El aparato judicial y el régimen se ceba sobre activistas y luchador@s pero deja libres a corruptos, policías y militares
El Estado español es un país que crece sobre la base de una herencia claramente franquista y que mantiene problemas democráticos profundos que el mismo estado es incapaz de resolver. Desde hace unos años asistimos a una oleada represiva que tiene por objetivo la persecución de toda forma de resistencia y disidencia contra cualquier discurso social, político o cultural que cuestione el régimen. Así se ha demostrado con el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, que se suma a la lista de artistas encarcelados y represaliados, como Valtonyc (exiliado político), los raperos del grupo La Insurgencia o los titiriteros. Otros, son perseguidos por luchar, como Dani Gallardo que se movilizó en solidaridad con el pueblo catalán o Fran Molero, sindicalista.
Los últimos años, el epicentro de estos ataques ha sido el activismo independentista y anti-fascista catalán, sobre el que el régimen y todo el aparato judicial vienen descargando una brutal venganza represiva por haber alentado, organizado o participado en el referéndum del 1 de octubre de 2017, que cuestionó la integridad del régimen y ha sido su principal elemento desestabilizador.
Esta venganza se ha expresado en miles de detenid@s y decenas de encarcelad@s, en exiliados políticos, en tres mil activistas imputad@s y en decenas de cargos públicos (concejales y diputad@s) inhabilitados. Es tanto el miedo del régimen a su cuestionamiento, que hemos asistido a querellas de la Fiscalía a los miembros de la mesa del Parlament por haber permitido debatir sobre la soberanía catalana y la Monarquía.
Pero no sólo reprime la justicia española. En innombrables ocasiones, el Govern de la Generalitat ha mandado a los Mossos d’Esquadra y a la BRIMO a reprimir las protestas, protagonizando episodios de salvaje brutalidad policial, como las que hemos visto en estas semanas durante las protestas por la libertad de Pablo Hasél. Asimismo, la Generalitat se ha añadido incontables veces como acusación particular contra activistas acusados de “desórdenes públicos”.
La doble vara de medir de este régimen es que, mientras reprimen el derecho a protesta amparados en leyes como la “Ley Mordaza” o artículos del Código Penal -que criminalizan la protesta social y persiguen a luchador@s sociales-, políticos, monarca, policías y militares gozan de impunidad y no se castiga la corrupción monárquica e institucional.
El gobierno de coalición es incapaz de cumplir lo que promete
Lamentablemente, a pesar de que PSOE y Unidas Podemos prometieron en su acuerdo de gobierno derogar la Ley Mordaza, la realidad es que, no sólo no la han derogado ni hay plazo alguno para hacerlo, sino que la han aplicado con dureza. Solamente desde el decreto del Estado de Alarma, en marzo del 2020, se han impuesto 1.044.717 sanciones en aplicación de esta ley. Además, con este gobierno, que prometió avanzar en la limpieza y depuración democrática, l@s pres@s independentistas condenados por sedición siguen en prisión, el Rey sigue sin ser investigado, militares fascistas campan a sus anchas y no hemos avanzado ni un milímetro en el derecho a decidir de los pueblos. Toda una declaración de intenciones de un gobierno que dice ser “el más progresista y a la izquierda de la historia” pero que, en realidad, sostiene a la Monarquía y es un fiel garante de la unidad a la fuerza.
La dura represión que estamos viviendo es expresión de la incapacidad del gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos de solucionar los problemas de fondo de este país, como la corrupción arraigada en el aparato del estado, los centenares de desahucios diarios, la precariedad generalizada, el paro estructural o la desindustrialización. También es expresión de la falta de derechos y libertades democráticas, como el legítimo derecho a la libertad de expresión o a la autodeterminación de los pueblos. Muestra el verdadero rostro de unas instituciones herederas del franquismo, que nunca se depuraron, y que tienen su máxima representación en la Monarquía, ligada a la Iglesia y garante de la unidad forzada de España.
La miseria genera estallidos sociales
En estas últimas semanas miles hemos tomado las calles en distintos territorios del Estado, movilizándonos contra la prisión de Hasél y por la libertad de expresión. La patronal se revuelve y pide contundencia frente a “la violencia desatada en las calles” , la respuesta de los gobiernos autonómicos ha sido la de la porra y la mordaza, generando enfrentamientos en las calles contra las unidades antidisturbios, que representan el orden contra el que nos movilizamos.
