Las pensiones: de un derecho a un negocio

Ángel Luis Parras (publicado en 2010)

A finales del pasado mes de Enero, desde el Foro suizo de Davos, púlpito del capital financiero internacional, Zapatero anunciaba la propuesta de retrasar la edad de jubilación a los 67 años. Desde la Banca, la CEOE, el Banco de España o la Unión Europea llegaban los apoyos, al tiempo que le exigían firmeza en la aplicación de la medida.

Justifican la necesidad imperiosa de esta medida en que, con el aumento de la esperanza de vida y la disminución del crecimiento demográfico, las pensiones están amenazadas, si no a corto sí a medio y largo plazo. Alegan que al atrasar la edad de jubilación se garantizan los ingresos en las arcas de la Seguridad Social y se elimina la amenaza que pende sobre el futuro de las pensiones.

¿Son ciertos los vaticinios? ¿La medida anunciada responde a esa preocupación?

¿Una lógica “racional” o un criterio capitalista?

Supongamos por un instante que los argumentos demográficos, riesgo financiero del sistema, etc. fueran ciertos, la pregunta de partida sería muy básica: ¿por qué tiene que haber dinero para las “ayudas” millonarias a los banqueros, para mantener la Casa real, para los 53 millones de euros diarios que se dedican a gastos militares en España, para mantener sueldos de privilegio a los parlamentarios y cargos públicos… y no para las pensiones?

El gasto público es uno de los instrumentos claves de la intervención del Estado en la economía. Contra los ideólogos del liberalismo, la realidad mostró desde finales del siglo XIX que el Estado viene interviniendo en la economía en forma sostenida y creciente. En ocasiones provocado por las reivindicaciones obreras, en otras exigidos por las propias limitaciones del sistema de libre mercado al que hay que acudir en ayuda porque los capitalistas son incapaces de por si solos salir de las crisis y necesitan del Estado para sus negocios.

Fue en la década de los años 80 del siglo XIX cuando el movimiento obrero alemán, el más poderoso, concentrado y organizado del viejo continente, impuso al Gobierno Bismarck, el seguro de enfermedad, el seguro de accidentes de trabajo y el seguro de vejez e invalidez. Antes, los obreros cuando caían enfermos, accidentados o la edad les impedía ya trabajar pasaban a depender de lo que hubieran sido capaces de ahorrar en toda su vida o quedaban a merced del apoyo que pudieran darles sus hijos u otros familiares.

Entre 1883 y 1889, el movimiento obrero alemán conquistaba derechos básicos como los señalados, que obligaban al Estado a “redistribuir” el beneficio capitalista en forma de “salario diferido”. Eran las concesiones a las que se veía obligado el Estado, decía Bisrmarck “para que los obreros no se hicieran socialistas”. En el Estado español, la primera ley de pensiones, el Retiro obrero, data de 1919, años también marcados por las revueltas obreras.

Los años 30 del siglo XX fueron los de la intervención más masiva del Estado en la economía, para asegurar la estabilidad de un sistema que se venía a pique. La llamada política del New Deal puesta en marcha por el Presidente norteamericano Roosevelt fue su más clara expresión. La reconstrucción de Europa tras la segunda guerra mundial se sustentó en la intervención masiva de los Estados en la economía, como antes lo habían hecho los regímenes fascistas de Mussolini y Hitler o como lo hizo el mismo régimen franquista con la creación, entre otras, del Instituto Nacional de Industria.

Como señala el economista canadiense Louis Gill, “Ya sea pública o privada, la actividad económica debe ser evaluada con relación a lo que determina el funcionamiento general de la economía capitalista, es decir la empresa privada y su motor, la ganancia.” De ahí que la intervención del Estado en la economía capitalista no sea otra cosa que un mecanismo de estabilización, de relanzamiento, de preservación del capitalismo.

Volviendo entonces a la pregunta original ¿Cuál es el argumento “racional” para que el aumento del gasto público sea plausible cuando se trata de salir al rescate de los banqueros e inaceptable cuando se propone que sea para las pensiones? ¿Cuál es el argumento “racional” que explica que los impuestos que pagamos los trabajadores, los directos y los indirectos, convenga dárselos en ayuda a los banqueros pero no a las pensiones?

La lógica del sistema es implacable: todo gasto público que directa o indirectamente ayude a fructificar el capital, debe ser considerado un gasto productivo. Todo gasto que no esté destinado a ser vendido en el mercado, que no se rija por el criterio de la ganancia, debe ser considerado gasto improductivo.

