El centro de la economía venezolana es la extracción de petróleo desde hace más de 100 años, con todos los gobiernos que pasaron. La idea de romper con esta dependencia ha sido un tema central en los debates planteados desde el inicio del régimen bolivariano. Pero el chavismo ha profundizado aún más la dependencia extractiva, al igual que la política de “apertura petrolera” iniciada en la década de 1990 por Rafael Caldera.
A través de las empresas mixtas, que dan a las multinacionales 49% de toda esa riqueza nacional, las privatizaciones escondidas como “cambios por préstamos” y las concesiones directas de explotación a las empresas extranjeras, regiones como la Faja Petrolera del Orinoco, el Largo Maracaibo y el Arco del Orinoco han sido otorgadas a las multinacionales para la explotación.
Venezuela tiene una de las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Hay proyecciones que llegan a 298,3 billones de barriles (17,5% de todo petróleo del mundo). Un petróleo que está a solamente 4 días de navío de las grandes refinerías de Texas, comparado con los 35 a 40 días de distancia desde el Oriente Medio.
Exporta más de 2 millones de barriles de petróleo por día. Incluso con el precio en baja, (50 dólares por barril), con un costo de producción promedio de 15 dólares por barril, se garantiza una ganancia de 35 dólares por barril. Con toda esta riqueza, la única explicación para la crisis financiera brutal que vive el país es la explotación capitalista-imperialista, la corrupción, y una estructura económica parasitaria construida alrededor de la explotación del petróleo.
El crudo representa 97% de las exportaciones y paga casi todo lo que se importa, incluso los alimentos. Es la llamada “maldición de la abundancia”. En 2014, el ingreso petrolero fue de 40.000 millones de dólares y cayó a 12.000 millones en 2015 (el precio del barril descendió de cerca de 90 dólares a poco más de 50 dólares. Además, porque la producción ha caído más de 30% en el último decenio. La empresa estatal PDVSA está en un estado dramático.
El gobierno Maduro no es independiente de las multinacionales
Durante los casi 20 años de gobiernos chavistas se habló mucho sobre que los capitales privados han sido objeto de expropiaciones, controles e innumerables obstáculos. Pero eso no es para todos. De no ser así, ¿qué es lo que explicaría que las multinacionales de las ramas alimentaria, bancaria y petrolera no solo optaron por quedarse en Venezuela, sino que realizaron allí una de sus operaciones más grandes en América Latina?
Es verdad que algunas empresas se fueron (así como se fueron del Brasil o de la Argentina) o llevaron su producción total o parcialmente a otros países. Pero la verdad es que más de 150 multinacionales (solo de Estados Unidos) continúan operando en el país(1). Se destacan: Xerox, Tupperware, Sony Picture, Heinz, Goodyear, Energizer Holding; aerolíneas como American Airlines, Delta Airlines y United Airlines; las automotrices Ford Motor, Chrysler Group y General Motors; y compañías de productos de consumo masivo como Procter & Gamble, Kimberly Clark y Cargill, Coca-Cola Femsa y Pepsi-Cola Venezuela dominan el mercado aun con la escasez de insumos (azúcar, resina plástica y aluminio). También están Telefónica y Herbalife, entre otras. Eso sin nombrar las multinacionales petroleras y mineras.
Las empresas “invitadas” por el gobierno pueden pagar una cotización intermedia de bolívares por dólar hasta 5 veces menor que las otras compañías. Sin embargo, el gobierno tiene una deuda de aproximadamente 13.000 millones de dólares con el sector privado.
La rama petroquímica
En este sector están presentes la española Repsol; las estadounidenses Chevron y Halliburton; la noruega Statoil, la francesa Total, la británica BP, la italiana ENI y la india ONGC. Halliburton, la empresa de Dick Cheney (ex presidente de George W. Bush) declaró, en 2015: “Las actividades de Halliburton en Venezuela continuarán creciendo y nuestra relación con PDVSA seguirá siendo sólida“(2).
En julio de este año, Venezuela firmó un convenio por 1.300 millones de dólares con la petrolera estadounidense Horizontal Well Drilling. En ese acto, el presidente Nicolás Maduro dijo: “Dígale al presidente Donald Trump que un día aspiro a (…) hablar ‘face to face’ (cara a cara) en términos de respeto, de los beneficios de tener buenas relaciones” y “a todos en Estados Unidos que estamos listos para buenos negocios”.
Planeaba “fortalecer” la legislación en materia de inversiones con la Asamblea Constituyente recientemente electa. En términos comerciales, la Asamblea Constituyente puede facilitarle al gobierno la aprobación de nuevas empresas mixtas y la atracción de más capital internacional, proceso que era obstaculizado por la Asamblea Legislativa opositora.
