La Ley de la Memoria Democrática, aprobada el pasado 19 de octubre en las Cortes, con el voto en contra del PP, Vox y Cs, dice: “La memoria de las víctimas del golpe de Estado, la Guerra de España y la dictadura franquista, su reconocimiento, reparación y dignificación, representan, por tanto, un inexcusable deber moral en la vida política y es signo de la calidad de la democracia. La historia no puede construirse desde el olvido y el silenciamiento de los vencidos”.
40 años se ha tardado en que el Parlamento aprobara una Ley que condena la dictadura y reivindica la memoria de las víctimas, de lo que fue uno de los regímenes más salvajes de la historia: de los 25 millones de habitantes que tenía el Estado español en 1936, entre muert@s y desaparecid@s en la guerra, asesinad@s por la represión y exiliad@s, la cifra de víctimas del golpe fascista de Franco supera el millón de personas.
Por ello, es de un mínimo de justicia reconocer expresamente la memoria de l@s que dejaron su vida luchando contra el fascismo y por una sociedad mejor. Sin embargo, esto no basta; la Ley tiene una laguna que la convierte en un saludo a la bandera: no hay la menor mención a los verdugos, a los que no solo encabezaron la represión del régimen (desgraciadamente muchos de ellos ya muertos por el paso de tiempo; la justicia cuando es lenta, no es justicia), sino a los que se beneficiaron de su existencia.
De hecho, la referencia al espíritu de la reconciliación que inspiró la Ley de amnistía la convierte en una nueva “Ley de punto de final”. No se puede engañar a la población, diciendo en su exposición de motivos que esa Ley de amnistía “tuvo por virtud amnistiar todos los delitos de intencionalidad política e infracciones de naturaleza laboral y sindical”, sin decir que también fueron amnistiados los criminales franquistas, tal y como dice la propia Ley de amnistía en su artículo segundo, que quedan amnistiados:
“e) Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley.
f) Los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas.»
Víctimas y verdugos amnistiados por la misma Ley. Por ello, cualquier Ley de “memoria democrática” que no incluya la derogación específica de la Ley “de punto final/amnistía” es un insulto a la memoria de las víctimas y no resuelve el problema de fondo del régimen del 78, el carácter continuista que tiene respecto al franquismo en lo que son sus principales instituciones, la Jefatura del Estado, el Ejército/fuerzas del orden y el Poder Judicial.
Los límites sociales de la Ley
Como toda Ley, es hija de una sociedad concreta, y la Ley de Memoria Democrática aprobada, además de los límites jurídico-políticos que tiene por no derogar la Ley de Amnistía y no tocar para nada que frente a toda “víctima” hay un “verdugo”, tiene unos límites infranqueables, que no son otros que las relaciones sociales dominantes.
La Transición significó el “olvido y perdón” de los crímenes cometidos por los “funcionarios y agentes del orden público”, es decir, los que ejercieron la violencia física contra el pueblo. Y una total impunidad para los que durante 40 años de dictadura, se beneficiaron de esa violencia física: los empresarios y capitalistas que financiaron, promovieron y sostuvieron el golpe del 36 y el régimen que le siguió.
A lo largo de la dictadura se amasaron grandes fortunas basadas en la extrema pobreza que el régimen impuso, y en el “estraperlo” (contrabando) y especulación con bienes de primera necesidad en tiempos de hambruna, como la que sacudió el Estado español en los años 40; los llamados “años del hambre”.
Si los “funcionarios y agentes del orden público” no tuvieron que responder de sus actividades represivas, los dueños de las empresas siguieron, y sus herederos siguen al frente de ellas, sin el menor sobresalto; es más, continúan controlando los hilos del poder económico en el Estado español a través de los Consejos de Administración de las grandes empresas. El 60% de los que se sientan en el IBEX 35 son herederos de empresarios que se beneficiaron de la represión del franquismo.
¿Y la Iglesia?
El régimen de Franco se basó en dos instituciones: en primer lugar, el Ejército, que ha transitado de la dictadura a la democracia sin la menor depuración por los crímenes cometidos, aunque por lo menos (un mal consuelo) se les menciona en la Ley de Amnistía como responsables “perdonados”. Y, en segundo lugar, la Iglesia, que no solo dio aval al régimen franquista al declarar la Guerra Civil como una “cruzada contra el comunismo”, sino que lo adornó con la ideología “nacionalcatólica”, responsable de verdaderos desmanes contra todos los sectores oprimidos de la sociedad (mujeres, homosexuales, etc.). Fue además uno de los principales actores en el secuestro de niños y niñas.