El dinero invertido en educación ¿es un gasto público productivo o improductivo? ¿Cuál es la respuesta desde ese “racionalidad”? Para la Iglesia y los mercaderes de la educación, la respuesta es sencilla: cuando el gasto público va destinado a la educación privada o concertada ¡nada que objetar! ¡es un gasto productivo! ¿Están entonces totalmente en contra de que se ayuda a la pública? No, siempre que eso no sobrepase determinados límites. Cuando la ayuda a la Escuela pública sirve de filtro para liberar a la privada de los sectores sociales más empobrecidos, la ayuda es perfecta y plausible porque es complementaria y ayuda por tanto al negocio.

Por tanto para determinar si hay que prolongar la edad de jubilación, para definir el papel del gasto público no hay una lógica “racional”, aséptica, hay por encima de todo un criterio de clase. A partir de ahí comienzan los planes con todos sus matices.

Las pensiones, como la educación, la sanidad pública son para los trabajadores un derecho adquirido, conquistado en años de lucha, una forma de ver retribuido una parte del trabajo, una forma de salario social, de salario diferido.

Para la Banca, las multinacionales y los capitalistas en general, ahora más que nunca en medio de la crisis, la sanidad, la educación las pensiones, el transporte público, son una pesada carga para el Estado, porque detraen recursos que deberían ir para ellos. Para los capitalistas el gasto público, en época de crisis, viene a suplir parte de la disminución del crédito. Por eso reclama de manera feroz que ese “crédito” no se “desperdicie” en tareas “no productivas”… y pase directamente a ellos.

Pero la otra cara es que en época de crisis, donde los sectores que fueron punteros en el proceso de acumulación capitalista se agotan, hacerse con los servicios públicos se convierte en un filón donde concentrar los capitales. De ahí que su tenacidad en la disminución del gasto público vaya acompañada de su pasión por la privatización de los servicios públicos.

“Previsiones”

 sobre las pensiones tan falsas como interesadas

Los informes de “expertos” sobre la “segura quiebra” del sistema público de pensiones no vienen de hoy. Desde mediados de los años 90 se fueron prodigando informes sobre el futuro de las pensiones. Entidades financieras y Asociaciones patronales encargaban a afamados economistas estudios detallados. Así la Federación de las Cajas de Ahorro (FUNCAS) encargó un estudio al actual presidente de la patronal de la Construcción (SEOPAN) y exdirector de la Oficina Económica de Zapatero, David Taguas. La Caixa, el BBVA fueron sumando informes encargados a “entendidos”. El Círculo de Empresarios de Madrid encargó un informe al respecto a José Piñera, el Ministro de Pinochet encargado de la privatización completa de las pensiones en Chile en los años 80.

Todos los diagnósticos apuntaban en la misma dirección: “El actual sistema estatal de reparto está abocado, desde una perspectiva económica, a la quiebra” (Piñera, informe 1996). “Dentro de cuatro años la Seguridad Social española podría estar en déficit financiero para los pagos a pensionista” (David Taguas -2007-). Los estudios fundamentaban sus pronósticos en proyecciones demográficas, en el descenso de afiliados a las Seguridad Social, el crecimiento en el número de jubilados, etc., etc.

¿Cuál fue la realidad?: errores garrafales, algunos directamente groseros. Si la validez científica de las proyecciones de población para un máximo de diez años son cuestionadas por muchos demógrafos, ni qué decir tiene cuando esas proyecciones se pretenden a cuarenta o cincuenta años. Por ejemplo, esos estudios preveían en 1995, en plena campaña por la privatización de las pensiones, que la población española rondaría los 39 millones de personas en el año 2010. Hoy rondamos los 47 millones de habitantes un “error” de casi 8 millones. ¿Qué omitieron en la previsión?, ni más ni menos que el flujo migratorio, una componente del desarrollo demográfico, de la creación de riqueza, etc.

Los estudios auguraron que en el 2005 (fecha de la quiebra anunciada) habría 13,9 millones de cotizantes a la Seguridad Social frente a 7,6 millones de pensionistas y en el 2010 serían 14,5 millones los afiliados y 8,2 millones los pensionistas. Estaríamos así en el 2010 en una proporción de 1,76 afiliados por pensionista (Datos informe Círculo de Empresarios). Otros informes subían o bajaban algo esos datos (La Caixa) pero sin alterar lo sustancial. La conclusión era pues “terrorífica”, si no se ponía remedio, en el 2010 la deuda generada por las pensiones seria descomunal, ni más ni menos que el equivalente al 10,74% del PIB.

