El Gobierno, que ya entró en modo electoral, tiene dos preocupaciones centrales de aquí a final de año: aprobar los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) y remontar en las encuestas. Todos los días, los medios afines al Gobierno despliegan su propaganda para convencernos de que éste es el mejor de los gobiernos posibles y la única alternativa frente a la derecha y la ultraderecha. Aunque lo cierto es que, con sus políticas, el avance electoral de la derecha corre paralelo al descontento social y la ultraderecha, sigue campando a sus anchas.
“Unas cuentas para la mayoría social y los más vulnerables”
Con el autobombo al que nos tiene acostumbradas este Gobierno, la semana pasada anunciaron el acuerdo “in extremis” entre PSOE-UP, que permitió al Consejo de ministros aprobar los PGE del próximo año, que pasarán a trámite parlamentario. Así, según la página web del Gobierno, estas cuentas serían “Unas cuentas para la mayoría social y los más vulnerables” y «el mejor antídoto» contra la pobreza y la desigualdad”.
La previsión es que las pensiones se revaloricen un 8,5%. La Educación crezca un 6,6%, hasta 5.345 millones y para la Sanidad habrá un 6,7% más de fondos que en 2022, con un total de 7.049 millones de euros. (De ellos, 1.538 millones corresponden a los Fondos Europeos). Las subvenciones al transporte tendrán en 2023 una dotación de 3.419 millones de euros (un 25,7%, más) que se destinará a seguir manteniendo los bonos gratuitos. 600 millones más para Dependencia y 51 millones más, para Igualdad.
Entre las medidas sociales a destacar, se encuentran leves mejoras en la prestación de desempleo, o un cheque de 100 euros al mes para madres con hijos e hijas de 0 a 3 años, del que no se conoce el alcance, pero hasta ahora limitado a madres trabajadoras. El indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) -que se utiliza para calcular diferentes ayudas y prestaciones y en base al cual se referencian las ayudas sociales, subsidios por desempleo, becas, etc…- sube, al igual que el Ingreso Mínimo Vital (IMV), pasando de 579,02 a 600 euros, (una subida con la que ambas cuantías seguirán siendo miserables).
Sin duda, algunas de estas medidas serán un pequeño respiro para muchas familias obreras. Pero más allá de la propaganda, si logran pasar el trámite parlamentario, son absolutamente insuficientes para la situación de empobrecimiento y deterioro de derechos, que está atravesando la inmensa mayoría de la clase trabajadora, en la que el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social ha aumentado y ya se sitúa en el 27,8%. Tampoco para recuperar unos Servicios Públicos cada vez más privatizados, que han quedado desmantelados tras la pandemia.
“Una fiscalidad para lograr mayor justicia social y cohesión”
La otra parte del relato es la explicación del Gobierno, de cómo harán para cuadrar las nuevas cuentas, que están apoyadas, además, en unas expectativas de crecimiento que tanto el BCE como otros organismos financieros, vienen rebajando desde el 2,1% proyectado por el Ejecutivo, al 1,4% para 2023.
En la presentación de tan flamantes PGE, la Ministra de Hacienda Montero insistió en que vienen acompañados de una serie de medidas para lograr un «sistema fiscal progresivo, justo y eficiente», cuyo objetivo es “avanzar en mayor justicia y cohesión social». Veamos a continuación cuáles son algunas de esas medidas.
Una de las novedades es el ya conocido «impuesto de solidaridad a las grandes fortunas», que afectará a patrimonios superiores a los tres millones de euros y que se tiene que tramitar aún por iniciativa parlamentaria. Se aplicará en 2023 y 2024 y tendrá un impacto potencial de 1.500 millones de euros para las arcas públicas. (Junto a él, habrá cambios en el Impuesto Sobre Renta de las Personas Físicas [IRPF] y en el IVA). Con todas esas medidas, el aumento de ingresos será de 3.144 millones de euros en 2023 y 2024.
Dejando de lado que dicho impuesto a los más ricos se plantea como una medida temporal, la cantidad que el Gobierno pretende recaudar con él, si llega a aprobarse, resulta irrisoria. Más aún, si se compara con los 60.600 millones por impuestos evadidos y 31.000 millones por cuotas defraudadas a la Seguridad Social que tienen lugar cada año.