Faltan las estadounidenses Conoco Phillips y Exxon Mobil que, en 2007, no aceptaron el decreto llamado de “nacionalización” del gobierno de Hugo Chávez. Ese decreto establecía la formación de empresas mixtas entre PDVSA y el sector privado, en las que el gobierno tendría la mayoría, pero que permitía a las multinacionales tener acceso a todo el territorio nacional (acabando en la práctica con el monopolio de explotación por parte de PDVSA y entregando 49% del petróleo nacional).
Hay también burgueses nacionales “preeminentes” en el área de la petroquímica, como los multimillonarios Oswaldo Cisneros (dueño del CT Energy Holding) y Carlos Gil, del Grupo Corimon.
Pero las relaciones más profundas son con las petroleras y petroquímicas de China (CNPC, CNOOC y SINOPEC) y la rusa, Rosneft. Estas empresas compran cerca de un tercio de las exportaciones totales de PDVSA. Tienen grandes contratos de préstamos al gobierno, que cambian dólares por petróleo. Con la caída de los precios del petróleo estos préstamos se hicieron más onerosos y la cantidad de petróleo a ser entregado es mayor. Si PDVSA no cumple sus obligaciones, Rusia y China pueden recuperar su dinero a través de proyectos o de activos petroleros.
Eso explica la privatización silenciosa de PDVSA. En 2010, Chávez vendió las acciones de PDVSA en la Rühr Oel a Rosneft. Esta empresa ahora tiene el control de 49,9% de Citgo Petroleum (subsidiaria de PDVSA en el extranjero) como garantía de un préstamo que hizo a Venezuela en 2016; además de sus participaciones en campos de petróleo y gas. Solo en la Faja Petrolífera del Orinoco, Rosneft es socia de PDVSA para la producción y mejoramiento de hasta 150.000 barriles diarios de crudos pesados. Rosneft y Pequiven (petroquímica estatal venezolana) estiman consolidar una alianza estratégica para ejecutar de manera conjunta proyectos petroquímicos, particularmente en las orillas de lago Maracaibo (en el occidente del país).
Rosneft tiene conocidas ligazones con la Exxon-Mobil y su gerente Rex Tillerson, (actual secretario de Estado del gobierno de Donald Trump). Vladimir Putin concedió a Tillerson el premio de la Orden de Amistad en 2013. Quizás por eso, Citgo haya contribuido con medio millón de dólares para la ceremonia de asunción del actual presidente estadounidense.
Las tres principales compañías petroleras de China (China Nacional Offshore Oíl Company-CNOOC, China Petrochemical Corp-SINOPEC y China National Petroleum Corporation-CNPC(3) aumentaron sus inversiones en el país a unos 40.000 millones de dólares, destinados a adquirir grandes áreas petroleras en la cuenca del Orinoco y otras, y pretenden rehabilitar 500 pozos brutos livianos con potencial de cerca de 42.800 barriles por día. SINOPEC tiene varias asociaciones con la ExxonMobil; CNPC y Royal Dutch Shell PLC tienen acuerdos de asociación estratégica y cooperación en desarrollo de proyectos globales de las dos empresas; CNOOC está ligada a Chevron en explotación de áreas petroleras en China y es directamente asesorada por el banco estadounidense Goldman Sachs. Es lo que explica por qué los Estados Unidos (y el imperialismo de manera general) no sustituye el petróleo pesado de Venezuela con importaciones de lugares como Kuwait y Arabia Saudita.
La española Repsol firmó con PDVSA un acuerdo para invertir 1.200 millones de dólares con el objetivo de “duplicar” la producción de la empresa mixta que comparten. La compañía de Cisneros (que forma parte de una de las principales familias empresariales del país) también firmó con su nueva socia PDVSA un financiamiento por 1.130 millones de dólares para aumentar la producción de su subsidiaria Petrodelta (en la que pasó a poseer 40% de las acciones).
Por otro lado, los ingresos de los obreros profesionales petroleros están por debajo de lo que ganan sus colegas en países como Argentina, Brasil, Colombia, México.
La Faja del Orinoco
Se habla de que en la faja petrolera del Orinoco está la mayor reserva certificada de petróleo del mundo. Además, este petróleo se halla a escasa profundidad, por lo que su extracción resulta fácil. Por eso, ni la inestabilidad de los precios internacionales del crudo ni la nueva política energética mundial ni los conflictos políticos nacionales han detenido el avance de las multinacionales petroleras en esta región, con total apoyo y colaboración del gobierno Maduro.
Toda esa riqueza y patrimonio nacional está siendo entregado a multinacionales: China National Petroleum Corporation, Rosneft, Schlumberger, Horizontal Well Drillers, Baker Hughes, Halliburton y otras.
La clave del negocio está en profundizar la flexibilización económica de los marcos legales que los regulan. Lo que el presidente de PDVSA, Eulogio Del Pino, ha llamado “régimen especial de inversiones”, que da más beneficios para estas empresas. Entre ellos: tasas de cambio de divisas flotantes, zonas de desarrollo económico especial, y cobertura de retribuciones y deudas con estas corporaciones basada en los barriles que provengan de la producción. Esto es, más extractivismo para poder pagarles.