La vida dictó sentencia y la realidad es que en el 2005 había 17,8 millones de cotizantes a la Seguridad Social y 7,4 millones pensionistas y aún hoy en plena crisis la proporción afiliados-jubilados es de 2,39. La “deuda” prevista en la Seguridad Social no sólo no existe, sino que tiene un superávit equivalente al 5,9% del PIB.

Como se ve, los datos quedaron lejos, muy lejos, de los pronósticos de estos fabricantes de miedos, timbaleros de profesión (José Iglesias Fernández).

El gran negocio de los fondos privados de pensiones

En realidad no se trató de errores sino de pronósticos interesados, de “errores” calculados, que surtieron su efecto porque lograron dar credibilidad social a la treta urdida.

El empeño del capital financiero y sus timbaleros se tradujo en un Pacto político que vino a legitimar el principio del desmontaje del sistema de pensiones públicas, los Pactos de Toledo a los que luego nos referiremos. Y se tradujo en la irrupción de los fondos privados de pensiones, en la llamada “capitalización” del ahorro o lo que es lo mismo acaparar el dinero de montones de ahorradores, para convertirlo en capital especulativo.

Son esos fondos de pensiones los que a nivel mundial han estado en buena parte detrás de la burbuja inmobiliaria y todo el entramado especulativo. A finales de 2009, ya muy avanzada la crisis económica, los fondos de pensiones alcanzaron un volumen de activos de 12,8 billones de euros a nivel mundial.

En el Estado español, en el año 1991, se estima que había aproximadamente un total de 302 fondos de pensiones que tenían un patrimonio de 4.900 millones de euros. A finales del año 2009, el número de fondos se elevaba a 3.308 con un patrimonio total de 84.800 millones de euros. Se calcula que hay cerca de ocho millones de personas, el 45% de la población ocupada, que tiene contratada un plan de pensiones si bien el dato es relativo porque hay personas que tienen más de un plan. Lo cierto es que en los planes de pensiones son más frecuentes entre la llamada clase media.

Ahora vuelven los fabricantes de miedos con el mismo discurso, vuelve la campaña contra las pensiones públicas y lo hace de nuevo en nombre del interés de una minoría capitalista que, en época de crisis, siempre redobla su empeño de hacer pasar como interés general lo que no son más que sus propios intereses.

La nueva andanada contra las pensiones se explica, entre otros, porque la captación del ahorro, la “capitalización” del mismo, es vital para los capitalistas en el periodo de crisis, para sortear las dificultades con el crédito y es fundamental para disponer del capital necesario para financiar el proceso de privatización.

Los Fondos de pensiones en España son un suculento botín para los inversionistas nacionales e internacionales. Lo son porque, con ser importante el crecimiento que han tenido en estos años, están todavía muy por detrás de la mayoría de los países de la OCDE. Así, mientras que el patrimonio de los Fondos de Pensiones en España equivale al 8,1% del PIB en países como Holanda la cifra se eleva al 155% del PIB, en Suiza al 143%, en Reino Unido al 79% o en EEUU al 72%.

Los sectores financieros utilizan con suma frecuencia este dato para mostrar cómo en los países “más desarrollados” los Fondos de pensiones están más extendidos y gozan de un patrimonio mucho mayor. “Hay que hacer como en Europa” claman los timbaleros. Sin embargo, de nuevo, apelan a un dato a todas luces falso, porque lo que refleja esa proporción es el grado de privatización, de pérdida, de un derecho social como las pensiones. En el núcleo duro de Europa, donde la clase obrera preserva algunos derechos sociales básicos la proporción está por debajo de la del Estado español. Así en Alemania los Fondos de pensiones equivalen al 6,1% del PIB, en Italia al 4,3% y en Francia al 1%.

Los Pactos de Toledo

Los Pactos de Toledo suscritos por todos los grupos parlamentarios y apoyados por CCOO y UGT, fueron aprobados en el Parlamento el 6 de abril de 1995. Era, formalmente, el compromiso de todas las fuerzas políticas por “reforzar, consolidar y dar viabilidad futura al modelo de pensiones que ha ido configurándose en los últimos años, pues es el que mejor permite combinar adecuadamente los principios de seguridad y solidaridad”.