Un fraude fiscal aún muy lejos de atajar y que, según el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, es causado en un 80% por la evasión de impuestos de las grandes empresas y fortunas. Otra de las medidas, será un nuevo gravamen al sector energético y a la banca, que igualmente será temporal y estará en vigor durante 2023 y 2024. Con el primero, pretenden recaudar 2.000 millones de euros al año de sus beneficios extraordinarios. En el caso del impuesto dirigido a las grandes entidades financieras, busca reunir 1.500 millones de euros cada año, en total 3.000 millones.
Comparemos esta cantidad con los 3.548 millones de euros que ganaron las tres grandes empresas del sector eléctrico SOLO en el primer semestre de 2022. O con los más de 60.000 euros de rescate a los bancos en 2012, que nunca devolvieron. En definitiva, estos impuestos ni van a servir para reforzar los Servicios Públicos como se debería, ni van a impedir que los capitalistas nos sigan robando.
Cuando la prioridad es el gasto militar y el pago de la deuda, y no garantizar el derecho a vivienda digna
Con el Euribor y los alquileres subiendo, y mientras se siguen produciendo más de 100 desahucios diarios, (y, por si se nos ocurre resistir, ahí están la Ley 5/2018 de desahucio exprés y la Ley Mordaza que siguen sin derogar), el acuerdo presupuestario del gobierno para 2023 ha dejado fuera la Ley de vivienda, que sigue bloqueada en el Congreso. Ante la gravedad de la situación, la PAH ya anunció nuevas movilizaciones, a las que desde UP llaman a sumarse para exigir las medidas necesarias, ¡Al gobierno del que forman parte!
Recordemos que el proyecto de Ley de vivienda – muy criticado por la PAH, el sindicato de inquilinas y otros colectivos sociales-, por ser totalmente insuficiente para revertir la situación actual, se aprobó en el Consejo de ministros a comienzos de febrero y se remitió de urgencia al Congreso. Pero nueve meses después, sigue bloqueada y sin visos de que se produzca su tramitación parlamentaria.
A este respecto, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, anunció un aumento de la partida en los PGE del 5,4%, hasta los 3.472 millones de euros, de los que una parte irá para viviendas de alquiler social. Y explicó que «no le parece lógico» que la Ley de Vivienda vuelva a aparecer en los PGE para 2023. Y que estos ya contemplan“medidas importantísimas» para l@s jóvenes, como la consolidación del bono del alquiler joven, con 200 millones de euros, y un plan nuevo de alquiler asequible, dotado de 260 millones de euros. ¡Sin comentarios!
En su cuento sobre los Presupuestos «mas sociales de la historia», también se olvidaron de contarnos que la partida en Defensa aumentará un 25%, pasando a 12.317 millones en 2023 (aunque en realidad, el monto total es bastante más, porque hay cantidades enmascaradas en otras partidas presupuestarias). Esto permitirá avanzar al Gobierno hacia el compromiso alcanzado con la OTAN de destinar a esa partida el 2% del PIB. Por supuesto, Podemos también se ha manifestado en contra de este aumento en Defensa y afirma sentirse «engañado» por el PSOE. Pero esto tampoco les ha impedido firmar las nuevas cuentas.
Por último, el pago de intereses de la deuda pública crecerá un 3,6% en 2023, hasta alcanzar la friolera cifra de 31.275 millones de euros, como consecuencia del alza de los tipos de interés. Una deuda pública que en julio llegó al 117% del PIB y que seguirá aumentando cuando haya que devolver parte de los Fondos Europeos de reconstrucción (que han ido a parar en su mayor parte a las grandes empresas constructoras, energéticas y de telecomunicaciones). Por descontado, este gobierno “progresista” pretende que la clase trabajadora y las próximas generaciones, sigamos pagando de por vida, de nuestros bolsillos y con nuestros Servicios Públicos.
Por todo ello, ¡sobran razones para ir el 15-O a la Manifestación Unitaria en Madrid a la que Corriente Roja llamamos a participar. ¡Pero también para seguir la pelea después! Frente al relato progresista, la realidad demuestra que únicamente mediante la autoorganización y la autodefensa en los barrios, los puestos de trabajo y centros de estudio, podremos lograr nuestras demandas y reivindicaciones y frenar a la ultraderecha en las calles.