Pero estas explosiones sociales, lejos de terminarse, van a ir a más. Si antes de la pandemia las desigualdades y la precariedad ya eran notables, la gestión de ésta al servicio de las grandes empresas del IBEX 35 y la grave crisis económica en la que estamos inmersos, ha aumentado brutalmente la pobreza y la miseria de un gran sector de la población. Ahora, la tónica general son los ERTES y cada vez más los ERES, el aumento brutal del desempleo y la certeza de que no habrá recuperación económica para los más pobres. No es casualidad que el FMI empiece a alertar de una oleada de estallidos sociales cuando acabe la pandemia y se consoliden las condiciones laborales y de vida miserables que nos van a imponer, a golpe de recortes y privatizaciones. La violencia de la que hablan políticos, empresarios y medios de comunicación es reacción a la miseria que se va gestando y expresa una respuesta explosiva de odio y descontento cuya condena es pura hipocresía. Es evidente que nadie acepta como natural una situación de injusticia tan flagrante y que genera insatisfacción y resistencia.
Contra la represión, que los sectores más conscientes de la clase trabajadora y la juventud organicen la solidaridad activa
La clase trabajadora y la juventud tenemos mucho que perder si somos pasivos ante la represión, sea contra quien sea. Debemos condenar enérgicamente los continuos atentados contra las libertades y los derechos fundamentales por parte de un régimen alérgico a las libertades democráticas, obediente a los grandes empresarios, con un rey que nadie ha escogido y una unidad estatal impuesta.
Debemos luchar por la amnistía para tod@s l@s pres@s polític@s y luchador@s represaliad@s. Por la libertad y reparación para l@s pres@s polític@s, el retorno de l@s exiliad@s, el archivo de todas las causas judiciales abiertas y por la retirada de todos los cargos contra luchador@s. Hay que exigir la inmediata derogación de la Ley Mordaza, y los artículos del Código Penal que contemplan los delitos por “injurias a la Corona”, “enaltecimiento al terrorismo” o que protegen los “sentimientos religiosos”. Es urgente disolver las unidades especiales antidisturbios, depurar los mandos policiales y pedir responsabilidades por las brutalidades policiales.
Nosotr@s, en Corriente Roja, tenemos claro que para que la lucha sea efectiva será necesario unificar política y organizativamente a todos los sectores afectados por la represión policial e integrar a l@s trabajador@s y sus organizaciones. La dispersión de l@s represaliad@s y sus grupos de apoyo nos lleva a atomizar cada una de las luchas y tendremos menos posibilidades de ganar. Solo la unidad de las organizaciones obreras y populares de todo el estado contra la represión nos abrirá las puertas para conseguir victorias y, al final, acabar con el régimen monárquico y cambiar las reglas del juego.
¡Absolución de Joel Muñoz! Joven al que la Fiscalía le pide 18 años por “delitos informáticos”
En este marco represivo, queremos destacar el escandaloso caso del joven tarraconense Joel Muñoz, acusado de supuestos delitos informáticos durante las protestas contra la sentencia a los dirigentes independentistas, que no se han podido probar y ni siquiera alegan que hayan causado daños graves a ninguna empresa ni institución. La Fiscalía pide a Joel ¡¡18 años de cárcel!!, el pago de una multa de 10.800€ y la inhabilitación, mientras dure la condena, para cualquier oficio o profesión vinculada a la prestación de servicios informáticos. Una auténtica brutalidad.
Defender el archivo del caso de Joel es defender el fin de la persecución política e ideológica, el archivo de todas las causas contra activistas y la libertad de tod@s l@s pres@s y perseguid@s polític@s.
¡Ven con nosotr@s a luchar contra la represión!
En Corriente Roja denunciamos la existencia de pres@s y perseguid@s polític@s. Estos, deben ser liberad@s inmediatamente. Salir a protestar para ganar derechos y mejorar nuestras condiciones laborales y de vida no es delito. Rapear, expresarse libremente y poner urnas, tampoco.
Cuando se cuestiona el status quo y los privilegios de los poderosos se ven amenazados, la policía y la justicia se cuadran con el Gobierno, los empresarios y parlamentari@s para reprimir las protestas. Decenas de personas resultan heridas, detenidas y encarceladas.
Los métodos como las barricadas son utilizados por el pueblo en lucha para defenderse de la represión. Por eso defendemos la libertad de todas las personas encarceladas por recurrir a métodos de auto-defensa para protegerse de la brutal violencia del Estado durante las protestas.
Ven con nuestra organización para luchar contra la represión y construir una sociedad sobre nuevas bases. Contacta con nosotr@s, ¡Te necesitamos para unificar el movimiento en la lucha contra la represión!