En los Pactos de Toledo se establecieron tres “modalidades de protección”:

1. a) Las llamadas pensiones contributivas, prestaciones económicas de carácter obligatorio y público que “constituyen el núcleo esencial del sistema”.
2. b) Las pensiones no contributivas,“dirigidas a compensar la ausencia de rentas en los ciudadanos que se encuentran en situación de necesidad por razón de edad, enfermedad o cargas familiares”.
3. c) Y una tercera modalidad de “prestaciones complementarias de naturaleza libre y gestión privada, a la que podrán acceder quienes voluntariamente deseen completar las prestaciones del sistema público”

A partir de ahí resolvían separar las fuentes de financiación, de forma que las pensiones contributivas dependieran de las cotizaciones sociales, mientras que las no contributivas dependerían de los Presupuestos Generales del Estado. Y para “asegurar” el futuro de las prestaciones contributivas se creaba un Fondo de reserva que se financiaría con el superávit de los ingresos de las cotizaciones y ayudas directas del Estado. Así mismo, en virtud del Pacto se ampliaba el periodo de cálculo de las pensiones pasando de 8 a 15 años. Si la reforma de las pensiones de 1985 hacía pasar el periodo de cálculo de 2 a 8 años, ésta “continuaba” la faena. Sí con dos Gobiernos del PSOE, los de Felipe González, el cálculo de las pensiones pasaba de 2 a 15 años, ahora vamos ya a la tercera arremetida y de nuevo con un Gobierno del PSOE, el de Zapatero.

El Pacto recogía además en sus recomendaciones, la reclamación de los empresarios de reducir sus cotizaciones. Así, el documento establecía que “reducir las cotizaciones sociales se considera un elemento dinamizador de la economía”. Se aconsejaban así mismo “facilitar la prolongación voluntaria” de la jubilación.

Argumentos “progresistas” para una política pro capitalista

Los dirigentes de CCOO y UGT se sumaron a todos los pronósticos que vaticinaban la quiebra del sistema de pensiones, apoyaron efusivamente los Pactos de Toledo y aportaron los argumentos “progresistas”.

Sostuvieron y sostienen, que al separar las fuentes de financiación, al hacer caja aparte para las pensiones contributivas, se garantizaría que el dinero de las cotizaciones sociales se dedicara verdaderamente a las pensiones y no a otros gastos sociales.

En realidad lo que estaban haciendo era apoyar un enorme retroceso de un derecho social como las pensiones.

1. a) Los Pactos de Toledo, al hacer caja aparte, eximen al Estado de buena parte de su responsabilidadcon una obligación social, como son las pensiones contributivas. Hablan del “principio de las solidaridad”, pero ahondan la desigualdad social al cerrar cualquier intento de equiparación de las pensiones y de avanzar a su establecimiento como derecho universal,desvinculado del empleo.
2. b) Permitieron una nueva rebaja de las pensiones al ampliar el periodo de cómputo de las cuantía de la pensión de 8 a 15 años. Ahondaron así en la tendencia a degradar las pensiones contributivas para empujar a los trabajadores a buscar pensiones privadas complementarias.
3. c) Los Pactos de Toledoalentaron la privatización de las pensionesabriendo de par en par las puertas para los fondos privados de pensiones. Fondos que contarían inmediatamente con desgravaciones fiscales.
4. d) Si las pensiones contributivas son ya de por sí escasas y algunas miserables, las no contributivas pierden en rigor el nombre de pensiones, para quedar en una rácana “caridad social”.
5. e) Los Pactos de Toledoabrieron las puertas a la prolongar la edad de jubilación, incentivándolo engañosamente con el aumento de la pensión si se trabaja más allá de los 65 años. Se encubre con la formula de la “voluntariedad” lo que es un empujón forzado a seguir trabajando más allá de los 65 años. Porque con pensiones cada vez más bajas por la ampliación del periodo de cómputo y la precariedad del empleo, no hay otra fórmula para intentar percibir una mayor pensión pública que trabajar más años. Y porque con la precariedad y el paro hay que trabajar más años para poder recibir la pensión contributiva.
6. f) En esencia los Pactos de Toledo dieron legitimidad al modelo que los capitalistas y en especial el capital financiero, vienen buscado desde hace dos décadas, un modelo “mixto”de pensiones, con pensiones públicas cada vez más miserables, que los trabajadores deban complementar con “planes privados de pensiones”,y una ayuda para “los indigentes” que lava alguna conciencia, evita más tensiones sociales y algo, aunque sea bien poco, contribuya al consumo.

