tiene profundas raíces en el tiempo y en el cotidiano de las/los jornaleras/os de Andalucía y del resto del Estado español. Pese a que el Estatuto andaluz recoge la necesidad de una Reforma Agraria como una de las principales necesidades no se ha dado ningún paso en ese sentido tras mas de 30 años de su aprobación.
Para conseguir una verdadera solución necesitamos de medidas de fondo como poner en marcha una Reforma Agraria que termine con el modelo de “cupos” impuesto por la UE, con el modelo de los grandes latifundios improductivos y que termine con las subvenciones a los 4 dueños de la tierra. Una Reforma en la que sean los propios jornaleros y jornaleras los que decidan cuando, que y como se cultiva. ¡La tierra para el que la trabaja!
Rodeemos de solidaridad a las jornaleras
¡Si ganan ellas, ganamos todas/os!
La lucha de las jornaleras de Agrícola Espino y Baena Franco es de fondo la lucha por la defensa del campo, de los derechos laborales y contra la criminalización del conflicto social. Es fundamental que las rodeemos de solidaridad.
Hay muchas formas de apoyar el conflicto. Los Comités de Empresa, asociaciones u organizaciones del tipo que sean pueden hacer comunicados y resoluciones de apoyo; pidiendo pronunciamientos de ayuntamientos, concejales o figuras públicas u organizando charlas en los centros de estudio, de trabajo o en barrios. Se puede ayudar también con la difusión por las redes sociales de las noticias, las hojas o las convocatorias que se vayan publicando.
El apoyo financiero es una parte fundamental para garantizar la mayor difusión posible y para hacer la defensa legal, para que no ahoguen la lucha por falta de recursos financieros. De estas y todas las iniciativas que se piensen pedimos que te sumes al conflicto de la jornaleras convencidos de que si ganan ellas ganamos todos/as.
Para enviar los comunicados de solidaridad:
cobas.sevilla@gmail.com
Para enviar comunicados al Gobierno de Andalucía:
portavoz@juntadeandalucia.es
Teléfono:
625 17 64 12