A finales de mayo, en plena precampaña de las elecciones generales españolas, se espera que Oriol Junqueras presente finalmente el proyecto de presupuestos de la Generalitat para el 2016.
Por Núria Campanera, Marina G. Morante y Evaristo Garzón (Corrent Roig)
Serán, otra vez, unos presupuestos prisioneros de la UE y la Troika, que perpetuarán los recortes de estos años y seguirán intervenidos por Montoro a través del FLA (Fondo de Liquidez Autonómica).
Serán también unos presupuestos marcados por una enorme deuda de 72.000 millones de euros, a la que se tiene que añadir la llamada «deuda en la sombra» de más de 30.000 millones (Línea 9 del metro, Ciudad de la Justicia…). La partida dedicada a pagar la deuda es -después de la de la Sanidad- la segunda más grande del presupuesto: en 2015 se destinaron 7.000 millones de euros, de los cuales 1.700 fueron sólo para pagar intereses. Del dinero que la Generalitat recibe del FLA, más del 70% va destinado a pagar deuda. Y endeudándose para pagar deuda, cada año que pasa, ésta se hace más grande e insostenible.
El gobierno de «Junts pel Sí» (JxS) [Convergència i Esquerra Republicana] sondea a «Catalunya Sí que es Pot» (CSQP) [Ada Colau, Podemos e ICV/EUiA ] para que permita la aprobación del presupuesto a cambio de alguna «concesión social», pero la cosa no parece muy factible en medio de una campaña electoral. Es por eso que el Gobierno necesita del voto de los diputados y diputadas de la CUP para garantizar la aprobación del presupuesto y evitar el gran descrédito político y desgaste que representaría su rechazo.
Después de haber investido al gobierno de JxS, ahora llega otro momento decisivo para la CUP. En el acuerdo de investidura, se comprometió a garantizar la «estabilidad parlamentaria» del gobierno Puigdemont (punto 1) y a su «defensa activa” (punto 3). Ante las críticas recibidas, representantes de la CUP dijeron entonces que los presupuestos no formaban parte del acuerdo de investidura y que si no eran «sociales y soberanos», no los votarían. De momento, sin embargo, votaron la prórroga de los presupuestos de Artur Mas. Ahora, finalmente, ha llegado para la CUP la hora de la verdad de los presupuestos.
Las propuestas de la CUP
La CUP ha celebrado su debate sobre el presupuesto y ya ha hecho pública su posición, que ha pasado del «desobedecer» y «querer cambiarlo todo» a asumir como propio el terreno de juego de Junqueras y Puigdemont. Así, al tiempo que proclama que se trata de «la gestión de las migajas de la miseria» y que el presupuesto está «secuestrado por la austeridad, la troika y el FLA», acepta que «tenemos poco margen», que «ahora no podemos plantear el impago de la deuda» y que no se pueden pedir cosas que sean claramente inasumibles por JxS.
Las reclamaciones de la CUP para la negociación son, en cuanto al incremento de ingresos de la Generalitat: «reequilibrar el tramo autonómico del IRPF»; «devolver el impuesto de Sucesiones y Donaciones al nivel de 2008» (la época del Tripartito); y recuperar el impuesto del juego.En cuanto a «construir soberanía», la CUP pide «incluir como ingreso los impuestos suspendidos por el Tribunal Constitucional» (el impuesto sobre los depósitos bancarios, las nucleares y los pisos vacíos). Ahora bien, una cosa es consignarlos como ingresos sobre el papel y otra de muy diferente cobrarlos, como se ha encargado de señalar Oriol Junqueras («el papel lo aguanta todo»). La diputada cupaire Eulàlia Reguant ha respondido que lo primero es incluirlos «y después vemos», y sugiere que «se tendría que hablar con las entidades financieras, con los grandes tenedores de viviendas vacíos…», una perspectiva no demasiado esperanzadora.