El otro principio alegado por los Pactos de Toledo fue el de la “seguridad”. Privatizar, en nombre de la seguridad, las pensiones vía los Fondos no es nuevo. Por ejemplo, en 1994 el Gobierno argentino presidido por Carlos Menem, privatizó el sistema de pensiones sustituyéndolo por un llamado sistema “mixto” en el cual empresas privadas, con fines de lucro, las llamadas Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) administraban los fondos generados con los “aportes jubilatorios” realizados por los trabajadores en el régimen de capitalización individual establecido por Ley. El mecanismo era el siguiente:

“La AFJP percibe una comisión, deducida del aporte previsional obligatorio de los afiliados, y administra la inversión del capital acumulado, con el doble fin de inyectar fondos en el mercado de capitales y obtener una rentabilidad para los ahorristas y para sí misma. Una vez alcanzada la edad jubilatoria, la AFJP debe entregar al afiliado el capital acumulado, en cuotas mensuales, hasta su agotamiento”.

A finales del 2008 y en medio de una movilización obrera y popular y de la indignación de millones de jubilados argentinos, el Gobierno de Cristina Fernández tuvo que estatalizar las pensiones, porque los aportes jubilatorios se habían ido volatilizando en medio de los cambalaches de los especuladores financieros.

Pero no hace falta siquiera irse tan lejos. “ En el último año, el extracto mensual de buena parte de estos planes ha sido fuente de dolores de cabeza. Parte del dinero acumulado se ha esfumado. Muchos ahorradores que soñaban con un retiro dorado, dudan ahora si quedará algo de dinero disponible en sus cuentas. Y se preguntan qué hacer.

En 2008, el año del estallido de la mega crisis financiera, los planes de pensiones españoles perdieron de media un 7%, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo. (…) Los planes de Irlanda perdieron un 30%; los de Estados Unidos, un 22%; la caída media para los países de la OCDE fue del 18%.”(Público 9/marzo/2009)

“Los 50.000 millones evaporados por el Sr. Madoff han cruzado muchas fronteras: aquí en España, por ejemplo, al Santander se le han esfumado unos cuantos miles de millones, que a la Caixa también le ha tocado algo… Y así una larga lista en la que aparecen unas siglas que nos impactan: Fonditel (…) Pero, una vez tranquilizados por el asunto Madoff, otra noticia: “El Fondo de Pensiones de Empleados de Telefónica (el nuestro, sí), se deja 80 millones de euros en la quiebra de Lehman Brothers” (Expansión, 15/01/09)” (Cobas –Telefónica- informa, Enero 2009)

¿Dónde quedó la seguridad que daban los planes privados frente a la incertidumbre de las pensiones públicas?

CCOO-UGT y la privatización de las pensiones

El economista y ex director de El País, Joaquín Estefanía, dedicó un extenso trabajo a la historia de la Transición desde el punto de vista de la economía. Estefanía señala el papel decisivo de los Pactos sociales en los planes económicos desde 1977 y repasa los diferentes acuerdos suscritos por patronal, gobierno y sindicatos desde el que iniciara el proceso, Los Pactos de la Moncloa. En todos estos Pactos[1], junto a las medidas que iban recortando derechos a los trabajadores, se añadían una y otra vez “ayudas” a CCOO y UGT. Estefanía, sin pudor, cuenta la inclusión de “cláusulas secretas” en los acuerdos. Por ejemplo, en el ANE (Acuerdo Nacional de Empleo), firmado en junio de 1981, dicha cláusula establecía “una ayuda institucional a los sindicatos, que se presentaba como cantidad a cuenta del patrimonio sindical acumulado. 800 millones de pesetas anuales (casi 5 millones de Euros) durante tres años. Esa ayuda económica actualizada en su valor de acuerdo con la inflación de cada año quedará institucionalizada en los Presupuestos Generales del Estado” [2].Las prerrogativas fueron añadiéndose en cada pacto, bien en forma de más “ayudas”, bien en la monopolización del “patrimonio sindical”, en la potenciación de los delegados del Sindicato… o en la inclusión de los Sindicatos en los organismos de la Administración (INI, INSS, Insalud; Junta superior de precios, etc.). De fondo se trataba de una política destinada a institucionalizar los Sindicatos. De nuevo sin mayor recato, Estefanía afirma que fue la apuesta por un modelo de “Sindicalismo de cúpula, tanto desde la perspectiva empresarial como desde la de los trabajadores. En la práctica se fortalecieron más las direcciones de la CEOE CCOO y UGT que las organizaciones de base. Así se obtiene un modelo de alta representatividad pero de escasa afiliación”[3]