Para el área petrolera del occidente de Venezuela, en la región del Lago Maracaibo, (donde están las viejas explotaciones convencionales), se piensa en un relanzamiento de grandes proyectos gasíferos offshore (como el Rafael Urdaneta), el proyecto Cardón IV (en la península de Paraguaná) y la explotación del mega-campo ‘Perla’. Todo eso con inversión privada de la mano de empresas como Repsol y la italiana ENI.
El Arco del Orinoco
El 24 de febrero de 2016 salió publicado en Gaceta Nacional el Decreto 2428 con el que el presidente Nicolás Maduro creó la Zona de Desarrollo Nacional Arco Minero del Orinoco. Con este decreto, el poder ejecutivo nacional cedió 111.843 kilómetros cuadrados (12% del territorio nacional) para la explotación de minerales como bauxita, coltán, diamantes, oro, hierro, cobre, caolín y dolomita, en toda la margen sur del río Orinoco, en asociación con capitales extranjeros.
Este megaproyecto minero, impulsado por Maduro y llamado “Arco del Orinoco” (AMO), pasó a ser uno de los grandes ejemplos de la entrega de la riqueza nacional hecha por los gobiernos chavistas. Nunca en la historia de Venezuela se había planteado una entrega de tales dimensiones. El territorio cedido abarca los Estados de Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, corta las selvas de Imataca, La Paragua y El Caura (todo eso junto acumula más de 8 millones de hectáreas), e incluye las áreas de captación de aguas de los ríos Orinoco y Caroní.
Toda la actividad minera será hecha “a cielo abierto”, con productos químicos altamente contaminantes (como el mercurio y el cianuro). Este es un sistema responsable por gran destrucción del ecosistema y ha sido prohibido en numerosos países. Además, este tipo de minería requiere una cifra de entre 450 a 1.060 litros de agua dulce por cada gramo de oro obtenido. Billones de litros de agua serán utilizados, provenientes de la cuenca del Orinoco (donde está 90,2% del total de las reservas de agua de Venezuela) y del caudal del río Caroní, con un impacto en el funcionamiento de la Hidroeléctrica Central Simón Bolívar, que provee la mayor parte de la electricidad consumida en el país.
El proyecto causará pérdida de árboles y erosión de tierras; contaminación de reservorios de agua; destrucción de flora y fauna; además del exterminio de etnias indígenas (como lo que ocurrió con los habitantes de la Serra de Perijá –durante el gobierno de Chávez– cuando se inició la explotación de las reservas de carbón entregadas a empresas extranjeras).
Todo eso con grandes exenciones fiscales y flexibilización de normas laborales. Muchos de los detalles de los convenios firmados son un secreto para los trabajadores y el pueblo de Venezuela.
La mayoría de estas “empresas mixtas” son controladas por capitales chinos, estadounidenses, sudafricanos y canadienses. Un ejemplo muy nefasto es el de la multinacional canadiense Gold Reserve. En junio de este año, la empresa ya había recibido 40 millones de dólares correspondientes a una indemnización por la nacionalización de sus activos en Venezuela. En los próximos dos años cobrará el resto de la deuda, de aproximadamente 992 millones de dólares, en pagos realizados mensualmente. Alrededor de 30% de lo adeudado tiene como garantía los bonos de la República (el gobierno Maduro, que enfrenta una profunda crisis económica, sigue garantizando el pago de la deuda. Venezuela es ahora el país más endeudado del mundo. Ningún país tiene una deuda externa pública mayor en proporción con el PIB o las exportaciones, o tiene un servicio más elevado de la deuda como porcentaje de sus exportaciones).
El mismo mes en que recibió esta indemnización (en medio de la brutal crisis económica y política que vive el país), Gold Reserve y el gobierno Maduro crearon la empresa Siembra Minera. Esta se perfila como la mayor empresa mixta no petrolera en el país, para explotar los yacimientos de oro y cobre en la región Guayana (sudeste) y en el Arco del Orinoco. Las reservas auríferas certificadas en esta región por Gold Reserve ascienden a 1.4 millones de kilos de oro, es decir, 50 millones de onzas (cantidad semejante a las reservas que posee Rusia en su Banco Central, que representan 45.52 millones de onzas).
Notas:
[1] http://www.contrapunto.com/noticia/mas-de-150-empresas-estadounidenses-operan-en-venezuela/
[2] http://www.contrapunto.com/noticia/mas-de-150-empresas-estadounidenses-operan-en-venezuela/
[3] Según la revista estadounidense Fortune, CNPC es la mayor petrolera del mundo por sus ingresos (alcanzan casi 300.000 millones de dólares).
Artículo publicado en la revista Correo Internacional n.° 18, octubre de 2017.-
Traducción: Natalia Estrada.