No se puede hacer una ley de Memoria Democrática sin romper con el Concordato firmado entre el Vaticano y el Estado Español en 1979, que el gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2008 renovó, manteniendo el sistema de financiación de la institución católica.
A la Iglesia Católica no solo ni se le mencionan los crímenes cometidos contra las mujeres, las minorías oprimidas o en el secuestro de niños y niñas en sus instituciones, sino que el mismo PSOE mantiene su excepcionalidad fiscal, según la cual está exenta del pago de impuestos, tasas municipales y demás.
Volvemos a la conclusión de los anteriores apartados. Este silencio clamoroso convierte de nuevo a esta Ley en un “saludo a la bandera”, sin más resultados prácticos que la ilegalización de la Fundación Francisco Franco o la retirada de algunos títulos nobiliarios.
“Memoria democrática” o ruptura con el régimen de Franco
La Ley pretende construir un nuevo paradigma democrático, recuperando la memoria de las víctimas desde el “amplio compromiso social y político para la superación de las graves y profundas heridas que había sufrido la sociedad española”. El voto en contra del PP, Cs y Vox desmiente en gran medida que exista ese “compromiso” para la superación de las heridas, haciendo más coherente que la propia Ley, la propuesta de Falange de retirada de los bustos de Juan Carlos I, de Suárez y de Fraga de los pasillos del Congreso, puesto que fueron personas destacadas del régimen franquista.
La ruptura con el régimen de Franco no puede venir de una medida tan unilateral como vana de “recuperar la memoria” de las víctimas, sin señalar claramente quiénes fueron los responsables y los beneficiarios de las acciones que llevaron a convertir a demócratas, comunistas, anarquistas, y al pueblo trabajador en general, en víctimas de la represión y la guerra; es como si en un delito, se repara a la víctima, pero se deja en libertad al criminal.
No se puede construir una “tradición democrática” desde el olvido y el perdón, pues eso no es otra cosa que darles “patente de corso” para, en una situación similar, repetir la historia, que es lo que está sucediendo con la impunidad con la que actúan los neofranquistas de Vox y del PP.
Dice la máxima que “el pueblo que olvida su historia se condena a repetirla” y esto significa no solo adoptar medidas de reparación para las víctimas, sino, sobre todo, de castigo contra los culpables. Los tribunales españoles están llenos de jueces “negacionistas” que, apoyándose en la Ley de Amnistía, se niegan a abrir causas contra ellos, rechazando, entre otras, peticiones de extradición realizadas por jueces argentinos contra exministros como Martín Villa.
Una verdadera Ley de Memoria Democrática comenzaría por expurgar los tribunales de justicia de todos aquellos que nieguen la dictadura como lo que fue, un régimen genocida. Una verdadera Ley de Memoria Democrática no permitiría que los capitalistas, o sus herederos, que se enriquecieron bajo la dictadura, sigan sentados en los Consejos de Administración; la expropiación y nacionalización de todas las fortunas creadas bajo el franquismo es una medida de justicia básica, que debilitaría cualquier oposición a esa Ley de Memoria Democrática.
El fondo real de la Ley de Memoria Democrática aprobada, es “construir” un relato que le de un barniz democrático a un régimen que tiene como clave de bóveda la Constitución del 78, que no rompe con el franquismo; es por eso que en ningún momento se habla de los “verdugos”, porque los “verdugos” o los que defienden su memoria (el PP, Vox, Cs) se sientan en las instituciones fundamentales del actual régimen, la Jefatura del Estado, el Poder Judicial y el Ejército, desde donde “administran y gestionan” sus límites, qué es lo que se puede tocar y qué es lo que no.
Hablar de los “verdugos” significa impulsar la lucha por la ruptura completa y definitiva con el franquismo y su hijo bastardo, el Régimen del 78.
Referencias
Fotografía destacada: María Martín, protagonista del documental ‘El silencio de los otros’, sentada en la cuneta sobre la fosa común donde está enterrada su madre. Por Almudena Carracedo
BOE.es – BOE-A-2022-17099 Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. (s. f.). Recuperado 27 de octubre de 2022, de https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-17099
BOE.es – BOE-A-1977-24937 Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía. (s. f.). Recuperado 27 de octubre de 2022, de https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1977-24937
BOE.es – BOE-A-1979-29490 Instrumento de Ratificación del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos económicos, firmado en Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 1979. (s. f.). Recuperado 27 de octubre de 2022, de https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-29490