La institucionalización de CCOO y UGT prosiguió y cada vez con menor pudor, se recibían millonarias subvenciones del Estado, del dinero de la “formación”, etc., pero también la institucionalización propiciaba saltos cualitativos en la integración de estos Sindicatos en el engranaje del sistema. Uno de esos saltos, que no desarrollaremos en este trabajo, es su inclusión en los Consejos de las Cajas de Ahorro. El otro, es su entrada de lleno en el negocio de las pensiones privadas, a través de empresas gestoras de Fondos.

Tras la firma de los Pactos de Toledo, CCOO y UGT se lanzan a formar parte del negocio de los Fondos privados de pensiones. Desde las grandes empresas alientan, vía negociación colectiva, el suscribir “planes de pensiones” y, bien desde las comisiones de control de esos planes o directamente fijándolo en acuerdos, se externaliza la gestión, entregándola a empresas privadas. ¿Qué empresas?, pues esencialmente las vinculadas a entidades financieras y a empresas conformadas entre esas entidades y CCOO- UGT.

Consultora de Pensiones y Previsión Social, Sociedad de Asesores SL, es una empresa consultora, con sede social en Madrid, cuyos accionistas son dirigentes de UGT y CCOO como Toni Ferrer o Ignacio Fernández Toxo. La Consultora citada, declara en el registro mercantil que su fin “es la realización de estudios, asesoramiento, consultoría, auditoría, evaluación y revisión de los estados económicos, financiero, jurídico y actuarial, de Planes y Fondos de Pensiones y de todas las variedades y concepciones de previsión social, por lo que dedicará su actividad a cuantas cuestiones afecten a su desarrollo”.

Gestión de Previsión y Pensiones Entidad Gestora de Fondos de Pensiones SA. (GPP) es una empresa cuyas acciones se reparten en un 60% el BBVA, un 20% Comisiones Obreras y el 20% restante la Unión General de Trabajadores. Otras de las grandes empresas privadas de gestión de Fondos de pensiones es FONDITEL, empresa formada por Telefónica, que dispone del 70% de las acciones y CCOO y UGT que se reparten un 15% del accionariado cada una.

Desde estas empresas, CCOO y UGT gestionan buena parte de los fondos de pensiones más importantes, como el de los empleados de Telefónica, La Caixa, BBVA, Repsol, Endesa, Iberdrola, Enagas, RTVE, AENA, etc. Solo GPP gestionaba, al cierre del 2007, 46 fondos de pensiones de grandes empresas.

Metidos en la especulación financiera, algunos de esos fondos comenzaron a sufrir reveses al compás de la crisis. Por ejemplo, FONDITEL ha sido uno de los principales afectados por la quiebra de Lehman Brothers y, después, por el escándalo Madoff.

Como denunciaban los compañeros de Cobas-Telefónica, los trabajadores se enteraron, por la prensa, a comienzos del 2009, que: “El Fondo de Pensiones de Empleados de Telefónica, se deja 80 millones de euros en la quiebra de Lehman Brothers” (Expansión, 15/01/09).

La Comisión de control de los fondos compuesta por los representantes de la empresa (Telefónica) y 12 miembros de CCOO y UGT tiene que controlar la gestión de FONDITEL, donde son accionistas Telefónica, CCOO y UGT. Pusieron la zorra a cuidar el gallinero.

¿Qué sucede además cuando los fondos caen?, pues que los depositantes pierden, pero los gestores no. Por ejemplo el fondo de los trabajadores de Telefónica perdió más de 115 millones de euros en seis meses (2008), mientras la gestora del mismo (CCOO-UGT y empresa) cobró más de 6 millones de euros.