La CUP y la deuda de la Generalitat
Pero si hay un aspecto donde la CUP se ha mostrado especialmente «institucional» es en el tema clave de la deuda, donde ha reconocido explícitamente que «ahora no se puede plantear el impago», ni siquiera de la parte de los intereses. A cambio, plantea que Gobierno y Parlamento tendrían que «reconocer la insostenibilidad de la deuda». De lo que se trata ahora, según la CUP, es de «crear condiciones para desconectarnos del FLA en 2017». Mientras tanto, han anunciado que presentarán una moción reclamando la puesta en marcha de una «auditoría ciudadana y popular, impulsada desde el Gobierno».
Tenemos que ser conscientes, en todo caso, que el impago que propone la CUP no está planteado como una medida traumática sino como producto de la renegociación y del aplazamiento de intereses acordado con los bancos acreedores y como resultado de negociaciones con el Estado, a poder ser, hechas conjuntamente con otros gobiernos autonómicos.
Junto con todo esto, la CUP reclama que se destine más dinero («no ponemos cifras») al plan de choque, puesto que los 270 millones de que habla el Gobierno son radicalmente insuficientes (apenas el 1% del presupuesto). Del mismo modo, piden que se apruebe el dinero para «las estructuras de Estado» y para financiar el proceso constituyente. Llama la atención que no hayan hecho mención expresa en sus propuestas públques a la reversión de las privatizaciones, a los planes de privatización de la gestión de la Sanidad, a la renta garantizada ciudadana, las prestaciones de la Ley de Dependencia o a los cierres de líneas a las escuelas públicas.
«Gestionando las migajas de la miseria»
Si las propuestas de la CUP son las que hemos mencionado, les tenemos que dar toda la razón cuando reconocen que están hablando de «la gestión de las migajas de la miseria». Mucho más difícil de entender es que a continuación proclamen que «no queremos contribuir a presupuestos autonomistas, intervenidos por el Estado y la troika», que «tienen que ser «presupuestos libres de Montoro», que «es irrenunciable que el modelo impositivo sea redistributivo y progresivo» o -como sintetizaba Eulàlia Reguant- que «los presupuestos tienen que ser aceleradores, desobedientes y al servicio de la ruptura, las clases populares y el proceso constituyente». Una cosa no casa con la otra.
Creemos que todo esto está confirmando, por desgracia, lo que dijimos cuando rompimos con la CUP a raíz de su voto de investidura al gobierno Puigdemont-Junqueras: «El acuerdo condena a la CUP a convertirse en el ala izquierda parlamentaria del gobierno. La reduce a batallar por migajas dentro del marco de miseria impuesto por la UE, la Troika y el gobierno español (…) Nuestra tarea era convertirnos en los portavoces en el Parlamento de las luchas de la clase trabajadora y las clases populares y no en elementos de presión amistosa al Gobierno». «Al final -criticábamos- todo ha quedado fiado al juego parlamentario y a las falsas esperanzas en el gobierno de JxS. La CUP ha quedado subordinada y renuncia así en su programa rupturista y a la lucha consecuente por la república catalana y contra la política de austeridad y la troika.»
Hace falta una propuesta rupturista
Pensamos que la CUP tendría que dar un giro, empezando para no asumir ningún tipo de responsabilidad por el gobierno de JxS ni por ninguna de sus actuaciones. Creemos que la CUP tendría que plantear las reivindicaciones básicas e inaplazables de la población trabajadora, unas reivindicaciones que están por encima de los dictados del Estado y de Bruselas. La CUP no tendría que acoplar-se a lo que sea asumible por Esquerra y Convergència.
Cuando estas reivindicaciones básicas fueran rechazadas por el Govern, con el argumento que el Estado o Bruselas no las permiten, la CUP tendría que proponer la convocatoria de un referéndum unilateral, sin pedir ningún permiso del Estado.
Si no lo hace así, la CUP acabará atrapada en los planes en marcha destinados a hacer un recambio controlado del régimen monárquico, con el PSOE sustituido por Podemos y con Convergència sustituida por ERC, convertida en el partido independentista catalán oficial del régimen, al estilo del Scottish National Party. Todo, por supuesto, bendecido por la UE y la Troika.