Otro ejemplo es de la Función Pública. El Gobierno de Zapatero y los sindicatos acordaron subir un 0,3% el sueldo a los funcionarios en 2010, y en función de ese mismo acuerdo se aumentarán las aportaciones al plan de pensiones de la Administración General del Estado (AGE) [4]

El plan de pensiones de la función pública se recogió en los acuerdos alcanzados a finales de 2002 entre el Gobierno del PP y los sindicatos de la función pública. Se encargó la adjudicación del plan a una Comisión Promotora, formada por 11 representantes de la Administración y 11 de los trabajadores (4 CCOO, 4 UGT y 3 CSICSIF). Dos años después, con Zapatero, se publicó en el BOE el anuncio del concurso de adjudicación. Finalmente en junio del 2006, la Comisión Promotora, con mayoría de CCOO y UGT, adjudicó el concurso a la empresa Gestión de Previsión y Pensiones (GPP), formada por el BBVA, CCOO y UGT. ¡Todo queda en casa! Este fondo de los empleados públicos tenía una aportación inicial de 54,65 millones y es uno de los mayores en Europa.

Así pues, la burocracia sindical no ha sido solo corresponsable del deterioro de las pensiones en estos años, sino beneficiaria directa del proceso de privatización de las mismas.

Un rotundo NO a la propuesta del Gobierno

La propuesta del Gobierno de prolongar la edad de jubilación a los 67 años, como bien señala el manifiesto unitario “Hay que pararles los pies”, está destinada a “favorecer el gran negocio de las pensiones privadas a costa de empobrecer a la gran mayoría”.

El manifiesto señala su no rotundo a la propuesta del Gobierno “porque es una vergüenza para los mayores, un revés a los parados y un portazo a los jóvenes”.

Si hay 4,5 millones de parados, si el 40% de los jóvenes está en paro y resulta una quimera encontrar empleo cumplidos los 50 años ¿Qué sentido tiene prolongar la edad de jubilación? (…) La medida anunciada por el Gobierno sólo se explica porque está pensada para los “inversionistas”, para favorecer el gran negocio de las pensiones privadas a costa de empobrecer a la gran mayoría”.

“(…) el Gobierno y la patronal alegan que ya hay cerca de 9 millones de pensionistas, que llegarán a 10,1 millones en el 2020 y de seguir así no habrá dinero para pagar las pensiones. Ese argumento solo es creíble bajo la lógica capitalista de hacer de todo un negocio, incluidas las necesidades humanas más elementales. Fuera de esa lógica capitalista ¿por qué no va a ver dinero para las pensiones?”

“Para los banqueros, los militares, la Iglesia, la casa Real… ¿sí hay dinero? ¿ y para las pensiones no?: la jubilación es un derecho y el Sistema Público de Pensiones tiene plena viabilidad económica, ahora y en el futuro y esta Reforma es un ataque ideológico, innecesario económicamente, para favorecer al capital financiero y que de ninguna manera debe acabar derivando en una nueva rebaja de las llamadas cotizaciones sociales”.[5]

La batalla contra el plan de la patronal y el Gobierno implica defender el criterio opuesto sobre las pensiones. La defensa y mejora de las pensiones exige defenderlas como un derecho inalienable, que no debe estar siquiera sujeto a las contribuciones, sino regida por el principio de las obligaciones del Estado.

Hoy se trata de oponer a la medida del Gobierno:

*La jubilación a los 60 años*La inclusión por ley de los contratos de relevo, garantizando así los puestos de trabajo* Para determinar la cuantía de la pensión retomar el criterio de computo previo a las reformas iniciadas en el 85 y exigir por tanto que se calcule en base a los dos últimos años de cotización, o a los dos más favorables al trabajador/a si ese cálculo le fuera desfavorable.*Establecer que ninguna pensión sea inferior a 1.200 euros, la cuantía igual a la que una parte del movimiento sindical empieza a exigir sea establecida como salario mínimo interprofesional.

Vamos a repetir una y mil veces: las pensiones son un derecho de los trabajadores y no un negocio de banqueros ….y burócratas sindicales.

[1]NOTAS:ABI 

Acuerdo Básico Interconfederal, firmado el 10 de julio de 1979

AMI Acuerdo Marco Interconfederal firmado el 5 de Enero de 1980

AMI 2 firmado el 3 de Febrero de 1981

ANE  Acuerdo Nacional de Empleo, firmado el 9 de junio de 1981

AES  Acuerdo Económico Social firmado el 9 de Octubre de 1984

Y así un largo etc.

[2] La Larga marcha. Joaquín Estefanía. Editorial Península. Pág. 228-229

[3] Ídem P

[4] El 0’3 el 2010, el 0’5 el 2011 y el 0’7 el 2012

[5] Las citas corresponden al Manifiesto unitario “Hay que pararles los pies”